El Estado policial

En las últimas semanas Chile ha sido testigo de la proliferación de la violencia policial. Frente a la acusación política al ex ministro del interior y al propio presidente, ellos mismos y su sector político argumenta que nada tienen que ver ellos con los “errores” y “excesos” de la represión, que sus facultades son limitadas en esta materia. Y más allá de la risa enrabiada que estas declaraciones pueden sacarle a cualquiera que entienda las jerarquías en la estructura estatal, no podemos ignorar que si el primer mando capaz de determinar los métodos y estrategias para reprimir a la población es la policía, por encima de cualquier otra institución, tenemos ante nosotros nada menos que un Estado policial.

Esto produce una perturbadora conjunción entre el rol del poder ejecutivo y el del jefe de policía, que como recuerda Giorgio Agamben, en los ordenamientos jurídicos antiguos estaban representados por el soberano y el verdugo [1]. Si bien esta es una relación siempre presente, al punto que Max Weber definió en su momento al Estado como el detentor de la violencia legítima, la policía funciona como una línea de fuerza opuesta a otro fundamento del Estado, su prima etimológica, la política. Si bien ambas hacen referencia a la polis, a la ciudad o al Estado, sus búsquedas son diferentes y en algunos puntos radicalmente opuestas. La magia del Estado moderno ha sido precisamente lograr una articulación entre ambas, pero en última instancia –y esto ha quedado en evidencia en el último mes en Chile– cuando la política se pone en marcha con formas no esperadas –como probablemente surge toda verdadera política– rápidamente el Estado muestra que su principal sostén de funcionamiento no es la democracia representativa, sino la fuerza policial.

Esta pugna entre política y policía ha sido importante en el trabajo Jacques Rancière, que plantea al respecto algo que no puede pasar desapercibido. La policía y la política no difieren simplemente como represión versus el pueblo en las calles, sino que ambos configuran regímenes de la mirada, marcos que restringen y producen un espacio-tiempo en el que vivimos y nos orientamos. La policía, en particular, es “un orden de lo visible y lo decible que hace que tal actividad sea visible y que tal otra no lo sea, que tal palabra sea entendida como perteneciente al discurso y tal otra al ruido” [2]. En otras palabras, la policía no es un carabinero apostado en la esquina, sino todo el marco producido por las escuelas, los medios y el aparato de gobierno que busca restringir la mirada para hacer posible que unos puedan hablar y otros no, que sea aceptable que unos gobiernen y otros sean dominados, que algunos se enriquezcan hasta el absurdo con lo que la gran mayoría produce, sin que ello conlleve ningún escándalo. Todo ello pertenece a una actividad policíaca sobre las vidas, una captura de las vidas para que ellas mismas funcionen como puntos de transmisión por donde circula el poder.

La apropiación del concepto de polis por parte de la policía implica que ella está profundamente vinculada a la ciudad, pero de una forma completamente diferente a la politeia de los griegos. Mientras la policía se orienta hacia la ciudad verticalmente, es decir, la produce desde arriba hacia abajo, la ordena y la vigila, la política de los griegos asumía que la vida surgía de la ciudad, del encuentro entre iguales (con todos los límites de género y esclavitud conocidos). Si la búsqueda de la política griega era la felicidad de sus habitantes, la policía antepondrá ante todo el orden y la seguridad [3]. Apropiación de un nombre para subvertirlo en favor del gobierno de la vida, bloqueando la posibilidad misma de la política.

Rancière define a la política, en contraposición a la policía como aquella actividad que “desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de un lugar; hace ver lo que no tenía razón para ser visto, hace escuchar un discurso allí donde sólo el ruido tenía lugar, hace escuchar como discurso lo que no era escuchado más que como ruido” [4]. Desde este punto de vista, policía y política funcionarían como fuerzas antagónicas, pero pertenecerían necesariamente a la misma gramática del poder. Es decir, sólo habría política cuando hay desacuerdo con un orden policial. Si efectivamente a la política le cabe ese rol hoy no es tanto porque su esencia sea el disenso, sino porque en los Estados modernos la policía ha ido absorbiendo, en alianza con el capital o como dispositivo de éste, los espacios propios de lo político, es decir, del encuentro entre iguales no para el disenso sino para la deliberación y la toma de decisiones.

En esta definición más amplia de la política, la policía entra en crisis porque no es simplemente la fuerza represiva sobre la que resiste una política, sino la fuerza misma de las élites que crean un marco de sensibilidad hegemónico que deja a la política en estado de reposo, de latencia. Es la policía la que decide quién participa de un espectáculo al que llamamos política, pero en la calle lo que aparece –efectivamente como desacuerdo, dado el carácter hegemónico del régimen policial– es nada menos que la política que denuncia que ser ciudadano no implica sólo el derecho a reconocimiento de tal por parte de la policía, sino el derecho, como dice Judith Butler, a debatir cada vez los términos en que se da dicho reconocimiento [5].

El propio debate constitucional que se ha abierto en Chile contrapone precisamente estos dos marcos de la mirada. Por un lado, la constitución de Guzmán y Pinochet había establecido el cierre de la política a manos de la policía. De ahí que todos los gobiernos no han sido más que administradores policiales, productores de cuerpos al servicio de la reproducción del capital. Como contraparte, la demanda por una asamblea constituyente es justamente el discurso del reingreso de la política. No para soñar con el fin de la historia, sino precisamente para abrir la política por sobre el régimen policial. No para capturar la vida por medio de la política, porque esa ha sido tarea histórica de la policía (tal vez sería razonable hablar de biopolicía), sino para permitir también la vida más allá de los propios límites de la política, en tanto es ella como experiencia la que hace y nutre a la política. Para que valga la pena vivir, la política debe, como bien dice Rancière “construir otras realidades, otras formas de sentido común, es decir, otros dispositivos espacio-temporales, otras comunidades de las palabras y las cosas, de las formas y las significaciones”[6].

La confusión total de Estado con policía ha llegado al punto en que el único rostro que los ciudadanos ven del Estado en las calles es el de los carabineros armados hasta los dientes, cometiendo toda serie de crímenes con total impunidad. Por cierto estos no son “errores” ni “excesos” y si bien pueden ser achacados a individuos como los ministros del interior, el presidente o el propio General de Carabineros, que esperamos asuman las responsabilidades que les conciernen, deben ser vistos en su forma más amplia, como parte del Estado policial que una Asamblea Constituyente debiera abrir el camino para su transformación en un lugar de encuentro, deliberación, toma de decisiones y ojalá de felicidad. Un lugar para la política.

NOTAS

[1] Agamben, G. (2001). Medios sin fin. Notas sobre la política. Valencia: Pre-textos, pp. 89-92.

[2] Rancière, J. (1996). El desacuerdo. Política y filosofía. Buenos Aires: Nueva Visión, pp. 44-45.

[3] Cf. Cavaletti, A. (2010). Mitología de la seguridad. La ciudad biopolítica. Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, pp.  117-171.

[4] Rancière, J. (1996). El desacuerdo…, op. cit., p. 45.

[5] Butler, J. (2010). Marcos de guerra. Las vidas lloradas. Barcelona: Paidós, p. 194.

[6]  Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial, p. 102.