Fuente: Agencia Uno. | Fuente: Agencia Uno.
Distintas reacciones tuvo el ingreso a la Cámara Alta del proyecto de ley que busca resguardar, por medio de militares, aquellos lugares «cuya perturbación en su funcionamiento o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios de utilidad pública de la población». Un punto en particular fue el referido a la exención de responsabilidad penal de las Fuerzas Armadas. Sobre esto, el parlamentario falangista identifica que el desorden público actual es un problema político: «Nosotros no queremos que lo solucionen los Carabineros, la PDI o las fuerzas armadas; queremos que lo solucionen los políticos», sentencia.
El martes, el Presidente Sebastián Piñera ingresó a la Cámara Alta el proyecto de ley que permite a las Fuerzas Armadas resguardar infraestructura crítica —plantas de agua potable, sistemas de telecomunicaciones, líneas eléctricas, hospitales y talleres de Metro— cuando esté en riesgo la seguridad de la nación y sin ningún Estado de excepción vigente. Otras características del proyecto son que, a modo de condición para la salida de los militares, exige un informe del comité de inteligencia —altamente cuestionado al no prevenir los ataques incendiarios a las estaciones de Metro desde el 18 de octubre—; y la exención de responsabilidad penal aplicable al personal militar.
Sobre esto último, el documento define que «la exención de responsabilidad penal aplicable al personal militar que defiende infraestructura crítica (legítima defensa, cumplimiento de un deber y cumplimiento de una consigna) debe adecuarse precisamente a lo que se determine en las reglas del uso de la fuerza que determine el Presidente de la República por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa Nacional».
Fueron distintos parlamentarios de oposición quienes reaccionaron antes esta medición del «uso de la fuerza» que, así como se lee, quedaría a criterio de la máxima autoridad del país. Para el senador falangista Francisco Huenchumilla, tal definición para un grupo de personas entrenadas para la defensa bélica puede ser un espacio ambiguo y gris.
—Desde una perspectiva general, ¿qué le parece la presentación de este proyecto?
«Nosotros estamos, sin duda, viviendo una crisis. El problema es cómo se enfrentan las crisis. Se van a enfrentar dependiendo de la naturaleza de la crisis. Si el gobierno o alguien cree que la crisis es un problema de orden público y, por lo tanto, se basa en todas las manifestaciones violentas, los saqueos y piensa que ese es el problema, naturalmente la discusión se va a ir por el lado del orden público. Pero me temo que aquí se están atacando los síntomas y no las causas. Hay una crisis de legitimidad del modelo económico y social que hemos tenido en los últimos 40 años. Este proyecto que manda el gobierno se enmarca en una visión más bien crítica respecto de que el problema central es el orden público. Aquí no hemos visto ninguna acción del gobierno que vaya al fondo. Lo que se hizo en la ley de presupuesto son medidas paliativas: todos estamos de acuerdo con que hay que subir el pilar básico solidario, dar más bonos y más beneficios, pero eso es seguir con más de lo mismo porque aquí lo que está en crisis es el sistema estructural de salud, de educación, de seguridad social y pensiones, por nombrar a tres cuestiones fundamentales. En esa perspectiva es que uno tiene que analizar el proyecto presentado por el gobierno ayer».
—Las Fuerzas Armadas son una expresión del monopolio de la fuerza. El senador Jaime Quintana (PPD) señaló que esta pareciera ser una señal para dividir al mundo político. ¿Comparte esa opinión? ¿Considera una provocación que los militares estén en las calles?
«Hoy en día se establecen en la Constitución estados de excepción cuando se ha alterado el orden público. Ahí tiene dos figuras: la del Estado de Emergencia, y una cosa mucho más grave sería el Estado de Sitio. La pregunta es por qué el Presidente, si en un momento dado decretó el Estado de Emergencia, lo deja sin efecto. ¿Por qué hoy no decreta el Estado de Emergencia? Es una pregunta política que formulo. En el Estado de Emergencia le permite perfectamente que las Fuerzas Armadas puedan defender la infraestructura crítica. ¿Por qué el gobierno estima necesario dictar una ley especial para que puedan custodiar infraestructura crítica?».
—¿Por qué, entonces?
«El gobierno quiere hacer co-responsable de esta decisión al Congreso, como diciendo: ‘Yo tomo esta medida porque el Congreso me autorizó, porque el Congreso está de acuerdo, porque el Congreso me dio los votos y aprobó esta ley’. El gobierno está eludiendo su responsabilidad porque él tiene las herramientas para resguardar el orden público en los Estados de Excepción».
—¿Se ve sobrepasado entonces el gobierno?
«No, lo que pasa es que el gobierno no elude su responsabilidad, sino el tema de fondo. ¿Qué pasaría si el gobierno dice: ‘vamos a resguardar el orden público, pero al mismo tiempo vamos a entrar a conversar con todos los actores sociales, los empresarios, los políticos, para cambiar este modelo y rectificar la educación, la salud, la previsión; pero no con bonos, sino con la estructura de funcionamiento que tienen y que han hecho crisis’?. Y el gobierno en 30 y más días que llevamos en esta crisis, nunca se ha referido a los temas estructurales y ha llevado toda su estrategia en decir que este es un problema de orden público. Por eso es que la gente no le cree, por eso que la gente sigue en la calle. No va al tema de fondo».
—¿Cuál es el objetivo de hacer co-responsable al Congreso?
«Es un objetivo político: para decir que estoy sacando a las Fuerzas Armadas a la calle, pero no por decisión mía, sino porque el Congreso me autorizó, me dio los votos y aprobó la ley. Entonces el rol de la oposición es distanciarse del gobierno y decirle exactamente por qué somos oposición, por qué no estamos de acuerdo con la medida que estamos tomando. Sin considerar que cuando el gobierno quiere modificar la ley orgánica constitucional de las fuerzas armadas, está creando dos problemas: primero, un problema de constitucionalidad, porque es bien discutible que podamos hacer eso vía ley, cuando debía hacerlo probablemente vía reforma constitucional; y el otro problema es que si hace otra ley con quórum menor, en este caso los 4/7 de los diputados y senador en ejercicio, el gobierno va a empezar a pirquinear votos. Entonces la oposición va a quedar dividida, el mundo político va a quedar dividido y la señal frente al país es que aquí hay un desacuerdo profundo respecto a la medida».
—Esta ley se base en aquellas medidas que han tomado países que han sido víctimas de ataques terroristas externos. ¿Es comparable la situación de esos países con la de Chile?
«Nadie en su sano juicio es partidario de los saqueos, la violencia y la destrucción de todo tipo de estructuras. La diferencia con Alemania, Francia y los países desarrollados es que allí no tienen cuestionamientos del modelo de sociedad que han construido. En eso hay consenso respecto de cómo funcionan los derechos básicos de las personas; en cambio en Chile tenemos una división en el país que proviene de la dictadura, en donde no hay acuerdo respecto del modelo económico y social que queremos. El problema central es la división del país, porque no hay acuerdo en que la salud, la educación y la previsión sea un negocio para unos pocos y el resto queda mirando para el techo, y algunos se enriquecen con eso. Allá es un problema de seguridad, de terrorismo, de orden público; aquí es un problema también de orden público, pero es estructural respecto del modelo de sociedad».
—En el detalle, el proyecto exige como condición un informe del comité de inteligencia, organismo que fue altamente cuestionado en su momento. ¿Cómo ve el validar los fundamentos, las bases sobre las que se toman las decisiones?
«Tenemos distintos tipos de inteligencia: militar, policial —que tiene muchos ripios y que no ha funcionado bien—, y en Chile prácticamente no existe inteligencia política. ¿A qué se refiere el presidente en el proyecto de ley: a la policial, a la que hace la ANI cuando está cuestionada? Me parece que ese artículo del proyecto en que requiere informe previo va a necesitar muchas aclaraciones para ver cuál es el organismo a que se refiere el proyecto. No me parece que quede claro».
—El artículo que hizo más ruido fue la exención de responsabilidad penal hacia las Fuerzas Armadas. ¿Qué implicancias puede tener esto y qué evaluación hace de este punto?
«Las Fuerzas Armadas, como dice la Constitución, son jerarquizadas, obedientes y no deliberantes. Sin embargo, tienen una opinión sobre la realidad y sobre las acciones que tiene el poder político. La historia de Chile dice que la última intervención de las Fuerzas Armadas fue el año 1973, con Golpe y todo lo que vino después. Si las Fuerzas Armadas hacen un balance, es que con esa intervención cambió y giró el país: algunos se hicieron ricos y se aprovecharon de las circunstancias, y algunos otros terminaron en la cárcel, y algunos en Punta Peuco. La pregunta es si las Fuerzas Armadas es si están dispuestos a intervenir, de acuerdo a la petición del gobierno, y cuáles van a ser las consecuencias. Porque las Fuerzas Armadas no están preparadas para reprimir con un bastón; su preparación es para la guerra, y la guerra significa tener un enemigo y matarlo y neutralizarlo. Probablemente si van a salir a la calle a custodiar la infraestructura crítica, qué pasaría si atacan o hay manifestaciones en esas estructuras críticas. Ese proceso de pensamiento y de raciocinio probablemente está detrás de este artículo que puso el gobierno. En un problema político, nosotros no queremos que lo solucionen los carabineros, la PDI o las Fuerzas Armadas; queremos que lo solucionen los políticos».
—¿Es viable la aprobación del proyecto?
«Si el gobierno quiere pirquinear los votos y necesita los 4/7, podría conseguir los votos por aquí o por allá. La pregunta es si es una buena respuesta para el país, donde al final terminemos todos divididos, donde unos pensemos A y otros pensemos B. El ideal es que le demos una respuesta desde el punto de vista de nuestras responsabilidades políticas a la sociedad, diciendo que por aquí está nuestra solución. Pero la solución no es que el gobierno nos divida».
—Cambiemos de tema. Las acusaciones constitucionales están en curso. ¿Cuál debiese ser el rol de la DC en estos procesos?
«Los partidos no somos un regimiento. A estas alturas no puedo responder más que por mi mismo. No tengo ningún cargo en la estructura partidaria y ejerzo mi cargo de senador desde mi independencia. No estoy en esa disyuntiva».
—¿Usted está a favor o en contra de las acusaciones?
«Es una decisión política de las bancadas respectivas y de la Cámara de Diputados. Me reservo mi opinión. Como senador, tendré que actuar como juez y tomaré una decisión».
—Puede ser un movimiento para destensionar el escenario político.
«La pregunta es qué persigue uno en una acusación constitucional: solo una sanción jurídica o una salida política a los temas. Eso tienen que ponderar los diputados. Y nosotros lo haremos si llegan esas acusaciones al senado. Ahora, me temo que no hay una oposición con un solo diseño o estrategia; hay varias oposiciones y por lo tanto también eso atenta contra tener un diálogo que abarque a todo el mundo para tomar decisiones conducentes que vuelvan el país a la normalidad y a resolver los problemas de fondo. De eso se trata. No sé cuál es el objetivo político de esto. Lo importante es que se tome no con el estómago, sino con la cabeza».
