Internacional

Bolsonaro es denunciado en el Tribunal Penal Internacional por incitación al genocidio contra pueblos indígenas

Por: Victor Farinelli / Publicado: 28.11.2019
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La iniciativa conjunta de dos entidades brasileñas de defensa de los Derechos Humanos afirma que el mandatario brasileño ha sido cómplice de los intereses de grandes empresas mineras y de ganadería. La Corte evaluará en los próximos meses si decide abrir una investigación.

El Tribunal Penal Internacional recibió este jueves una denuncia contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por el crimen de “incitación al genocidio de los pueblos indígenas”.

Dos entidades brasileñas de defensa de los derechos humanos son las responsables de interponer la denuncia: la Comisión Arns y el Colectivo de Abogados de Derechos Humanos de Brasil (CADHu). En su presentación, los denunciantes afirman que las palabras usadas por Bolsonaro, al igual que las medidas de política ambiental y para la Amazonía, adoptadas durante el primer año de su gobierno, buscan “incitar la violencia contra los pueblos indígenas y tradicionales, además de debilitar la fiscalización y omitirse ante los crímenes ambientales”.

Uno de los presentadores de la causa es José Carlos Dias, presidente de la Comisión Arns, quien señala que “ha sido muy difícil encontrar instancias internas en Brasil que sean capaces de cuestionar el actuar del presidente, por lo que no encontramos un camino mejor que este, de solicitar la ayuda internacional para que esas cuestiones sean investigadas”.

El documento presentado ante el tribunal reúne evidencias de que los incendios que se iniciaron en la Amazonía a mediados de julio todavía siguen, “generando daños ambientales y sociales cada vez más difíciles de revertir, y que están asociados a una disputa a menudo violenta sobre la tierra, en la cual el gobierno actúa para favorecer las empresas agrícolas, terratenientes y proyectos de infraestructura que desconocen la importancia de cuidar el medio ambiente”.

También están anexado a la denuncia una serie de informes de entidades internacionales sobre el tema, incluyendo Human Rights Watch, Amnistía Internacional y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

En septiembre de este año, Bachelet recomendó al gobierno de Brasil actuar para frenar la invasión de territorios indígenas por parte de las grandes empresas mineras y de ganadería. En su respuesta, Bolsonaro hizo una oda a la dictadura de Augusto Pinochet, y en especial a lo que le hizo al padre de la chilena, el ex general de la FACh Alberto Bachelet, quien murió en 1974, cuando era un preso del régimen.

Por su parte, Amnistía Internacional lanzó un informe reciente, en la misma línea de lo recomendado por la Alta Comisionada, pero con un todo mucho más duro, acusando al Ejecutivo brasileño de tener una omisión cómplice con los grupos mineros y la ganadería ilegal, responsables por los incendios, además de permitir el saqueo de tierras indígenas atentando contra las propias instituciones del Estado que deberían actuar para que esas cosas no sucedieran.

El Tribunal Penal Internacional (TPI) es hermano de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) – donde Chile enfrentó dos diferendos recientes, contra Perú y Bolivia respectivamente –, tanto que ambos tienen sus sedes en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos. Diferente de la CIJ, que actúa en casos que involucran a Estados, el TPI evalúa denuncias en contra de personas, como en este caso contra Jair Bolsonaro.

En los próximos meses, la fiscal Fatou Bensouda analizará el caso y determinará si se abre la investigación contra el actual presidente de Brasil.

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