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Diputados oficialistas denunciarán ante Contraloría a funcionarios públicos en paro

Por: El Desconcierto | Publicado: 28.11.2019
Diputados oficialistas denunciarán ante Contraloría a funcionarios públicos en paro Contraloria | Agencia Uno
Un grupo de tres parlamentarios de Chile Vamos son quienes promueven la iniciativa, que pretende que Contraloría sancione económicamente a los empleados públicos que han estado involucrados en paros en las últimas semanas.

Durante la mañana de este viernes, los diputados oficialistas Andrés Molina (Evópoli), María José Hoffmann (UDI) y Diego Schalper (RN), presentarán ante la Contraloría una denuncia en contra de los funcionarios públicos de distintos servicios que se encuentran paralizados.

Según publicó La Tercera, en la denuncia los parlamentarios alegan que los funcionarios “llevan más de 32 días de paros y movilizaciones, dando lugar a graves interrupciones de servicios de utilidad pública e inactividad administrativa, generando perjuicios a la población».

Por estas razones, los diputados piden al entre contralor que sancione a los funcionarios con descuentos en las remuneraciones por los días no trabajados, en base a la normativa legal de la Constitución, donde se establece la prohibición de huelga a funcionarios del Estado y municipios o a quienes realicen su labor en servicios de utilidad pública “o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”.

La diputada UDI María José Hoffmann afirmó que “hay muchos enfermos que no se han podido atender ni operar, familias que no pueden hacer sus trámites”. Por esto, Hoffmann llamó a los funcionarios públicos a “entender que la primera prioridad son los chilenos. Las demandas que todos compartimos no pueden ser a costa de las necesidades de los demás”.

Su llamado fue compartido por el RN Diego Schalper, quien extendió las palabras a los dirigentes sindicales: “Hacemos un llamado a los dirigentes sindicales a entender que las legítimas demandas también tienen que encontrar como contrapeso el derecho de las personas a obtener servicios públicos de calidad. Por lo tanto, nuestra convicción es que la Contraloría se tiene que pronunciar”, expresó Schalper.

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