Política

La distorsionada imagen internacional que busca instalar Piñera sobre la crisis social

Por: Natalia Figueroa / Publicado: 03.12.2019
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En el mensaje grabado que entregó en la apertura de la COP25, el presidente Piñera no se refirió a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado que ha sido constatada por informes internacionales y puso en segundo lugar las demandas sociales. Lo mismo ocurrió durante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Ecuador, donde los representantes del Estado chileno negaron la represión policial. Dos cientistas políticas consultadas por el El Desconcierto coinciden en que el gobierno "distorsiona la crisis" y busca justificar su “agenda policial”.

Este lunes, en medio de la apertura de la 25° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en Madrid, España, se emitió un mensaje grabado por el presidente Sebastián Piñera, en cual se excusaba por su ausencia a la actividad que se realizaría en Chile, pero que debió suspender tras el estallido social.

En este mensaje, el Mandatario explicó que hace seis semanas se han vivido “tres situaciones, simultáneas, pero de muy distinta naturaleza”. La primera de ellas, indicó, ha sido una “ola de violencia criminal”, que el gobierno “ha enfrentado con las herramientas de la democracia y del estado de derecho”.

En segundo lugar, el Presidente reconoció una “gran y legitima demanda ciudadana por mayor justicia social”, lo que se estaría enfrentando con una “poderosa agenda social”. Y, por último, habló sobre “la búsqueda de un nuevo pacto social”, aludiendo al acuerdo al que llegaron los partidos oficialistas y la mayoría de la oposición, el 15 de noviembre pasado, para iniciar un cambio a la Constitución de 1980.

Es decir, el Presidente posicionó por sobre las demandas ciudadanas, la violencia referida al “vandalismo” y a lo que en otros discursos que ha hecho, en cadena nacional, ha llamado el “enemigo interno, poderoso e implacable”. Una vez más se centró en los efectos colaterales y, luego, en el fondo a las peticiones que apuntan a la desigualdad generada por el sistema económico y social.

Así lo analiza la cientista política y doctora en Estudios Europeos Beatriz Hernández, quien enfatiza en que este discurso es afín a las soluciones que ha dado el gobierno a la crisis, enfocadas en una política policial. Es decir, distorsiona la situación interna para justificar las salidas que hasta ahora ha dado. “Si intentas decir que hay un problema de crimen y vandalismo, entonces, claro, la solución es policial. Pero si el problema es socioeconómico la respuesta debe enfatizarse en políticas sociales y no en políticas policiales”, asevera.

Esa “distorsión” es planteada por la doctora en ciencia política y académica del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Nicole Jenne, en términos que Piñera “busca mostrar la mejor imagen del país” y mantiene una narrativa que excluye la fuerza desmedida de las policías. Esto, dice, con el objetivo de recuperar la confianza internacional porque es el “ticket de entrada” para el mercado de inversiones. Todo, en el entendido que la presión externa se ha vuelto una herramienta más poderosa que la interna, según opina.

Jenne asegura, además, que la falta de reacción del gobierno durante las primeras semanas de la crisis social, ha sido un claro indicador de su falta de comprensión. A lo que se suma el almuerzo que tuvo Piñera el jueves pasado con seis analistas -Arturo Fontaine, Eugenio Tironi, Gonzalo Cordero, Ascanio Cavallo, Joaquín García-Huidobro y Luis Larraín- acompañado por su asesor Cristián Larroulet (UDI), que evidencia la “falta de apertura” en el análisis del escenario nacional que se sigue haciendo desde la élite.

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/Presidente Sebastián Piñera junto al ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera /AGENCIA UNO

Violaciones a los DD.HH

Este lunes, el presidente Piñera, en el inicio de la cumbre internacional, sostuvo que “se ha buscado proteger los derechos humanos”, pero eludió que también ha habido graves vulneraciones a ellos y que esto han sido parte de los antecedentes recogidos por dos informes internacionales: Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Solo indicó que “cualquier desviación de este principio está siendo investigada por la Fiscalía y será juzgada por los tribunales de Justicia, como corresponde en una democracia”.

Pero no es primera vez que el gobierno omite, o no le da la suficiente relevancia, a las graves vulneraciones que se han registrado en el país en una instancia internacional. Ya lo hizo en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizó en Quito, Ecuador, el 11 de noviembre pasado. Ahí se presentaron asesores del gobierno, uno de ellos del Ministerio del Interior, Mijail Bonito, quien dijo que Carabineros utilizaba balines de goma en sus procedimientos, algo que luego fue desmentido por un estudio de la Universidad de Chile que señaló que tan solo un 20% de la composición del proyectil era de goma y el resto contenía otros elementos (sílice, sulfato de bario y plomo). Además, negó la represión policial: “Si se hubiera reprimido como se menciona acá en el estado de emergencia, no hubiera habido 441 manifestaciones permitidas”, sentenció en esa ocasión.

En ese momento, también uno de los representantes del Estado puso énfasis en los daños materiales que se habían producido por efectos del “vandalismo”, lo que fue duramente criticado por la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien lamentó que se diera información que “no se condecía con la realidad” al omitir referirse a las víctimas de la violencia policial.

Es por eso que la cientista política Beatriz Hernández cree que Piñera busca preservar una imagen de un estado de derecho para evitar la recriminación de otros mandatarios presentes en la COP25, que lo podrían acusar por cuestionamientos anteriores hechos por Piñera ante violaciones de los Derechos Humanos por otros estados, cuando en Chile eso hoy está ocurriendo.

En una lectura más general, señala que hasta ahora se observa una preocupación por la violación a los Derechos Humanos por parte de la comunidad internacional, pero dado que existe una política de no injerencia en los asuntos internos del país, no se “ha hecho un vacío político, ni diplomático”. Respecto de esto último, aclara: “Si se hubiese llegado a este conflicto, los países de la comunidad internacional habrían mandado a llamar a sus embajadores, cosa que no ha ocurrido. Entonces, la preocupación se ha manifestado diplomáticamente, pero no ha habido una manifestación política más allá de eso”.

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