La falsificación neoliberal sobre el empleo en el sector público

Cada fin de año, en torno a la Negociación del Sector Público, la ofensiva de los medios de comunicación oligopólicos, respaldados por los «expertos» de los think tank neoliberales, se despliega para indisponer a los/as trabajadores/as del Estado ante la ciudadanía. Lo hacen desplegando sus tesis añejas sobre la ineficiencia del Estado chileno, los altos costos que implica para el país y los supuestos privilegios en que viven sus funcionarios/as.

La crisis social que vive nuestro país desde hace 45 días y las demandas por la movilización popular, exigen un debate de fondo y con datos reales. Las demandas sociales que hoy tensionan la agenda nacional son finalmente una exigencia de cambios estructurales para garantizar derechos sociales y la provisión de servicios públicos. Tal como hemos expuesto por años desde las organizaciones sindicales del sector público, para avanzar al desarrollo, Chile necesita más y mejor Estado, fortaleciendo la eficiencia, pero sobre todo la de los servicios públicos.

Enfrentar este debate exige despejar las falsificaciones, falacias discursivas y manipulación de datos, que se utilizan reiteradamente en el debate público, para consolidar diagnósticos efectivos y permitir una discusión democrática que no quede atrapada en los marcos estériles de los dogmas neoliberales.

Falacia 1: A diferencia de lo que se afirma, el Estado chileno es pequeño. Entre los países OCDE, nuestro país es el que tiene el menor gasto público. Asimismo, en el contexto latinoamericano, nos encontramos bajo la mediana. En ninguna medición internacional, Chile supera el 25% del PIB en el Gasto Público. Incluso, si se agregan las cotizaciones previsionales a esta medición (que equivalen aproximadamente a un 3% del PIB), como erradamente algunos economistas proponen, esta realidad no cambia en absoluto.

Fuente: Banco Mundial y OCDE.

Chile tiene un Estado reducido, que no se condice con la realidad de países con PIB per cápita similares, ni el que tuvieron países de mayor desarrollo, cuando en su historia tuvieron condiciones similares.

Falacia 2: Otra forma de medir el tamaño del Estado chileno, también es cuestionada en la misma clave anterior, es la cantidad de trabajadores/as que emplea. Partiendo del dato sobre gasto público, resultaría extraño que Chile exhibiera niveles de empleo público hipertrofiados. Pero de ser efectivo, expondría a una administración pública altamente burocrática y con toda probabilidad ineficiente.

Nuevamente, los datos comparativos muestran que Chile mantiene una dotación de empleo público bajo la media latinoamericana, con 10% del empleo total del país, equivalente a menos de la mitad del promedio de los países de la OCDE.

Fuente: BID, con datos ILOSTAT.

Nuestro país mantiene, en consecuencia, una administración pública pequeña que, contrariamente a lo que algunos critican, muestra claras evidencia de estar subdotada para cumplir con las necesidades de la ciudadanía.

Falacia 3: La descalificación de los/as funcionarios públicos opera en estos dispositivos discursivos por distintas vertientes: la más difundida en este período es declarar que se trataría de trabajadores/as privilegiados/as que gozarían de remuneraciones muy por sobre los estándares de mercado. Para justificar esta afirmación se usa la “Trampa del Promedio”, un mecanismo clásico de manipulación en la discusión pública en nuestro país.

Si se miden las remuneraciones de ambos sectores comparativamente, sin considerar las amplias diferencias de composición entre el empleo público y el del sector privado, tanto en media, como en mediana, el resultado parece favorecer a esta hipótesis.

Esta comparación es absolutamente falaz. La razón fundamental es que el empleo público mantiene una estructura, en términos de la proporción de profesionales y técnicos que lo integran, que difiere radicalmente del sector privado. Y dadas las importantes brechas remunerativas, en relación al nivel educacional, es indispensable segmentar la comparación para que determinar si existe o no una brecha remuneratoria entre ambos sectores.

Las diferencias son evidentes. Mientras el sector público está integrado en un 75% por personal profesional o técnico, el sector privado alcanza al 40% para ambos rangos educativos.

Además, comparar las remuneraciones del mayor empleador del país, como es el Estado, con el conjunto del empleo privado, incluyendo el autoempleo, las microempresas, así como las familiares, también desvirtúa la comparación. Sustraer del empleo público a las FF.AA., por sus particulares condiciones, y tomar en consideración en el sector privado a las empresas de 200 personas o más, acota las desviaciones, y permite proveer información útil y pertinente para el análisis.

Los datos muestran diferencias en la media a favor del sector privado en todas las clasificaciones, salvo la de educación secundaria. Al observar la mediana, esta le es también favorable para el clasificador de educación superior. En cualquier caso, las brechas relevadas resultan muy menores, si se compara con la falacia que a partir del uso indiscriminado de promedios se busca relevar como privilegios de los/as funcionarios/as públicos/as.

Esto se condice plenamente con la realidad que las organizaciones sindicales del sector público hemos expresado reiteradamente y pone en evidencia, al menos, los siguientes fenómenos: las funciones de mayor calificación (profesionales, pero sobre todo posgraduados y técnicos) mantienen remuneraciones inferiores en el Sector Público respecto del privado; los estamentos administrativos y auxiliares obtienen remuneraciones algo superiores en el Sector Público, lo que es un resultado directo del ejercicio de negociación colectiva; particularmente llamativa es la brecha en el segmento de educación primaria, que con alta probabilidad corresponde a trabajadores/as subcontratados, cuya brecha evidencia que la tercerización en el Estado precariza de forma más profunda que en el sector privado.

En conclusión: Es claro que es necesario ampliar la discusión democrática para avanzar en eficiencia, pero sobre todo en la del sector público. Esto se debe hacer levantando los sesgos y la descalificación neoliberal que ha marcado por años el debate.

Avanzar en medidas que, a partir de las falacias expuestas, promuevan respuestas que reduzcan la función pública o las remuneraciones de sus funcionarios/as, atenta directamente en contra de las demandas que la movilización popular ha puesto en primera línea de la discusión política.

Es evidente que, lo que el gobierno y sus aliados buscan, es encasillar la negociación del sector público en marcos que permitan justificar una agenda de profundización del modelo que ataque la función pública, profundice la precariedad del empleo público y haga recaer sobre los/as mismos/as de siempre el costo de una falsa agenda social.

En Chile, la problemática central del mundo del trabajo no es una supuesta brecha entre trabajadores/as públicos/as y privados/as. El problema son los bajos salarios que afectan a la mayoría de la población, en directo beneficio de las utilidades del gran empresariado que controla el país. En esta perspectiva, medidas que focalicen su atención para incrementar a mayor velocidad las remuneraciones de los/as trabajadores/as de menores ingresos son bienvenidas y han sido respaldadas por el movimiento sindical. Pero muy distinta es la pretensión de nivelar hacia abajo, las remuneraciones de trabajadores/as de ingresos medios, ya que por esa vía se busca liberar de aportar a los segmentos más privilegiados de nuestra sociedad, que por cierto no viven de los ingresos de su trabajo, sino de sus rentas empresariales.

Para nuestras organizaciones sindicales, esta Negociación Colectiva del Sector Público se ha propuesto concentrar esfuerzos en avanzar en Equidad y Trabajo Decente, como condiciones indispensables para proyectar un mejor Estado al servicio de las mayorías del pueblo de Chile. De imponerse la pretensión que delinean los sectores neoliberales, nos encontraremos en el escenario de continuar avalando medidas que sólo redistribuyen limitadamente recursos fiscales y que buscan volver a descargar sobre los propios trabajadores/as, públicos y privados, los costos de una agenda social gubernamental insuficiente y limitada.