Ascencio oficia a Contraloría para que fiscalice al Presidente Piñera por millonarios traspasos a paraísos tributarios

El diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, ofició a la Contraloría General de la República luego de la investigación realizada por El Desconcierto, en que se evidencian los traspasos millonarios de la familia Piñera Morel a paraísos tributarios y la reliquidación de impuestos que hizo el Servicio de Impuestos Internos.

El parlamentario planteó en el texto que «en una reciente investigación periodística de parte de ‘El Desconcierto’, se indica una serie de operaciones comerciales de empresas relacionadas entre sí. Dichas empresas serían Bancard Inversiones Limitada; y, Bancard International Investment; además de otras empresas que pertenecen al mismo grupo corporativo como Inversiones Odisea; Inversiones La Ilíada; Administradora Bancorp; Fondo de Inversiones Privado Mediterráneo; y, Eneida SPF».

«La particularidad de estas empresas son varias, pero destacan principalmente por tratarse todas de empresas en cuyo origen y dueños actuales figuran Sebastián Piñera Echeñique, Presidente de la República, o alguno de sus familiares más cercanos como hijos o nietos. Además, dichas empresas tienen una estructura de cascada en que una empresa controla indirectamente a otra, por lo que las decisiones en la práctica están centralizadas en una misma plana directiva», detalló Ascencio en el documento.

Además, el jefe de bancada de la DC, continuó cuestionando que «aun cuando se realizó un reordenamiento, informado por el propio Presidente en su campaña y cuando asumió el mando, para evitar posibles conflictos de interés, que sean los hijos quienes controlan las empresas familiares relacionados al grupo Bancard deja en entredicho la real independencia con que estos actúen en el manejo de sus negocios».

En ese contexto, añadió que»genera una razonable preocupación la situación que se informa de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) habría fiscalizado y reliquidado los impuestos debidos en una operación comercial entre Bancard Inversiones Limitada (“Bancard”) y Bancard International Investment. Esta última como se sabe es una empresa controlada indirectamente por los hijos y nietos del Presidente a través de la empresa La Ilíada, y que ubica sus operaciones en las Islas Vírgenes Británicas, reconocido territorio paraíso fiscal utilizado por empresarios en el mundo para evitar el pago de impuestos por sus operaciones».

«En concreto, se habría tratado de una operación de crédito comercial (cuenta corriente mercantil) en que no se habría pactado intereses, propiciando que el Bancard de operaciones nacionales traspasase fondos al Bancard de operaciones en Islas Vírgenes, las cuales por la condición de paraíso fiscal no pueden ser conocidas ni fiscalizadas por el SII. La operación, en dichas condiciones, no habría generado impuestos para Bancard debido a que no hubo intereses sobre el cual calcularlos, situación que habría sido advertida por el SII como irregular, procediendo a la reliquidación de impuestos», explicó Ascencio en el oficio.

En ese sentido, remarcó que «la misma investigación señala que la operación fiscalizada por el SII sería de unos US$96 millones, pero que además de esta operación de crédito, habrían otras con las demás empresas relacionadas que sumarían en total alrededor de US$440 millones, que habrían tenido como destino las Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo, otro reconocido territorio paraíso fiscal en Europa».

Por esto, el diputado DC explicó que «las condiciones en que se gestarían los negocios del Presidente de la República podrían generar posibles conflictos de intereses, situación que recordemos ya ha sido abordado con anterioridad como ocurrió con el conocido caso Exalmar por actividades del Presidente. En ese sentido, la Ley 20.880 obliga a la creación de una declaración de patrimonios e intereses, en la que en su artículo 7° mandata a declarar a su vez toda fuente de posible conflicto de interés».

«En ese sentido, solicito al Sr. Contralor fiscalizar y pronunciarse respecto de la declaración de intereses del Presidente de la República, y si ella cumple con el estándar requerido de probidad, declarando entre ellas todas aquellas empresas a las que pertenece y de las que pudiera emanar algún conflicto de interés, como las empresas que poseen sus hijos y que son cuestionados actualmente por la referida nota de prensa», concluyó Ascencio.