El encapuchado como delincuente

Quien haya al menos leído un poco de la sangrienta historia de los castigos, encontrará, dentro de los catálogos de los delitos, un curioso y variopinto listado de conductas que han sido perseguidas y penadas en nombre de quien tiene el poder de castigar.

Históricamente delito ha sido cualquier cosa: ser homosexual, negro o judío (o casarse con uno de ellos), sindicalista, mendigo, anarquista, adúltera, ateo, bruja, musulmán, y el listado podría no terminar. Con el nacimiento de los estados modernos, y para evitar los abusos del poder, el derecho de castigar se ha ido limitando, estableciéndose derechos y garantías para todos. Sin embargo, no siempre todo ha sido garantismo porque el ser humano deambula entre el respeto por la libertad y el sadismo.

El derecho penal moderno solo puede sancionar conductas que lesionan o pongan en peligro un bien jurídico, por ende, el derecho no puede sancionar actos solamente inmorales y debe limitar la persecución penal únicamente a actos precisos que atenten de manera insoportable contra valores e intereses fundamentales para las personas o la convivencia social.

La sanción al “encapucharse” o manifestarse “encapuchado”, como otrora se sancionaba la nigromancia o el parecer o ser un vago, nada tienen que ver con los principios de un sistema democrático y un Estado de derecho. Lamentablemente, el autoritarismo penal no debe sorprender por estos días a nadie en Chile. A modo de ejemplo, las agendas cortas de Bachelet –que son clara expresión de populismo penal- han sido apoyadas por la Concertación, la Nueva Mayoría, la derecha y hasta por parlamentarios que militan en el Frente Amplio.

En esta misma ruta al autoritarismo penal, la ley anti-capuchas no protege ningún bien jurídico penal, sino que utiliza el derecho como un instrumento de violencia, dirigido a los ciudadanos y no a favor de ellos. Se trata de una ley que se guarda en el bolsillo la teoría del bien jurídico, que confía más en el terror penal que en una vida en convivencia y que en definitiva lo que busca es criminalizar la protesta social.