Género y parlamento, el desafío pendiente en el proceso constituyente

La producción de las leyes que regulan materias relacionadas con género es excesivamente baja en nuestro país. En un informe publicado por la Biblioteca del Congreso Nacional se puede constatar que entre julio de 1990 y agosto del 2018 ingresaron un total de 209 proyectos, de los cuales sólo 18 han sido publicados.

Existen diversos factores que pueden explicar la baja producción normativa: la falta de paridad en el congreso y, la ausencia de una agenda de género, entre otras. En esta columna se desarrollará únicamente la variable relacionada con la tramitación legislativa y la falta de mecanismos sensibles al género dentro del parlamento chileno, lo cual constituye un entorpecimiento al desarrollo y cristalización normativa de los derechos humanos de las mujeres.

Existe un concepto acuñado por Leslie Schwindt-Bayer llamado “legislaturas masculinizadas”, que dice relación con que el poder legislativo no ha escapado a una matriz patriarcal que coloca a las mujeres en una posición de desventaja respecto de sus pares. En la voz de la profesora Ana Laura Rodríguez, “una vez que las mujeres acceden a la legislatura, comienzan procesos de inclusión parcial y condicionada, puesto que no está garantizada la igualdad de facto. Se despliegan así, ventajas políticas concretas para los legisladores varones y se evidencian procesos de marginalización de las mujeres”.

Ello merma la producción normativa en la medida en que son las mujeres las que mayoritariamente impulsan las agendas de género dentro de los parlamentos. Al tenor de lo anterior, la Unión Interparlamentaria, organización internacional compuesta por 178 países, en donde Chile es miembro, creó en el 2012 un Plan de Acción para Parlamentos Sensibles al Género en donde se describen una serie de mecanismos que conllevan a eliminar las legislaturas masculinizadas, plan que no se ha implementado en nuestro país.

A nivel comparado, tanto en la región como en el sistema universal se pueden identificar al menos cuatro mecanismos mínimos que todo parlamento comprometido con la igualdad de género debería implementar:

1. Las Comisiones Especializadas de Género forman parte de la estructura y funcionamiento regular de los parlamentos, están integradas principalmente por legisladoras y se encargan de dar tratamiento a los temas de igualdad de género en las iniciativas de ley que son sometidas a su revisión.
2. Las Unidades Técnicas para la Transversalización del Género, que al igual que las anteriores, tienen un funcionamiento permanente y su tarea radica en analizar tanto la estructura y dinámicas de los propios parlamentos, como las iniciativas de ley desde una perspectiva de género.
3. Las bancadas feministas, que son una expresión política, pueden tener un funcionamiento permanente o no y están compuestas por legisladoras de diversos partidos políticos que fruto de su propia voluntad intentan buscar alianzas, estrategias y fórmulas para impulsar una agenda de género.
4. Los grupos mixtos sobre asuntos de géneros compuestos por legisladoras, exlegisladoras, líderes de organizaciones de mujeres, feministas y personas de la sociedad civil. Su objeto es incidir políticamente en el cuerpo legislativo y contribuir a instalar una agenda de género. Si bien este mecanismo no tiene fuerza vinculante, ha demostrado tener una gran influencia en los cuerpos normativos de la región.

La situación chilena

 El informe de la BCN refleja una dura realidad. En 18 años de ejercicio parlamentario sólo se han convertido en ley un 8.6% de los proyectos en materias de género.

Esta cuestión ha sido reiteradamente observada por el comité de la CEDAW quien, a propósito del Séptimo Informe Periódico de Chile, dijo de forma categórica que la “Convención es vinculante para todos los poderes del Estado, no solo para el Ejecutivo. Por lo tanto, invita al Estado a instar “al Senado y la Cámara de Diputados, de conformidad con sus procedimientos y cuando proceda, a que adopten las medidas necesarias”.

Así, existe una necesidad urgente de reformular el funcionamiento del parlamento. La normativa vigente fue creada en una época en donde el órgano tenía una composición casi exclusiva de varones y ella no regula ningún mecanismo que asegure una representación mínima de las mujeres en las comisiones existentes, fruto de ello es el que hoy la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en donde se revisan los proyectos más importantes de nuestro país, está compuesta exclusivamente por hombres.

Por otra parte, ha habido escasa voluntad política de implementar mecanismos que desde el 1998 han sido sistemáticamente incorporadas por los parlamentos de la región, como es el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, entre otros, habiendo sólo dos excepciones a esto en nuestro país: las tres bancadas de mujeres creadas por parlamentarias, la más reciente llamada Bancada Feminista Julieta Kirkwood formada en enero del 2018 por parlamentarias de diversos partidos políticos, actualmente vigente y la creación de la Comisión temática de Mujeres Y Equidad de Género, en junio del 2018 a propósito de la voluntad de algunas parlamentarias que decidieron impulsar una reforma al reglamento.

Pese a lo anterior, aún es insuficiente y nuestro parlamento carece de un tratamiento desde una perspectiva de género. Los mecanismos incorporados responden exclusivamente al pulso y voluntad de un grupo de parlamentarias, a sus posibilidades de relevar la temática y no a una política de Estado como exigen los organismos internacionales.

Urge incorporar a la actividad legislativa mecanismos que nos lleven a caminar hacia un parlamento sensible al género, que no merme las leyes que nos permitirán ejercer de forma efectiva los derechos humanos, a los que las mujeres nos vemos privadas en el orden patriarcal.

Finalmente, esta cuestión adquiere mayor relevancia en el contexto actual, de cara al proceso constituyente y su reglamentación. Su funcionamiento no puede replicar las formas viciosas con las que ha funcionado la legislatura hasta el día de hoy. Así, la paridad en el pleno de la asamblea, el aseguramiento de una representación mínima de las mujeres en cada una de las comisiones creadas y la existencia de una comisión temática de transversalización del género, son indispensables a lo hora de darnos un nuevo orden constitucional.