Fromalizacion una 20 de personas por cohecho en el MINVU | FOTO: Jose Francisco Zuñiga/AGENCIAUNO
En el caso que se conoció este viernes, y que involucraría también al Mineduc y a la Segpres por adjudicaciones de contratos por montos entre los $800 y $900 millones, siete de los imputados quedaron en prisión preventiva durante los ocho meses que durará la investigación.
Este domingo concluyó la segunda etapa de la formalización de los 21 presuntos responsables de participar de una red de corrupción al interior de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que también involucraría a los ministerios de Educación y de la Secretaría General de la Presidencia.
La instancia, dictó prisión preventiva para siete de los imputados: cuatro ex funcionarios públicos y tres personas naturales, que habrían sido parte de una «maquinación destinada a defraudar al fisco», por montos entre los $800 y $900 millones.
El caso había sido destapado recién el pasado viernes, cuando la Brigada Investigadora de Delitos de Lavado de Activos de la PDI allanó distintas dependencias del gobierno, donde además se detuvo a más de una veintena de personas; de las cuales seis eran funcionarios del Minvu y 13 civiles que habrían colaborado con estos.
Según detalló en la ocasión el ministro de la cartera, Cristián Monckeberg, los acusados habrían favorecido adjudicaciones a empresas con contratos con el Minvu, a través de licitaciones, que involucrarían a las carteras de Educación y Segpres, por los montos ya mencionados.
Cohecho, fraude al fisco y lavado de activos, son los delitos que se le imputan a los funcionarios que participaban directamente del proceso de adjudicaciones, como jefes de proyecto, encargados del área de informática, y contrapartes técnicas o evaluadores técnicos.
Según informó Emol, durante la audiencia el tribunal acogió gran parte las pruebas presentadas por los fiscales Francisco Ledezma, Ximena Chong y Daniel Vidal, acogiendo así también la hipótesis de una red creada para apropiarse de recursos fiscales.
«Llama la atención cómo funcionarios públicos, aprovechando su conocimiento técnico, idearon una maquinaria destinada a favorecer la adjudicación de ciertos contratos. Y es por ello que se dice que hay personas que, en su calidad de jefes de proyecto y evaluadores, completaron las ofertas, realizaron los documentos faltantes, e incluso contrataron a los propios desarrolladores del ministerio para elaborar trabajos que estaban a cargo de una empresa», comentó el tribunal en la audiencia.
En la misma línea, el tribunal dio cuenta de que existen «indicios para estimar que aquí había una maquinación destinada a defraudar al fisco». «No es casual que las ofertas estuvieran incompletas. No es casual que las personas se comunicaran para evaluar», se indicó.
