Ley de Reajuste del Sector Público (o la disputa sobre el diagnóstico de la crisis social)

El proyecto de ley de reajuste general del sector público inició, la semana pasada, su tramitación en el Congreso Nacional imponiendo una derrota estruendosa al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Por primera vez en los últimos 30 años, la sala de Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar una Ley de Reajuste, ante la mirada atónita de un ministro cuyo comportamiento soberbio y displicente marcaron la jornada legislativa.

Ni el discurso del ministro Briones acusando a las organizaciones sindicales que rechazaron el acuerdo de “defender a los ricos”, repetido por días como mantra; ni la exhibición por el gobierno del acuerdo suscrito por 10 organizaciones, al menos una de las cuales denunció el incumplimiento de los acuerdos alcanzados; ni la exagerada lamentación por la situación económica y los efectos del estallido social, permitieron abrir paso a la tramitación del proyecto de ley del Ejecutivo.

Los factores fundamentales que explican el estrepitoso resultado para el gobierno son evidentes: estamos ante un congelamiento de remuneraciones para la mayoría de los/as funcionarios/as públicos/as; por primera vez se presenta una ley de reajuste que reduce los ingresos de más de 150 mil trabajadores/as del Estado. La iniciativa ingresada por el gobierno tiene por objetivo central hacer caja con las remuneraciones del sector público y supone, respecto de cualquier legislación equivalente anterior, un ahorro fiscal de $200 mil millones anuales. En el otro extremo, propone un bono de $30 mil por 12 meses, para incrementar las remuneraciones de los/as funcionarios/as públicos de menores ingresos, lo que constituye un mecanismo transitorio, insuficiente y paliativo, y no una respuesta laboral y salarial.

Pero más allá de estos contenidos concretos, en la discusión legislativa del reajuste general del sector público, en el contexto de crisis social y la demanda central por superar la escandalosa inequidad en la distribución del ingreso, la disputa de fondo se refiere al diagnóstico desde el cual se diseñará e implementará lo que se ha dado en llamar “Agenda Social”, y que hasta el momento no se expresa en ninguna iniciativa legislativa de reformas estructurales, en ninguno de los planos que la movilización popular ha relevado.

El recientemente estrenado ministro de Hacienda, adulado hasta el hartazgo como “dialogante” y “comprensivo” por la prensa oficial, se ciñó estrictamente a un guión previamente construido para sustentar la ofensiva del gobierno sobre los/as funcionarios/as públicos/as. Su premisa era simple: basada en datos oficiales, imponer un reajuste de remuneraciones un 2% bajo el IPC a los/as trabajadores/as del Estado, básicamente profesionales y técnicos, cuyas remuneraciones brutas superan los $2.000.000. Eso es, para Briones, un mecanismo redistributivo, alineado con la demanda social y que afecta a personas que se encuentran en el 5% de la población que percibe mayores ingresos, de acuerdo con las cifras oficiales del SII. Cual moderno Robin Hood, Briones esperaba el aplauso de la galería y la entusiasta aprobación del Parlamento.

El único problema es que estas premisas argumentales, aunque insista en enrostrarnos nuestro error e ignorancia, chocan frontalmente con el sentido común, con la vivencia cotidiana de los/as trabajadores/as chilenos/as. Pero además apuntan en dirección contraria a la resolución de las profundas problemáticas de inequidad salarial en nuestro mercado del trabajo y hierran absolutamente el blanco en la lucha contra la inequidad en la distribución del ingreso en nuestro país.

Los datos a los que alude el ministro son los siguientes:

Efectivamente, los datos provistos por el SII dan cuenta de que un 5% de los contribuyentes personas naturales declaran ingresos brutos superiores a los $2.000.000 mensuales. Pero basta con revisar someramente esta información para detectar que el problema de distribución de ingresos no se encuentra alojado en los tramos 3, 4, 5 o 6, sino en el tramo 7, en que un 0,82% de los contribuyentes, es decir 83.937 personas naturales, concentran casi un 15% de la Renta Determinada global, triplicando cada tramo anterior.

Si contrastamos esta información con los datos recogidos por la CASEN 2017, información oficial utilizada para determinar la pobreza y medir la distribución del ingreso, el resultado es aún más nítido:

En este caso, estamos ante una medición de ingreso autónomo per cápita por hogar. Por lo que una persona que, de acuerdo a la tabla anterior percibe ingresos por $2.000.000, se ubicará en un decil de acuerdo con la cantidad de personas entre quienes se distribuya ese ingreso en su hogar. En nuestro ejemplo, si ese hogar es integrado por 4 personas sin ingresos, dependiendo de otros factores, se ubicará entre el decil VIII y IX. Más destacable aún es que en nuestro país, un trabajador que vive sólo y tiene un ingreso de $710.000 mensuales, pertenece al decil X. Si seguimos al ministro Briones, estaríamos hablando de un rico en nuestro país. Pero simultáneamente la relación interna de cada decil muestra nuevamente que la distribución en el decil X es donde se aloja la principal brecha de ingresos.

Lo cierto es que el ministro Ignacio Briones sabe de sobra la realidad de estos datos, pero además sabe que los estudios recientes en materia de concentración del ingreso en Chile, como por ejemplo el de la FEN de la Universidad de Chile, llamado «La ‘Parte del León’: Nuevas Estimaciones de la Participación de los Súper Ricos en Chile» (2013), han demostrado fehacientemente que la concentración del ingreso se produce en Chile en el 1% (33% del ingreso total), y más específicamente en el 0,1% (20% del ingreso total) y 0,01% (12% del ingreso total) de personas de mayores ingresos.

Es por esto que la discusión del proyecto de ley de reajuste del sector público se ha vuelto un espacio de disputa sobre las necesidades del país y la demanda central de superar la escandalosa inequidad que marca a Chile, porque expresa la voluntad de descargar sobre los/as trabajadores/as en general, y del Estado en particular, el costo de la Crisis Social. El dispositivo discursivo que se ha puesto en marcha no es más que una cortina de humo para ocultar a ese 1%, 0,1% o 0,01% más rico de población, detrás de medidas falaces que, aplicando lógicas de nivelación hacia abajo entre trabajadores/as, pretende instalar una disputa ficticia e inocua dividiendo y confrontando a trabajadores/as con otros/as trabajadores/as.

Este es el debate que tendrá lugar y deberá votar en estos días el Congreso Nacional.