La jauría de Plaza Ñuñoa

Para prevenir al lector/a; en esta columna omitiré el nombre de los doce carabineros formalizados por agredir a un hombre que se manifestaba pacíficamente el pasado 21 de octubre. A petición de la defensa, el Juez accedió a proteger de la condena social a esta pandilla y prohibió la divulgación de sus nombres y sus rostros.

El Juez dictó prisión preventiva para cinco de los doce carabineros, cuatro que participaron de la golpiza y al Teniente que fue quien la comando, hoy pasaran la noche detenidos, gracias, en gran medida, al Fiscal y a la coyuntura televisiva; un canal de televisión trasmitió en vivo la tortura.

Durante las tres jornadas que duro la audiencia, afuera del edificio del octavo juzgado de garantía, estaban los once suboficiales; sin familia, asustados, nerviosos, vestidos con el mismo traje que utilizan en un matrimonio, una graduación o un funeral; sus ropas simbolizaban lo confuso que era estar formalizados ante un Juez.

Cerca, pero distante, el oficial, de facciones caucásicas, vestía “casual”, se acompañaba de su familia y su defensor; un profesional físicamente parecido a los suboficiales, pero que insuflaba el desparpajo y la vulgaridad de quien siente que “logró un ascenso social”. Un ejemplo del comportamiento del Abogado son sus declaraciones que, sin considerar la evidencia del informe de HRW y de los otros informes internacionales: declaró: “Todos los casos que conozco de posibles agresiones sexuales son falsos” (CNN, 26 de noviembre). Según el último reporte de Instituto Nacional de DDHH hay 207 denuncias de violencia sexual, en su mayoría se involucra a Carabineros. Otro de los abogados es Germán Cueto Echeverri, profesional que, de acuerdo a información de prensa, no ha podido justificar el pago de doce millones de pesos de parte de la Municipalidad de Cerro Navia, en el periodo de Luis Plaza, imputado en el “caso basura”.

Profesionales que son coordinados por el ex General Director interino de Carabineros, Julio Pineda, quien, en su cuestionada trayectoria,  negó la participación de un carro lanza aguas en contra del estudiante  Rodrigo Avilés: “Los antecedentes que tenemos es que fue una caída de la persona sola”, lo que no consideró, es que todo Chile había visto el ataque criminal del carabinero que manejaba el vehículo. El rol de Pineda en la audiencia fue coordinar y hostigar a los familiares de la víctima.

Las grandes promesas que la institución le hace a los jóvenes pobres para que sean suboficiales, es alcanzar una vida tranquila, seguridad material, respeto familiar, distinción en su territorio, entre otras ilusiones que duran hasta que cometen el disparate de seguir a sus superiores.

Les ocultan el temor y el desprecio que generan en su comunidad inmediata, les disimulan que desde que se alistan en las Fuerzas Especiales de Carabineros su instrucción será el golpe a una persona desarmada, la violencia como arma de sometimiento, la prepotencia como acción relacional; la sumisión, el abuso y el servilismo, la dominación y la obediencia a sus “jefes” que no provienen de su pueblo, población, villa o campamento.

Los abogados no conocían a los suboficiales, algunos adujeron ser sus recientes patrocinadores, no los miraban, les ordenaban donde sentarse, no los miraban, no sabían sus nombres, no los miraban.

El Estado provee gratuitamente de abogados a quienes cometen delitos, los doce carabineros tenían defensa asegurada y pagada por su empleador, sin embargo, esa no fue la opción de los carabineros o de quienes deciden por ellos.

¿Por qué hay profesionales que se ofrecen a defender a violadores de los DDHH? ¿Es un trabajo ad honorem, es convicción, es voluntario? ¿Estamos en frente de un “cartel” de protección de violadores a los DDHH?.

En el banquillo, uno al lado del otro, estaban doce sujetos que, pagados por el Estado, ejercen una violencia socialmente ilegítima, crueldad que, aunque tengan el monopolio de su uso, es degenerada, practican una acción que busca el sometimiento físico y  psicológico de manera intencionada.

Todos los carabineros guardaron silencio ante el Fiscal, todos declararon no reconocer a su compañero que aparecía, a su lado, reprimiendo en el video, todos suscribieron las mentiras que el teniente inventó en torno al detenido en Plaza Ñuñoa. ¿Estamos frente a nuevos pactos de silencio?

Miraban al Juez doce individuos cuya vida es una tragedia y sus motivaciones humanas son un infortunio. Once sujetos a quienes les prometieron mejor calidad de vida y los condujeron a un abismo y un sujeto, el oficial, que ideológicamente opresivo, reproduce el maltrato que su clase acostumbra a impartir a su contrario/a, ya sea un servil o resistente; le inculcaron  odio y desprecio de clase y lo profesa cada vez que ejercita su oficio.

La audiencia, en todas sus versiones, para quienes promueven las violaciones a los DDHH, representaba la defensa del trabajo sucio que no debiese verse; la molestia que presenta un Estado de Derecho cuando hace que sus instituciones funcionen, la fricción entre el discurso cínico de defensa de los DDHH fuera de las fronteras y la promoción y amparo de la trasgresión de todo sentido de humanidad.

Los carabineros formalizados que torturaron a un ciudadano indefenso que se manifestaba con una sartén y una cuchara, representan  la frustración de toda la humanidad que afilia a una sociedad civilizada; el fracaso de los gobiernos transicionales que se construyeron sobre la impunidad y no propusieron cambiar la doctrina de las policías, la encarnación de la falta de piedad; la descomposición de una institución que las autoridades gubernamentales defienden como dique de su propia putrefacción.