Opinión

La zanahoria, el palo y la piedra en el zapato

Por: Bruno Bosteels / Publicado: 26.12.2019
estallido / Foto: Agencia Uno
Pensemos por ejemplo en la coincidencia entre las protestas en Chile y en Bolivia. Si Chile representaba hasta ahora el “milagro” de la estabilidad neoliberal nacida del golpe, en cambio Bolivia bajo Evo Morales representaba tal vez el experimento más radical de los diferentes gobiernos populistas, izquierdistas, o centroizquierdistas de la “marea rosada,” ahora abolida bajo un régimen cívico-militar fascistoide, racista, cristiano fundamentalista.

A finales de 2018 el artista chileno Alfredo Jaar instaló una obra de arte en las calles de Roma con grandes afiches pegados por todos lados en dos versiones, una roja y otra verde, con una cita atribuida a Antonio Gramsci: “El viejo mundo se está muriendo. Lo nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro nacen los monstruos.”

En realidad, Gramsci nunca dijo tal cosa. Si tradujéramos literalmente lo que el pensador italiano escribió en sus Cuadernos de la cárcel, la frase diría: “La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados.”

Dejando de lado las explicaciones oficiales del artista (dice haber encontrado su versión en una traducción francesa, pero la cita exacta en la edición de Gallimard de los Cuadernos corresponde bastante literalmente al original), lo más curioso es que su cita haya hecho época. Todo el mundo la usa, hasta Slavoj Žižek.

Vivimos en efecto en una época de claroscuros. Ni siquiera podemos estar seguros de que se trate de un interregno. El neoliberalismo, podemos decir con triste confianza, nació en el laboratorio de la dictadura en Chile; pero para poder afirmar que Chile será también la tumba del neoliberalismo deberíamos saber qué es lo nuevo que se tarda en aparecer.

Para echar luz sobre el claroscuro actual pensemos en la coincidencia de diferentes tiempos que juntos producen algo así como una “asincronicidad de lo sincrónico,” para usar esta vez una expresión de Ernst Bloch. Es como si los ritmos de la historia estuvieran desencajados, retomándose o superponiéndose el uno sobre el otro sin lógica unitaria pero con lecciones ominosas para quienes quieran aprender del pasado antes de clamar victoria sobre lo que nacerá de los fenómenos morbosos para el futuro.

Pensemos por ejemplo en la coincidencia entre las protestas en Chile y en Bolivia. Si Chile representaba hasta ahora el “milagro” de la estabilidad neoliberal nacida del golpe, en cambio Bolivia bajo Evo Morales representaba tal vez el experimento más radical de los diferentes gobiernos populistas, izquierdistas, o centroizquierdistas de la “marea rosada,” ahora abolida bajo un régimen cívico-militar fascistoide, racista, cristiano fundamentalista.

La prensa progresista internacional saludó con casi unanimidad las protestas en Chile, pero no sabe muy bien qué hacer con las protestas en Bolivia. Antes del golpe, si es que se acepta el término para referirse a la renuncia forzada de Evo, los comentaristas todavía podían hablar de un levantamiento democrático civil en contra de los abusos autoritarios. Pero después del 10 de noviembre, la situación boliviana ha tomado un giro mucho más morboso, con masacres de la población indígena que esos mismos comentaristas de izquierda difícilmente pueden justificar—aunque no falta quien lo intente–en nombre de la “pacificación” necesaria para restablecer el orden público antes de poder llamar a nuevas elecciones.

Y si pensamos en el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución que se firmó en Chile en las primeras horas del 15 de noviembre, nuevamente se produce una asincronicidad con la situación en Bolivia. En efecto, la promesa de una Convención Constituyente nos debería recordar que entre los muchos errores estratégicos que los comentaristas hoy le atribuyen al gobierno de Evo Morales como para sugerir que se cayó por su propio peso la lista de agravios se abre muchas veces con la forma en que se llevó a cabo en el país vecino la Asamblea Constituyente, ya que la exigencia de afiliación política de hecho excluía un gran número de activistas indígenas y mujeres independientes del Movimiento al Socialismo.

Haber conseguido la posibilidad de una nueva Magna Carta podría considerarse un gran logro de la movilización popular en las calles de Chile. Pero el cambio de nombre de Asamblea a Convención, la añadidura de un largo tiempo de espera hasta febrero del 2020 para el plebiscito y octubre del 2020 para la elección de delegados, así como la exigencia de un quórum de 2/3 partes sea para la Constitución en su totalidad sea para cada artículo: todos esos factores parecen sugerir más bien que lo que le espera a Chile al final del camino constitucional–en el mejor de los casos–sería como una vuelta al inicio del ciclo que acaba de terminar en el golpe y la violencia racista en Bolivia.

Y si hubiera todavía dudas acerca de la verdadera naturaleza de la promesa, después de la zanahoria vino el palo. Así, sin tener que esperar los largos y lentos plazos del proceso constitucional, la Cámara de Diputados no tuvo ningún inconveniente en aprobar un nuevo proyecto de ley para criminalizar las protestas. De la misma forma en que la autoproclamada Presidenta Jeanine Áñez en Bolivia, antes incluso de designar su gabinete cívico, dio amnistía preventiva a las Fuerzas Armadas para responder a los disturbios con poder letal, en Chile la nueva ley pone al desnudo que el verdadero interés de la clase dirigente es la interrupción de todo tipo de protesta organizada.

Aquí también, la historia nos depara un elemento de sincronía asincrónica si pensamos en la situación en México: país que vivió su transición al neoliberalismo bajo Carlos Salinas de Gortari sin necesidad de un golpe militar y que ahora con Andrés Manuel López Obrador está viviendo lo que junto con la fórmula Fernández-Fernández en Argentina podría ser el último de los gobiernos populistas o centroizquierdistas, como para cerrar el ciclo de la marea rosada. Pues bien, en el movimiento popular-estudiantil de 1968 en México, una de las demandas clave en el “Pliego petitorio” de los estudiantes fue la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal (aprobado en 1941 bajo Manuel Ávila Camacho) que castigaba el llamado “delito de disolución social” con penas de hasta 12 años en la cárcel, artículo ominosamente reminiscente del proyecto de ley que se acaba de votar en la Cámara de Diputados en Chile.

La nueva ley nos muestra la verdad desnuda que desenmascara la falsa promesa de la Convención Constituyente. Está destinada a romper cualquier posibilidad de organización social. En cierto sentido, para el orden establecido es preferible un vándalo individual que una junta de dos o más personas en una asamblea, un cabildo, un sindicato, o una comuna.

Al mismo tiempo la nueva ley puede leerse como la confesión involuntaria de lo que realmente está queriendo hacer el gobierno, siempre en colaboración con la policía y el ejército. Punto por punto ofrece una especie de retrato cínico del emperador que no trae ropa pero sigue gesticulando con la zanahoria en una mano y el palo en la otra.

Antes que nada, está la única frase que no fue incluida en la propuesta de ley para describir lo que se entiende por alteración de la paz pública con actos de violencia: “impedir, mediante coacción, la realización de la manifestación o reunión pública.” Y se entiende por qué no se pudo incluir esta frase: describe con sorprendente exactitud lo que el ejército y la policía han estado haciendo todo este tiempo.

Luego vienen las distintas situaciones para describir lo que se entiende por “desorden público”:

“1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.” ¿El metro no es también un servicio público de primera necesidad? ¿Aumentar su costo aunque sea con 30 pesos no afecta también gravemente su funcionamiento para millones de usuarios?

“2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.” ¿Los balines no son también elementos contundentes aptos para ejecutar actos de violencia contra la integridad física de las personas?

“3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.” Aquí se empieza a aclarar en qué consiste la Santa Trinidad de los bienes reconocidos como intocables en el milagro de la sociedad chilena: Industria, Ciencia, Religión.

“4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.” Véase más arriba lo dicho sobre la libre circulación de las personas en el metro.

“5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.” Como cuando los Carabineros siguieron usando gas lacrimógeno y el equipo del Samu siguió recibiendo perdigones y el chorro del carro lanza agua que les impidió atender a Abel Acuña Leal en la Plaza de la Dignidad.

“6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.” Aquí, como si nada, se nos comunica la verdad sobre quinientos años de ocupación y usurpación capitalista-colonial que convirtió los bienes comunes en bienes inmuebles, sean públicos o privados.

Y, cuando a todo eso añadimos que “se aplicará siempre el grado máximo de la pena dispuesta para este caso cuando los partícipes hayan actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer habitualmente los hechos punibles mencionados,” se hace evidente cuál es la amenaza mayor para los poderes de turno: la posibilidad de que dos o más personas se junten en una agrupación u organización comunal.

He aquí la causa de la molestia. Como escribe el historiador Gabriel Salazar en su Historia del Municipio y la soberanía comunal en Chile: “No hay duda: la soberanía humana contenida en la comunidad local ha sido, sin duda, la piedra en el zapato con la que han caminado incómodamente, cojeando, las grandes construcciones estatales, nacionales o imperiales.” Y luego añade su nota de esperanza: “Por una vía u otra, la soberanía comunal—la piedra en el zapato—, cuando es expoliada y triturada, tensiona el nervio de todas las contradicciones, se filtra como pólvora en las venas del poder sistémico, y las hincha hasta hacerlas estallar, del modo y en el día menos pensado…. Revelando, de paso, el carácter dialéctico de la historia….” De esta dialéctica dependerá si de los fenómenos morbosos más variados que estamos viendo hoy puede nacer otra cosa que no sea la versión 2.0 del neoliberalismo (o su versión 3.0 si contamos la Concertación).

Entonces el momento actual, más que un claroscuro monstruoso, habrá sido verdaderamente un interregno.

Bruno Bosteels
Profesor Universidad de Columbia.
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