Ruben Rivas |
Rubén Rivas, uno de los tres imputados por prender una barricada en la línea del tren que atraviesa la comuna de Pedro Aguirre Cerda, conversa con El Desconcierto sobre las condiciones de su encarcelamiento, los puntos cuestionables de su caso y aplicación de la prisión preventiva para los jóvenes detenidos en el contexto del estallido, a quienes –dice– se está invisibilizando sin que sean considerados “presos políticos”.
Hace menos de una semana que salió libre de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), donde ha permanecido desde el 30 de octubre. Rubén Rivas tiene 31 años y es uno de los imputados, junto con Gilberto Mendoza y Esteban Bustos, por prender una barricada en la línea del tren que atraviesa la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Por eso, la Fiscalía lo acusa de obstaculizar la vía férrea y provocar riesgo de descarrilamiento (artículo 105 Ley de Ferrocarriles), y el Ministerio de Interior ha presentado una querella por Ley de Seguridad del Estado por la que será reformalizado el próximo 7 de enero junto con sus dos compañeros.
Antes de eso, deberá enfrentar una audiencia –este jueves o viernes– en la Corte de Apelaciones luego de que la Fiscalía rechazara el cambio de medida cautelar ordenado por el juez la semana pasada, y que permitió a Rivas regresar a su casa bajo régimen de arresto domiciliario total.
El joven insiste en su inocencia y afirma que el 30 de octubre no estuvo presente en el lugar de la barricada, sino que se encontró con sus dos compañeros en la mañana –»porque reunirse en las noches era muy complejo estos días»– y luego cada uno se dirigió al lugar de sus actividades. Rivas a su trabajo. Los tres, militantes del Movimiento Juvenil Lautaro, acusan haber recibido amenazas por parte de los agentes policiales, una detención practicada de forma ilegal y la falta de pruebas en su contra: dos encendedores y unos panfletos.
El Desconcierto ha conversado con el joven sobre las condiciones de su encarcelamiento, los puntos complejos de su caso y la complicada aplicación de la prisión preventiva para los jóvenes detenidos en el contexto del estallido, a quienes –dice–se está invisibilizando sin que sean considerados “presos políticos”.
-¿Cómo enfrenta la posibilidad de tener que entrar de nuevo a la cárcel si el juez responde a la apelación de la Fiscalía?
-Normalmente, la Corte de Apelaciones vota por lo que dice la Fiscalía. Está complejo, pero en las últimas semanas han salido cabros imputados por lanzar molotov y el profesor Roberto Campos. Quieren tenernos presos a costa de lo que sea y la única forma es con la prisión preventiva porque la condena, si se diera, tendría que cumplirse en libertad. Tienen que buscar artilugios legales porque la única forma que hagamos prisión efectiva es a través de la prisión preventiva.
-¿Cómo cambia su caso si pasa a ser formalizado por Ley de Seguridad del Estado?
-Las penas son más altas, en caso de ser culpable sube la condena de 3 a 10 años. Es parecido a lo que enfrenta el profesor. Lo más probable es que el Ministerio de Interior y la Fiscalía pidan también prisión preventiva, pero allá se discutirán las cautelares. Ellos nos quieren en prisión antes de la reformalización.
-Su defensa ha presentado un requerimiento de inconstitucionalidad ante el TC por la querella del Ministerio de Interior.
-Nuestra defensa apela al declarar inconstitucional la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado porque se nos están aplicando cuatro leyes por un mismo hecho (el artículo 105 de Ley de Ferrocarriles, el 323 del Código Penal y las letras A y C del artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado). Antiguamente, en Chile a los imputados por terrorismo y en los 90 a algunos comuneros mapuche se los pasaba por la justicia militar y por la civil, y por un mismo hecho recibían una doble condena. Con nosotros ocurre algo similar: se nos juzga por cuatro leyes distintas por un mismo hecho.
-Su abogado alega falta al principio de proporcionalidad, falta de fundamento objetivo, vulneración al derecho al debido proceso, entre otras.
-Hay una desproporcionalidad de la pena, que se aplica a través de la Ley de Seguridad del Estado, una medida de contexto que es muy subjetiva. ¿Cómo se puede definir que determinados hechos atentan contra la seguridad del Estado? El Ministerio de Interior y la Fiscalía tienen que argumentar cómo una barricada atenta contra esa ley y eso es muy arbitrario.
-El fiscal dice que tiene que ver con “el peligro” que se genera al “prender fuego” sobre las dos vías del tren que conectan pasajeros.
-Uno de los jueces que nos dio la libertad (esta es la segunda vez que nos la dan, pero volvimos a entrar por la apelación de Fiscalía) cuestionó que una barricada pueda descarrilar un tren, por un tema físico. Eso se tiene que demostrar y ahí hay una contradicción. Es muy subjetivo todo lo que se plantea contra nosotros.
-¿Por qué cree que los encarcelaron en la Cárcel de Alta Seguridad?
-Nosotros tenemos una posición política declarada y no tenemos problema en asumir nuestra militancia en el Movimiento Juvenil Lautaro. También tenemos harto trabajo social y popular en poblaciones. Además, por nuestra edad, somos un poco más mayores que los cabros que están en Santiago 1, que tienen entre 18 y 22 años, por lo que me han comentado. A nosotros Gendarmería nos trasladó hacia la CAS para evitar una relación entre nosotros y los cabros y la fusión de las ideas con la juventud. Dicen que al ser profesionales, nuestro nivel académico podría influir en la población penal, tanto los cabros de la revuelta como población común. Para nosotros, la cárcel es un lugar para el quehacer de la política, no es un espacio de tiempo muerto. En la cárcel se puede hacer política y ser revolucionario.
-¿Cómo son las condiciones en las que han vivido en la CAS?
-Eran 21 horas de encierro efectivo y tres horas de patio y pasillo. El patio era en la mañana y a esa hora todavía no había sol. Todo el día estaba encerrado. La celda tenía lavamanos, WC, ducha y ahí mismo estaba una cama de cemento. Nos dedicábamos a leer y al final tuvimos acceso a radio y tele, después de 30 días. Leer y escribir me permitieron salir del encierro. Para los presos comunes, esa cárcel es considerada un régimen de castigo, allí los llevan por 60 días si tienen una mala conducta.
-Llevaron a cabo una huelga de hambre líquida dentro del recinto.
-Sí, estuvimos 16 días en huelga de hambre. La empezamos el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Elegimos esa fecha porque se habla de Derechos Humanos para referirse a los asesinados, heridos, mutilados, pero los presos políticos no aparecemos por ningún lado. Quisimos visibilizar nuestra realidad, que hoy es la de más de 2.500 personas. Se nos están vulnerando los derechos humanos por no tener garantía a un juicio justo.
-En su opinión, ¿todos los detenidos y detenidas del estallido son presos políticos?
-Sí. No hay que fijarse tanto en el delito o falta que se persigue porque ese delito o falta está dentro de un contexto que es político. No importa si la persona que saqueó un supermercado tenía o no antecedentes, eso no es tema, porque el contexto define lo ocurrido. El saqueo es una conducta de desprecio de la sociedad hacia las grandes empresas. Es muy fácil decir que la gente es violentista y que la gente pobre son puros delincuentes, es la imagen que el gobierno pretende instalar. Pero el saqueo expresa el chateo de una sociedad que ya no aguanta que se le pase a llevar.
-También han habido robos y saqueos que no han sido expresión contra el capital, sino que se han cargado negocios de pequeños comerciantes o empresarios tan empobrecidos como los que se manifestaban. Eso también ha sido parte de lo ocurrido, en mucha menor cantidad, obviamente, pero ha sido una realidad.
-Ha existido una violencia ética, dirigida hacia algunos sectores como las grandes empresas o lanzamientos de piedras a cuarteles militares, que fueron una cantidad enorme que solo se puede hacer si el pueblo está movilizado. Ahora bien, siempre hay gente aprovechadora y gente mala, que se prestó para este otro tipo de actos, pero fue lo menor en términos de proporcionalidad y la gente, en general, ha rechazado también estas conductas.
-Sobre la detención del 30 de octubre, han denunciado distintas situaciones, como que fueron interrogados por un agente de inteligencia encapuchado.
-En comisaría fuimos amenazados por personal de inteligencia de Carabineros. Nos nombraron a nuestros familiares y compañeros de la organización. La persona que nos interrogó sabía algo de la política del Lautaro y ocupaba conceptos de la organización. Además, nosotros estuvimos detenidos en la misma comisaría donde ocurrió la agresión sexual al joven estudiante, la 51 de Pedro Aguirre Cerda. Vimos y escuchamos delante nuestro a policías alardeando de lo que le hicieron al joven. Un policía nos dijo directamente: ‘yo fui el que le metí la luma al joven’. Cuento esto para que se sepa el grado de impunidad que sienten los policías como para decir eso. Yo lo reconocí en la foto de la prensa, era el mismo que ahora está en la cárcel.
-Su caso llegó al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU del Cono Sur, que lo ha declarado como “prioritario”.
-Sí, es que ocurre que ninguna de las organizaciones de derechos humanos se ha pronunciado acerca de la prisión política. Nuestros familiares y amigos se han acercado un montón de veces a conversar con ellas y nadie les ha respondido. El domingo mandamos una carta a distintos organismos y nadie nos respondió, tampoco. Todos saben y están informados, pero nadie quiere pronunciarse acerca de los presos políticos.
-¿Por qué cree que es un tema incómodo?
-Creo que muchas de las organizaciones de derechos humanos están relacionadas con partidos políticos que son del poder. Invisibilizar la prisión política es parte de este acuerdo por la paz. Los organismos de derechos humanos en vez de estar respondiendo a los derechos humanos del pueblo –que no tienen color político– están respondiendo a ciertas voluntades políticas y del poder.
-¿A qué organizaciones concretas se refiere?
-INDH, Amnistía Internacional, Codepu, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión DDHH de Cámara de Diputados. Ellos responden a asuntos políticos y no a su propia labor humanista de los derechos humanos. Lo deduzco según el correlato de los hechos. Después de insistirles tanto no ha habido ninguna respuesta. El INDH ha dicho que va a hacer de observador en nuestra audiencia, pero lo que nosotros queremos es que su director se pronuncie respecto a la prisión política, si hay o no presos políticos, que vaya marcando una posición respecto a eso. Cuando fue el tema en Venezuela todos hablaban de violación de derechos humanos porque había más de 1.000 presos. Aquí van más de 2.500 y nadie dice nada.
-¿Qué opina de la situación del país casi 75 días después del estallido?
-El 18 de octubre marca un nuevo momento histórico para el pueblo chileno. Cambiaron las concepciones y formas diferentes de hacer política. Los grupos revolucionarios de izquierda hasta ahora trataban de construir a través de grandes organizaciones que convoquen, pero hoy la fuerza de las ideas se antepuso y las ideas fueron las promotoras de este movimiento. No fue una organización con miles de militantes. La idea de que el pueblo no sabe, es ignorante, también cambió. Con este estallido reaparece la concepción de pueblo, un pueblo que nunca ha dejado de pelear. La fecha clave será abril y octubre para el escenario político que viene en Chile.
-¿Hay que participar en ese plebiscito de octubre?
-Esta nueva Constitución armada bajo el mismo sistema político y económico no va a resolver ninguna necesidad del pueblo de Chile. Se está fraguando un nuevo fraude histórico.
-¿Entonces es mejor seguir con la Constitución vigente?
-Una nueva Constitución habla de una nueva realidad para un país y acá no existen transformaciones reales. Por ejemplo, una democracia participativa que no sea decir sí o no, sino que esté centrada en el debate. Vamos a seguir con las mismas necesidades porque la democracia y el capitalismo están diseñados para no resolver las necesidades. En este escenario, entre la Constitución de Pinochet y lo que pueda salir de acá, ojalá que esta pueda dar respuesta a las demandas del pueblo, pero yo no veo eso. Creo que ya está todo zanjado de antes.
