Los diputados Jaime Mulet (FRVS), Marcelo Díaz (PS) y Miguel Crispi (RD), serán los interpeladores del ministro de Hacienda, Ignacio Briones; la ministra del Trabajo, María José Zaldívar; y del ministro de Salud, Jaime Mañalich, respectivamente. Los tres conversaron con El Desconcierto y adelantaron cuáles serán sus estrategias para la próxima semana, cuando se enfrenten a ellos en la Cámara de Diputados.
La próxima semana tres ministros de carteras clave dentro del gabinete tendrán que presentarse en el Congreso para responder una serie de preguntas sobre los anuncios post estallido social, que la oposición ha considerado insatisfactoria. Pese a que estas acciones no conllevarán sanciones para los secretarios de Estado ni tampoco los inhabilitará de ejercer cargos públicos, a diferencia de la acusación constitucional, el objetivo es que transparenten a la ciudadanía la “profunda agenda social”, como la ha denominado en varias ocasiones el Presidente Sebastián Piñera.
Consultados por El Desconcierto, los diputados interpeladores Jaime Mulet (FRVS), Marcelo Díaz (PS) y Miguel Crispi (RD), ven esto como una oportunidad para que el gobierno aclare sus pretensiones: si van a apostar por hacer cambios sustantivos o, por el contrario, si no hay voluntad política para implementarlos. De las propuestas conocidas hasta ahora relacionadas a estas tres áreas, dicen que son poco novedosas y que las respuestas han sido tardías desde La Moneda.
La primera que tendrá que dar cuenta de su gestión en el Congreso será la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, este martes 7 de enero, y será interpelada por el diputado y ex vocero de Bachelet, Marcelo Díaz (PS). Serán dos los ejes que tendrán mayor relevancia en la interrogación que hará el parlamentario: el laboral donde, si bien hay un anuncio de modificar el sueldo mínimo a través de un subsidio garantizado, la base se mantendría igual; y el previsional. “Tenemos la sensación de que el gobierno no tiene voluntad de introducir cambios y que solo quiere hacer ajustes. Estas dos materias dependen exclusivamente del Ejecutivo», asegura Díaz.
Luego viene el turno del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien tendrá que presentarse en la Cámara de Diputados el miércoles 8 de enero. La «crisis hospitalaria» que no se basa en la construcción de hospitales será el gran motivo para la interpelación que estará a cargo del diputado Miguel Crispi (RD).
«Uno no le puede exigir al ministro eso; la gestión hospitalaria y la forma en que el año pasado explotó en una crisis ha estado siempre latente, pero el año pasado fue muy dura: hubo ausencia de insumos básicos en distintos centros de salud. Es allí donde se ve cuestionada la principal credencial del ministro Mañalich», dice Crispi.
En esa línea, evalúa que 2019 fue «dentro de las precariedades de la salud pública, uno de los peores años para quienes allí se atienden».
El viernes pasado, el ministro de Salud señaló que el domingo el presidente Piñera anunciará la reforma a Fonasa. No obstante, no entró en detalles: «Preferiría reservarme para la entrega que va a hacer de esa información su Excelencia, el Presidente de la República, que va a explicar como corresponde». No obstante, precisó que «la comisión de salud de la Cámara de Diputados no tiene ningún proyecto crucial respecto a los requerimientos sociales de la ciudadanía hoy día».
«El sistema de Fonasa es complejo», adelanta el diputado Crispi sobre la base de los anuncios que ha hecho el gobierno. Y sigue: “Lo que se ha dicho hasta ahora es que se avanza hacia un sistema de multiseguros, es decir, que Fonasa entra a competir como una nueva Isapre y no (se posiciona) como un sistema nacional de seguridad social en salud”. La solución, a su parecer, sería recuperar la solidaridad para la salud de las personas.
Crispi enfatiza en que las demandas ciudadanas pasan por un cambio en el ámbito social, que dé seguridades y certezas. «Eso habla de un sistema de protección social que Chile no tiene, que proteja a los ciudadanos, no por su capacidad de pago, sino por su condición de ciudadanos», concluye el diputado por la Región Metropolitana.
El último en pasar por este control legislativo será el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y el diputado interpelador será Jaime Mulet (FRV). El foco del interrogatorio estará puesto en el sistema tributario y en los mecanismos de recaudación de impuestos para la llamada “billetera fiscal”. Sobre esto adelanta algunos temas más específicos: el tratamiento de las pymes, la política fiscal, las cifras de inversión económica, de crecimiento y de productividad, la ley de rentas regionales.
“Hasta ahora vemos un gobierno que sigue tan rígido como antes (…) El énfasis que voy a colocar es en qué aspectos está dispuestos a introducir cambios a un modelo que ha fracasado por la concentración de riqueza, de ingresos, y que hoy la ciudadanía da cuenta en la protesta social”, expresa el parlamentario.
El diagnóstico que hacen los parlamentarios es que, en aspectos generales, las tres interpelaciones de la próxima semana muestran que al gobierno «le cuesta mucho gobernar” y que “no hay una agenda social, o que el Presidente sigue hablando de una agenda social que no existe».
/Presidente Sebastián Piñera junto a ministros de Hacienda y del Trabajo. Agencia Uno
Las acciones que ha emprendido la oposición han generado molestia al interior del gobierno. La vocera de gobierno, Karla Rubilar, pidió al Congreso que no “abuse de esta herramienta” porque podría terminar por deslegitimarla. “Queremos que el Congreso tenga herramientas poderosas para hacer al gobierno rendir cuenta”, expresó. Sin embargo, otras voces al interior de la coalición oficialista, como el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, se han mostrado a favor de las interpelaciones antes que las acusaciones constitucionales.
Mulet rechaza este punto: “Este es un ejercicio democrático básico y en ningún caso busca entorpecer la labor de los ministros. Es una oportunidad diálogo, más hoy donde las exigencias son mayores”, expresa. Marcelo Díaz, en tanto, apuesta por seguir utilizando de manera más frecuente esta herramienta y que no se trata de un “gallito” entre interpeladores e interpelados. “Es sumamente relevante en el caso nuestro donde el gobierno tiene tanto poder”, subraya el ex secretario de Estado.
Finalmente, sobre los efectos colaterales que podrían tener estas acciones en la labor legislativa, Miguel Crispi cree que «no es porque al hacer estas interpelaciones estamos dejando de legislar proyectos de ley muy importantes que haya mandado el gobierno. Nos faltan los proyectos de ley. Lo que estamos haciendo aquí es efectivamente para que el gobierno cumpla con sus promesas, porque eso prometió. ¿Dónde están?».
Así se inicia un año complejo para el gobierno con un gabinete seriamente cuestionado que tendrá que rendir cuentas por sus gestiones que no han dejado contentos ni a la oposición ni al mundo social, que sigue protestando por conseguir cambios profundos a un modelo económico y social que ha posicionado al país como uno de los más desiguales de la región.
