Opinión

¿Profesionales al servicio del país? Universidad pública y Arqueología académica

Por: Catalina Soto Rodríguez / Publicado: 06.01.2020
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No es mi idea con este texto menospreciar el trabajo de quienes de manera individual han ido en contra de las fuerzas administradoras del malestar de la “Transición”, pero sí indicar con fuerza que, si no revisamos lo que sucede a nivel local de nuestras disciplinas, las instituciones que las reproducen y sus estructuras de poder, el país no cambiará más que su apariencia y ropajes, ocultando situaciones estructurales que por acción u omisión seguimos validando.

Estos últimos dos meses han sido una gran sacudida a la convivencia en el país y a nuestras vidas. Este estallido de rabia y dignidad inédito ha llevado a las personas de diferentes sectores y territorios a manifestarse en conjunto -señalo en conjunto debido a que por separado cada uno de los grupos manifestantes tiene una historia rastreable con hitos específicos: pensionadas/os, mujeres, hinchas del fútbol, estudiantes secundarias/os, universitarias/os, becarias/os e investigadoras/es, gremios de la salud, de profesoras/es, comunidades barriales, campesinas e indígenas en defensa de territorios, entre muchas otras. Sin ahondar en las razones que han impulsado a la sociedad a la calle -analizadas por múltiples actores sociales en charlas y columnas de opinión[i]-, quisiera profundizar en un asunto que me preocupa sobre manera desde hace algunos años, en mi calidad de profesora a honorarios de diferentes universidades y como estudiante de posgrado de la Universidad de Chile: el concepto de Universidad Pública y la formación de profesionales al servicio de la comunidad. Esta reflexión parece de perogrullo cuando nuestras universidades suelen tener en sus estatutos como su visión y su misión al servicio del país[ii], la iluminación de la sociedad con sus estudios sociales, sus investigaciones históricas, filosóficas, políticas y sus proyectos científicos y tecnológicos.

Sin embargo, como durante años se ha constatado y recriminado, la institucionalidad universitaria está alejada de sus propios principios e ideales, con la salvedad de un puñado de académicas y académicos que aún sostienen esa vocación pública, básicamente porque fueron formados en el paradigma del Estado de Bienestar – ese mismo que la dictadura cívico-militar de Pinochet y sus Chicago boys destruyó-, o por formación política de interés individual. Pero lo que hoy llamamos la Universidad Neoliberal es sólo una arista del problema dentro de nuestras instituciones, las mismas que hoy se posicionan como vanguardia, sustentada especialmente en indicadores de impacto de sus publicaciones y otros elementos según los criterios del primer mundo. Pese a varias reformas que intentan democratizar las universidades, más anquilosada dentro del sistema universitario es su anticuada estructuración, funcionando bajo una dinámica que se reproduce en torno a cúpulas de poder que funcionan más bajo las lógicas de los sistemas de parentesco y compadrazgo, así como de alianzas políticas entre familias (a veces feudales) como las estudiadas por la antropología tradicional, y no por una efectiva y sincera meritocracia (la que hasta ahora es un eufemismo patente, ya que por la configuración de nuestra sociedad está lejos de ser posible). Como en diferentes ámbitos, más que instituciones nos encontramos con agentes que personifican la perpetuación de esas dinámicas, incluso a pesar de la fuerza del paradigma neoliberal. Cual espejo de la sociedad la Universidad de Chile muestra las mismas falencias que hoy se critican en las calles. Esto se ha dicho en diferentes contextos y desde hace unos años lo hemos venido recalcando desde la Asamblea de estudiantes de postgrado de la Facultad de Filosofía y Humanidades[iii].

A modo de ejemplo quisiera adentrarme en la historia de un campo específico de estudio que es el que más conozco, pero puedo observar que tiene varios puntos en común con la realidad de otras áreas, desde las Artes a la Medicina. En el año 2008 algunos arqueólogos[iv] enunciaban que en la arqueología chilena del nuevo milenio habría “gobernado el individualismo; la competencia académica y las prioridades del mercado, consistentes con los discursos modernos y postmodernos” lo que habría “limitado la reflexión crítica de nuestra práctica y las posibilidades efectivas de contribuir a una transformación social”. Identifican también un “aislamiento de nuestra práctica y producción en relación con Latinoamérica y el mundo y la contradicción entre esta ‹arqueología moderna› y un Chile con una forma de ser cada vez más cercana al saber postmoderno en el que se desenvuelve”. Este diagnóstico atribuye sus causas, entre otras, al “desperfilamiento de la Universidad de Chile en términos de financiamiento y su necesidad de competir con otras universidades en busca de recursos provenientes del capital privado y estatal”.

Sin embargo, como en otros diagnósticos respecto de la situación de las diferentes disciplinas y las universidades, se atribuyen todos los males que nos aquejan a los miedos provocados por la Dictadura entre los investigadores más críticos -mayor aún en aquellos cercanos al marxismo- y las consecuentes políticas del neoliberalismo dictatorial y su profundización por parte de los denominados gobiernos de la “Transición” mejor conceptualizada como “Posdictadura”. Pero como un buen ejemplo de la situación dentro de la Universidad de Chile, los problemas del Departamento de Antropología encuentran sus responsables políticos en académicos claramente identificables respondiendo mucho más a las lógicas de los sistemas de parentesco antes mencionados, en donde primó la protección celosa de la reproducción de líneas de investigación que no opacasen a quienes aún permanecían como bastiones de la Dictadura o de la Posdictadura. Ya no es ni tan secreto a voces que en la carrera de Arqueología -única sobreviviente luego del ‘73, periodo en el que las sedes regionales son desmanteladas, fusionadas con la UTE y por supuesto, sus núcleos de pensamiento más comprometidos con el proyecto de la Unidad Popular exiliados, torturados y detenidos desaparecidos- lecturas de declarados pensadores de izquierda como Felipe Bate y Julio Montané, y de uno de los más prolíficos de los arqueólogos chilenos, el Premio Nacional de Historia Lautaro Núñez, estuvieron fuera de las aulas hasta bien entrado los ‘90[v]. La omisión o la mención anecdótica de las arqueólogas pioneras por cierto que ha sido más atroz.

En este concierto, en un declarado individualismo en las escasas plazas que proveen los proyectos Fondecyt -fondo alabado por algunos colegas de la región-, cuyo origen y durante décadas veía multiplicados los intereses de investigadores que estuvieron presentes tanto como representantes de la Sociedad Chilena de Arqueología (SCHA), como auditores del trabajo de otros colegas y observadores patrimoniales en el Consejo de Monumentos Nacional (CMN), como docentes en la Universidad de Chile y a su vez como evaluadores y adjudicantes de proyectos dentro del sistema Fondecyt. Es en este contexto donde nos encontramos con la Ley 19.300 de Bases del Medio Ambiente, promulgada en marzo de 1994, que aumenta la empleabilidad, las remuneraciones y el interés por la disciplina, lo que repercute en una nueva expansión universitaria en la década del 2000 en donde se abre la carrera en una universidad pública y en dos privadas, distribuyéndose las posibilidades del ejercicio según el prestigio de las universidades y las capacidades políticas de los docentes que en ella ejercieron. Desde la misma academia se fuerza una distinción dicotómica casi moral entre la Arqueología como investigación -pura, noble y de voluntariado- y una Arqueología de impacto ambiental neoliberal -sin objetivos científicos, acrítica y guiada por las lógicas de mercado.

De cualquier manera, ninguna de estas Arqueologías predominantes ha producido profesionales al servicio del país si no es por esfuerzos muy personales relacionados con trayectorias e historias de vida específicas, pero que están lejos de ser atribuibles a los esfuerzos de las universidades. Basta ver la poca importancia de los estudios arqueológicos, los que son marginales dentro de los programas de estudio de la educación básica y media. Ello a pesar de la relevancia estratégica que esta disciplina tuvo para el Estado que a principios de siglo XX intentaba consolidar su legitimidad en territorios como Arica, Tarapacá, Antofagasta y la Araucanía, contratando arqueólogos extranjeros. Peor aún, son diversos los reclamos -en especial de comunidades indígenas- que consideran a los arqueólogos personas no gratas[vi]. Múltiples son las historias de cuerpos extraídos de su descanso a espaldas de sus descendientes, de investigadores nacionales y extranjeros exigiendo con superioridad y violencia con el permiso de CMN acceso a terrenos particulares o simplemente ingresando a territorios de forma solapada, o el reclamo sobre la obtención de piezas o conjuntos de piezas expoliadas por coleccionistas para su depósito y resguardo en museos donde son los arqueólogos los principales estudiosos[vii]. Ahora además somos acusadas/os de legitimar la intervención de empresas extractivistas en territorios campesinos e indígenas, mientras nos excusamos diciendo que si no estamos nosotros este patrimonio puede verse seriamente afectado. De algo tenemos que vivir.

Continuando con mi desacuerdo en que esto es resultado únicamente del sistema Neoliberal, el que dirige nuestro devenir sin que podamos hacer mucho, hoy, en retrospectiva, podemos retomar que, tanto en la Arqueología como en las universidades, fueron y son personas las que encarnan la lógica del proteccionismo de ciertas formas tradicionales de relación, que hoy más que nunca están siendo cuestionadas. Alternativas a la investigación y el mercado se perfilaron en diferentes momentos de la historia, cuando José Berenguer argumentaba en favor de una “Arqueología del presente” que fuera auxiliar de apoyo de las Ciencias Sociales[viii], o más aún cuando este y otros colegas (ej. O. Olmos, P. Núñez, L. Núñez, I. Cáceres, C. Carrasco, K. Jensen) apoyaron procesos judiciales aplicando los métodos de la Arqueología en el rescate e identificación de cuerpos de Detenidos Desaparecidos[ix]. Esto último se ha inmiscuido en mis reflexiones el último tiempo: ¿por qué en Chile no se ha desarrollado de manera contundente una Antropología/Arqueología forense como la que se ejerce en Colombia, Uruguay y Argentina? ¿por qué se concentró este tipo de formación en la más tardía consolidada especialidad de Antropología Física? ¿por qué sólo quienes están interesadas/os en estas temáticas se agrupan en torno al Servicio Médico Legal (SML), el que siendo un espacio disciplinar en expansión, aún es disputado con especialistas en Medicina Forense?

Podríamos argumentar que las respuestas a estas preguntas las encontraremos en el aislamiento teórico después del ‘73, la cercanía con el medio arqueológico estadounidense o con las imposiciones competitivas del neoliberalismo. No obstante, como enfermedad de las universidades públicas en general, creo que la ausencia de una formación forense y/o útil a los problemas del presente se relaciona mucho más directamente con quiénes se dedicaron a administrar la “Posdictadura”. Sabemos que las negociaciones en el Estado no sólo se desarrollaron a nivel político presidencial, parlamentario y militar, que permitieron que Pinochet fuera senador designado durante cuatro años y que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) se dedicara a desmantelar grupos insurgentes armados aprovechando además de limitar la acción civil independiente del Estado. Nuestra capacidad de reconstituirnos ha estado mediada por grupos que dentro de las universidades se han negado, en el caso de la Arqueología, a la generación de una disciplina sensible al patrimonio no estatizado, a la historia reciente e incluso al presente que nos vincula directamente con las comunidades indígenas como productoras de los materiales y contextos que estudiamos. Justamente en un momento como el actual, nos encontramos con profesionales con pocas herramientas para incidir en el presente, sin un grupo de investigación independiente ni cercano a lo que es el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que se conforma luego de la caída de la dictadura de Videla y que ha trabajado en más de 50 países.

No es mi idea con este texto menospreciar el trabajo de quienes de manera individual han ido en contra de las fuerzas administradoras del malestar de la “Transición”, pero sí indicar con fuerza que, si no revisamos lo que sucede a nivel local de nuestras disciplinas, las instituciones que las reproducen y sus estructuras de poder, el país no cambiará más que su apariencia y ropajes, ocultando situaciones estructurales que por acción u omisión seguimos validando. Durante mucho tiempo las universidades no se han hecho cargo de los problemas del país, creo que en el momento previo al 18 de octubre a varias/os de nosotras/os nos estaba quedando más que claro que el negacionismo sólo era posible porque no hubo una política de Estado fuerte que interviniera las modificaciones institucionales que dejó la Dictadura. Si lo duda un poco, vaya y revise lo que sucede con Carabineros y las Fuerzas Armadas, instituciones que por lejos debieron haber sido las más observadas en estos 30 años, pero que en estos días hemos comprobado que mantienen prácticas idénticas a las registradas en dictadura. ¿Qué queda para las universidades y otras instituciones que se vieron más como víctimas que como vectores de esta? Me parece que tal como el país pasa por un proceso constituyente, las universidades estatales requieren una reforma profunda a sus estructuras de poder, que democratice las decisiones y erradique sus objetivos individualistas, de competitividad y de mercado. Ello ayudaría a la conformación de una comunidad que confíe entre sí, realmente solidaria y sensible que podría acercarnos a la generación de una necesaria empatía universitaria con los problemas sociales.

[i] Por ejemplo, Saqueos de primera y segunda clase, del profesor Grínor Rojo.

http://www.filosofia.uchile.cl/noticias/159729/saqueos-de-primera-y-segunda-clase

¿Vándalos? De la directora del Archivo Andrés Bello, Alejandra Araya

https://radio.uchile.cl/2019/11/06/vandalos/?fbclid=IwAR37P_5oc473JtExQmrXuIFUEsCXvA6Q9f9JSOy9CDKHg4sxuAEaTgKfMLg

[ii] Misión de la Universidad de Chile: https://www.uchile.cl/portal/presentacion/institucionalidad/39635/mision-y-vision

[iii] Desde el estallido social a la universidad pública. https://www.facebook.com/notes/asamblea-postgrado-filosof%C3%ADa-y-humanidades/desde-el-estallido-social-al-despertar-de-la-universidad-p%C3%BAblica/2295898177367040/

[iv] Troncoso, A., Salazar, D., & Jackson, D. (2008). Ciencia, estado y sociedad: retrospectiva crítica de la arqueología chilena. Arqueología Suramericana, 4(2): 122–145.

[v] Carrión, H., C. Dávila, A. Delgado, N. Fuenzalida, P. Kelly, F. Moya, S. Rebolledo, S. Sierralta, J. Sepúlveda y C. González. 2015. Evaluación de la Arqueología Social en Chile: desarrollo histórico y revisión crítica del proyecto disciplinar. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 45: 95-114.

[vi] Para más detalle sobre algunos de los casos conocidos públicamente ver Ayala, P. (2017). Arqueología y pueblos indígenas: los casos aymara, atacameño, mapuche y Rapa Nui. Boletín de la Sociedad Chilena de Arqueología 47: 69-92.

[vii] Paillalef, J., 1998. Una Mujer Indígena frente al Patrimonio. En Patrimonio arqueológico indígena en Chile, reflexiones y propuestas de gestión, X. Navarro (comp.), 77–82. Santiago: Instituto de Estudios Indígenas, Universidad de la Frontera, UNESCO.

[viii] Berenguer, R. J. 1985 Redefiniendo la Arqueología. En Arqueología y Ciencia: Primeras Jornadas, editado por L. Suarez, S., L. Cornejo, B., y F. Gallardo, I., pp. 103–126. Museo Nacional de Historia Natural, Santiago, Chile.

[ix] Fuenzalida, N. (2017). Apuntes para una arqueología de la dictadura chilena. Revista Chilena de Antropología 35: 131–147.

Catalina Soto Rodríguez
Arqueóloga, Candidata a Doctora en Estudios Latinoamericanos (CECLA, U. Chile)
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