Salud en el marco de un Estado Social de Bienestar en Chile: un futuro posible

Con más fuerza y convicción que nunca, desde el 18-O, el país exige más y mejor salud. Las demandas han sido recogidas en agendas sociales, en anuncios de “Reformas” y por propuestas de diversos actores. Enhorabuena. La pregunta es si con estas iniciativas, se abordan los problemas de fondo: un modelo de desarrollo económico y social de mercado y un Estado que no ha puesto como centro el bienestar de su gente, sino el crecimiento económico -importante pero no suficiente-Por muchos años se nos ha planteado la disyuntiva, falaz y amenazante, entre crecimiento y desarrollo sustentable, entre un Estado ineficiente y un sector privado confortable y oportuno.

Hoy apostamos a un nuevo modelo, con Más y Mejor Estado, y no cualquier Estado, un Estado Social de Bienestar, instalando en el centro de su accionar la equidad para los habitantes de Chile. No nos podemos permitir más desigualdades injustas y evitables, a costa de los más vulnerables.

La salud de una población es el resultado de múltiples factores, y el objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que las personas disfruten de una vida saludable y creativa. Todo cuanto ocurre en el entorno social influye en el estado de salud y no se concibe desarrollo sustentable sin una población saludable.

Sin lugar a duda, este nuevo y mejor Estado será materia del cambio constitucional, que se acerca a pasos agigantados, gracias a la ciudadanía.

La Reforma al FONASA, plantea públicamente objetivos intermedios a los que nadie podría oponerse: Acceso oportuno a la salud, mejor atención y servicio para sus afiliados y disminución del gasto de bolsillo. Lo que deberá discutirse muy profundamente, son los mecanismos que se plantean para lograrlos, y como lo propuesto va o no en la dirección de lo que la ciudadanía hoy demanda: Seguro Único de Salud, mayor financiamiento al sector público -para que las personas accedan con oportunidad, calidad y dignidad, foco en la Atención Primaria de Salud Universal y la Salud como un derecho.

Establecer plazos máximos o aceptables de atención para prestaciones NO GES, hay que decirlo, fue una iniciativa del segundo Gobierno de la Presidenta Bachelet, al encontrarse con una lista de espera cercana a 2 millones de personas. Esto fue luego ratificado por la Comisión Asesora Médica convocada para analizar los Tiempos de Espera, y cuyos avances en su desarrollo se plasmaron en la entrega de Gobierno. Hay que felicitar cuando iniciativas de un Gobierno son continuadas por el siguiente. Definir plazos máximos y un mecanismo técnico de priorización ante una Lista de Espera son medidas relevantes y necesarias. Una propuesta como ésta debe acompañarse del fortalecimiento de la Red Pública de Salud, para que esté preparada para cumplir con los plazos que se definan, levantar y modernizar procesos críticos en la Red de Establecimientos, financiar los gastos reales y no partir del supuesto que el Sistema Público no cumplirá, y habrá que necesariamente derivar pacientes a  entidades privadas, que además no cubren el territorio nacional. Debe incorporar el cierre de brechas estructurales del sistema público en recursos humanos, financieros e infraestructura, Si esto no ocurre, puede interpretarse como un traspaso “asegurado” de recursos al sector privado

Un Plan de Salud Universal, que no sea un paquete básico de prestaciones, es una excelente idea, si se acompaña de medidas realmente estructurales para que la Red Pública de Salud sea capaz de entregar cuidados en salud, con continuidad de la atención, calidad y oportunidad, en un modelo de Redes Integradas. Si no blindamos y fortalecemos esta Red, correremos el riesgo de transformar este “Plan” en un mecanismo formal de flujo de recursos a prestadores privados, donde no están regulados los márgenes de ganancias (de paso se podría aprovechar de regular precios máximos de atenciones de Salud en el país) y se profundizará la fragmentación de la atención. Debemos aprender de la experiencia del GES, que permitió mayor acceso a la atención médica especializada, pero sin que hasta ahora se hayan demostrado logros suficientes en promoción y prevención, e incentivó la proliferación de sociedades médicas y compras a privados de muy difícil regulación.

Debemos avanzar a una Atención Primaria Universal, no con población “inscrita” por consultorio, sino con población “a cargo” territorialmente, donde todos los habitantes del país estemos incluidos, con uniforme y sin uniforme, con o sin seguro, y donde se financien los gastos inherentes a la población a cargo, con sus riesgos y vulnerabilidades, y el ambiente que la rodea. Sería un avance en cohesión social y podría ser el puntapié inicial del fondo mancomunado y de un sistema universal. Todos aportamos, nos beneficiamos y solidarizamos entre nosotros.

Disminuir el gasto de bolsillo es un objetivo pro equidad en materia de salud (sobretodo en Chile, donde tenemos un porcentaje vergonzosamente alto), y más que discutir sobre cuánto es el descuento que la cadena de farmacias x o z le hará a los afiliados de FONASA, debiéramos focalizar los esfuerzos para que las Farmacias de Hospitales y Centros de Atención Primaria tengan la más amplia y completa canasta de fármacos u otros productos, de primera calidad, para entregar oportuna y gratuitamente, o con un copago mínimo. No se necesita una cadena privada, si tenemos una red de farmacias públicas institucionales. Un ejercicio a revisar es lo que se hizo con el Fondo de Farmacias creado en el Gobierno anterior.

Más y Mejor Estado en Salud es avanzar en calidad, oportunidad y dignidad en la atención, avanzar a un modelo de sociedad en que ponemos el bienestar de todos los habitantes del país (desde Putre a Puerto Williams, donde no hay oferta privada de salud, por cierto) por encima de los privilegios de algunos. Todas las nuevas iniciativas previas al cambio constitucional no debieran perder este foco.