No basta con el fin de la PSU

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) ha rendido examen desde su creación. Los cuestionamientos no sólo técnicos, sino también derivados del mundo social, no son nuevos. Sin embargo, este instrumento lleva 15 años estoico.

¿Qué pasó durante todos estos años? De este cuestionamiento han surgido propuestas en paralelo y complementarias, como los propedéuticos, el Programa PACE y cuotas de ingreso a ciertas carreras. En los últimos meses, y a propósito del estallido social que hemos vivido en nuestro país, hemos podido evidenciar que existe un sistema en crisis, una institucionalidad sobrepasada y un cuestionamiento transversal a la forma en que se ha pensado el Estado y su relación con las personas. Constantemente han sido ignoradas las demandas de cambio (AFP, sueldos, educación pública, salud, vivienda, etc.). Como hemos visto en las calles desde el 18 de octubre, la desigualdad que se vive en este país es cuestionada desde distintos frentes, y la PSU es una expresión más de la segregación a la que se enfrentan los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Un motivo más por el que seguir pateando piedras.

¿Qué podemos esperar de un instrumento que fue creado sin ser piloteado en la población del país, con una matriz de ingreso a la educación superior muy diferente a la actual?

Salió del horno para el proceso de admisión 2004, en reemplazo de su antecesora Prueba de Aptitud Académica (PAA), pero con una diferencia crucial: mide un currículo limitado hasta 4to medio y no aptitudes y destrezas como la anterior. Cuando se implementó la PSU, la promesa era reducir la brecha de desigualdad, sosteniendo que se basaba en un currículo único y aportando al objetivo de seleccionar a quienes puedan tener mejor rendimiento en las Universidades del Sistema Único de Admisión. ¿Alguien puede aseverar que la promesa se cumplió?

Variadas investigaciones educativas, informes internacionales y nacionales han demostrado una y otra vez las falencias del actual instrumento. Si hay un consenso es que esta herramienta no sirve para lo que fue creada, ni para el Chile de hoy. Es más, incorpora múltiples y diversos sesgos a la hora de la evaluación, discriminando al estudiantado según su género, modalidad educativa, nacionalidad y diversidad funcional. La PSU tensiona al sistema escolar a “pasar” contenidos con el fin de cumplir con el currículum obligatorio -lo que evidencia las brechas entre distintos establecimientos del país según su financiamiento y ubicación geográfica- y, además, lejos de las recomendaciones internacionales, es utilizada como requisito para otorgar financiamiento de estudios (para postular a diversos beneficios estudiantiles se pide un puntaje mínimo cercano a los 600 puntos). Con estas barreras que excluyen año a año a grupos específicos, ¿podemos decir que en Chile existe el derecho a la educación? Pues si el ejercicio de mis derechos es algo que no todas las personas pueden ejercer, entonces se convierte en un privilegio.

Es preciso preguntarse no sólo por quienes logran ingresar a la educación superior sorteando todas estas barreras:¿Quiénes son las personas que están quedando fuera? Recordemos que en el año 2014 se registraron más de 500 establecimientos públicos donde ninguna persona ingresó a instituciones del CRUCH: ¿No hay en estos liceos y territorios personas que puedan ser buenos profesionales? ¿Las personas con diversidad funcional no deben acceder a educación superior? ¿Las mujeres o las personas de las disidencias de género tienen menos capacidades de aprendizaje que los varones y esa es la razón por la cual les va peor en la PSU?

En este escenario vemos con buenos ojos lo que sucede, creemos en la protesta social como un elemento fundante de los cambios estructurales. Sin embargo, aun cuando este fuese el fin de la PSU, el problema no se acaba ahí: las barreras en el ejercicio del derecho son múltiples y no sólo aparecen antes y durante el acceso a la educación superior, sino que continúan y mutan en los primeros años de educación terciaria.

Creemos que el presente nos desafía hoy más que nunca a pensar en alternativas de ingreso a la Educación Superior, pero no es sólouna cuestión de acceso. Los buenos resultados obtenidos por el estudiantado en experiencias de programas como los propedéuticos o PACE han demostrado, una vez más, que es necesario mirar la trayectoria de estudiantes y no sólo su rendimiento en una prueba realizada una vez al año. Asimismo, los programas que no consideran la PSU están transformado no sólo las vías de acceso, al disminuir barreras, sino la configuración de la educación superior. Estamos seguras que el ingreso de personas de diversos sectores sociales permite garantizar la diversidad de estos espacios y, creemos también, que esto es un requisito fundamental para asegurar la calidad educativa. ¿Estamos las instituciones involucradas preparadas para aquellos cambios?