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Opinión

Abstrusas/os, PSU y protestas sociales

Por: Diputada Camila Rojas Valderrama y Senador Juan Ignacio Latorre | Publicado: 12.01.2020
Abstrusas/os, PSU y protestas sociales | Foto: Agencia Uno
El término “abstrusa/o”, utilizado como adjetivo significa “de difícil comprensión”. Compartimos con el Rector Valle que las declaraciones y el actuar de la ministra Cubillos son difíciles de comprender. Sin embargo, este adjetivo es también extensible a otras personas y sectores políticos. En esta carta desarrollaremos un esfuerzo por comprender estas reacciones.

La palabra utilizada recientemente por el rector Aldo Valle para referirse a la Ministra de Educación, es conveniente para comprender las reacciones al conflicto suscitado a raíz del llamado a “Boicot” a la PSU por parte de estudiantes secundarios. El término  “abstrusa/o”, utilizado como adjetivo significa “de difícil comprensión”. Compartimos con el Rector Valle que las declaraciones y el actuar de la ministra Cubillos son difíciles de comprender. Sin embargo, este adjetivo es también extensible a otras personas y sectores políticos. En esta carta desarrollaremos un esfuerzo por comprender estas reacciones.

La derecha y el gobierno han reaccionado en dos niveles. En el primero, desdibujan el debate educacional en favor de un debate de orden público, en el cual la Ministra toma un camino de castigo (similar al que uno esperaría de un Ministro del Interior de este gobierno) y hace caso omiso a las razones detrás de las protestas contra la PSU, el sistema de selección universitaria, que efectivamente es un instrumento reproductor y profundizador de injusticias y desigualdades sociales. En un segundo nivel, sectores de la derecha, a partir de las protestas y suspensiones de la PSU, han señalado que en este contexto de “falta de orden público” no se puede emprender un proceso constituyente.

En ambos niveles, la derecha niega un camino en que la ampliación de la democracia haga posible procesar institucionalmente esta y otras demandas sociales. En cambio, pretende restringirla, escondiendo bajo la alfombra que las expresiones de descontento precisamente emanan de la falta de respuestas concretas a estas demandas.

Esta simplificación excesiva de un problema complejo no viene solo de la derecha, sino que también de sectores de la oposición, que miran el problema de la PSU como uno de orden público. Esto empantana a la oposición en un debate sobre si legitimar o condenar la violencia y, de facto, se renuncia a la articulación de una solución. De la mano de esta reducción del problema social a uno de orden público, se fija la mirada solamente en la PSU como instrumento responsable de las desigualdades y, consiguientemente, limita su preocupación a medidas correctivas.

Para superar estos reduccionismos es fundamental no perder de vista la profundidad de los problemas que denuncian estas movilizaciones. En educación, es preciso transformar un sistema de mercado, que segrega y maximiza utilidades, estableciendo diferentes formas  de medición de rendimiento (SIMCE; PSU; Evaluación Docente, entre otras) y no limitarnos a una de esas mediciones y a eventuales factores de corrección. De lo contrario, difícilmente podremos comprender tanto esta movilización, como las que la han antecedido durante las últimas décadas.

Para responder a la ciudadanía es fundamental tener voluntad política, creatividad y flexibilidad para enfrentar los complejos problemas detrás de estas movilizaciones. En lo urgente, ante las medidas represivas de este gobierno contra el “boicot de la PSU”, es necesario que rectores den pasos inmediatos y pongan todas las herramientas a disposición para introducir criterios de justicia en admisión para este año 2020. Junto con garantizar los derechos de quienes se han visto afectados la PSU, es necesario tener mayor consideración a criterios distintos de los resultados del puntaje, tales como aumentar cupos para ingresos especiales y ampliar  la  oferta educativa en relación con la cantidad de postulantes, que son sólo algunas de las medidas que podrían adoptarse y que requieren un diálogo con los actores relevantes.

Es  preciso dibujar el horizonte de cambios para enfrentar los problemas profundos de nuestro sistema educativo y plantearlos en clave constituyente. En vez de concentrarse en la herramienta de selección en un mercado educativo, expandir la educación de calidad a través de la educación pública. De este modo se revierte la hegemonía privada del sistema,  se avanza en garantizar universalmente la educación superior a todas y todos los egresados de enseñanza media que así lo deseen, y con eso se asegura su libertad y desarrollo personal. Para que de una vez por todas, la educación en Chile  no siga quedando a la deriva del mercado.

Diputada Camila Rojas Valderrama y Senador Juan Ignacio Latorre