Ecocidio, agua y una ministra fashionista

«Yo también comencé mi carrera política como Ministra de la Mujer y luego como Ministra de Medio Ambiente», le habría confidenciado la magnánima Canciller Ángela Merkel a Carolina Schmidt, la titular chilena el pasado 14 de mayo. Así, al menos, comenzaba la nota de prensa oficial de nuestro Gobierno que celebraba un hito en el cursus honorum hacia la COP 25: el Décimo Diálogo de Petersberg (en Bonn) creaba la alianza global por la regulación de los mercados de carbono y la internacionalización del modelo suizo. Todo con la firma fundacional del Presidente Piñera. Ese sería el piso mínimo de la gran negociación de noviembre y Santiago se convertía, desde ya, en la sede del revisionismo de la economía del cambio climático. Un texto noticioso donde lo más relevante era su fotografía de alta resolución. En la imagen, divina para sus seguidores; dignísima de sfilata milanesa o incluso para el haute couture del Palacio Rodin —según los más refinados—, estaba nuestra secretaria de Estado junto a la mujer más poderosa de Europa y su respectiva ministra de Medio Ambiente.

Eso, antes de Greta Thumberg y el vendaval del octubre 18.

El fashionismo ecléctico de la derecha liberal y su desdén por el derecho al ecosistema

Aquella sencilla postal que —promovida con frivolidad— coronaba su ingreso en las covachuelas de la realpolitik global, hoy devela el discurso liberal de los últimos 20 años en materia medioambiental y hace evidente la crónica anunciada del fracaso de la COP Madrid. Imagen que la capturaba sonriente, exultante y enfundada en un traje de terciopelo color burdeos, donde destacaba al centro, contrastando (voluntariamente o por error) con los uniformados y pulcros outfits rojo valentino de las germanas. Atrás quedaban las alabanzas de lenguaje precario de Tere Marinovic y Axel Kaiser en el primer gobierno de Piñera, quienes destacaban su apostura y su delgadez como la única ministra de la Mujer en la historia de Chile que no era bigotuda ni una traumatizada con  fracasos amorosos. Esos eran los males, junto a la fealdad, que padecían las feministas de oposición de la época. La artista Carmen Aldunate, en su momento, la adulaba como la ministra fitness y el diario El Mercurio la felicitaba (lo mismo que a la Sra. Cubillos) por aparecer en rankings —deficitarios metodológicamente hablando— que jerarquizaban a las mujeres neoliberales más bellas del mundo. Eso fue la base de un prestigio rutilante: el poder da belleza y la derecha lo decreta. Antes que todo, son los dueños de la estética del buen vestir y de la identidad cultural derivada de ella, pues ya nadie recuerda cómo se destruyó la industria textil local ni cómo el oficio de la sastrería y la costura perdieron exclusividad, uso y dignidad tras la dictadura y los gobiernos de la Concertación.

Ese par de días en Alemania le abrieron las puertas a las ligas mayores del papel couché y las App especializadas en influencers, siendo citada al lado de Chiara Ferragni —la it girl más millonaria del mundo y denunciada por promocionar costosas aguas minerales provenientes de zonas de sacrificio o en plena crisis hídrica—; o de Christine Lagarde —el más importante ícono de la derecha, tan Chanel, feminista y capitalista—, alejada del FMI y devenida hoy en flamante nueva directora del Banco Central Europeo, defensora de potentados negacionistas ambientales y auspiciadora de la referida alianza del carbono. Aun más, Schmidt también se colaba, no sin paradoja, como referencia para el flanco progresista-socialité de la mismísima Miuccia Prada y, por cierto, de Dior, firma que desde el 2016 ha derivado hacia el feminismo de las sociedades de derechos garantizados y a la reducción de la huella de agua, de Carbono y de explotación laboral en su producción.

¿Pero cómo la chilena cruzó la línea divisoria de las derechas y las izquierdas en la estética de la vestimenta de clase global? Lo hizo y lo seguirá haciendo como buena parte de la casta empresarial y sus aspiracionales. En efecto, aquellas mujeres y las casas de moda pueden decirnos: «la classe non é acqua»; sin embargo, son opuestas en su mirada sobre la efectiva responsabilidad penal y de derechos humanos del empresariado en la crisis ambiental que padecemos y el debate sobre la tipificación del ecocidio, como crimen de lesa humanidad y de guerra que hoy existe en Europa y en EE.UU. Esa performance de la estética del vestuario y su desajuste con lo que ocurre en la coherencia ética del resto del mundo es un acto de magia que en este laboratorio chilensis (heredero de Friedman) puede concebirse y ejecutarse sin culpa. País, el nuestro, donde los abogados ambientalistas (al igual que buena parte de los laboralistas) se disfrazan o se encubren —según el caso— con ropajes de progresistas, aunque sin desprenderse de su esencia de derechas. ¿Por qué? Simplemente porque hacen lobby y no doctrina. Litigan, defienden comunidades, aparecen en la televisión hablando del medio ambiente, no obstante sus ideas se reducen al imperio del cabildeo sobre la norma existente sin posibilidad de una lucha de reconocimiento por su cariz de derecho humano colectivo.Ni pensar en plantear los estándares de la justicia internacional, las recomendaciones y directrices de la ONU y las instituciones normativas de países o foros comerciales más desarrollados (integramos la OCDE, aunque no hay que exagerar). La propiedad del ecosistema pertenece, entonces, hace décadas a holdings y eso no debe cambiar, mientras tanto la justicia ambiental que nos han presentado como novedad desde la Ley 20.600 se viste de Balmain o Carolina Herrera para procurarse una fotografía en Cranberry Chic, la plataforma digital nacional más encumbrada de las operadoras fashionistas del derecho.

De la pétrea justicia transicional de medio ambiente a una justicia de derechos humanos

Ser neoliberal, en una sociedad líquida, —parece afirmar esa parte de la derecha muy asidua ahora a tergiversar a Bauman desde la Fundación para el Progreso, y los partidos Evópoli y Renovación Nacional— no tiene por qué terminar demonizando una férrea defensa de las estructuras abusivas que sostienen a la economía del cambio climático, entre ellas las de la moda y las del uso indiscriminado del agua, por ejemplo. Todavía más: si la calle comenzaba a clamar por la tipificación del ecocidio y del negacionismo ambiental, ofrecer una solución de justicia transicional ad hoc a la exención de la responsabilidad penal y de derechos humanos por la destrucción del ecosistema —a través de un mero modelo sancionatorio de multas (que es más de lo mismo)— era posible.

Esa fue la antesala de la COP. Si en los 90 la justicia penal internacional fue cooptada por nuestro paradigmático y novísimo producto de exportación llamado justicia transicional de derechos humanos, la razón seguía siendo idéntica para la expoliación y devastación del ecosistema. La mayor gravedad, la culpa colectiva en ese dejar hacer, ha estado en la izquierda y el centroizquierda que también han gobernado. Sin embargo, el salto de conciencia de las nuevas generaciones puede derribar el mito. Esa conducta de haber validado y normalizado el discurso oficialista de que no hay otro modelo de desarrollo posible y la mitigación solo puede ser controlada por los dueños de Chile, hoy ha perdido eficacia. La omisión de dichos sectores ya no es solo realpolitik, sino una evidente negligencia que acusa todo el mundo civilizado. La prensa extranjera lo ha dejado más que claro tras el bochorno madrileño. El cambio climático ya es un horizonte que está creando crisis humanitarias, desplazados ambientales y una violación sistemática o generalizada de derechos humanos en cadena, lo que augura muy malos resultados para nuestro país. Basta ver la geografía de la devastación: las desalinizadoras y la minería con sus efectos perniciosos en el norte; la devastación agrícola y ganadera por el mal uso del agua en el centro; la sobreexigencia pesquera en el sur; y la inseguridad alimentaria provocada por la concentración exportadora de frutas, cereales, carnes, y lácteos respecto de los más pobres.

En cuanto a la ministra, parecer una celebridad progresista en la portada de la Vogue neoyorkina de septiembre no le resultaba reprochable ni a ella ni tampoco —lamentablemente— a mayor parte de sus críticos. ¿Extraño caso? No, es la otra faceta de la mencionada culpa colectiva. Es la consecuencia esperable en una sociedad política que se ha dejado cooptar por los cánones estéticos del libremercado. Los detractores de la ministra no le perdonaban sus campañas publicitarias para ahorrar agua, sus apariciones en los matinales ni sus opiniones desprovistas del lenguaje técnico de las prerrogativas fundamentales en el conflicto de Quinteros; no obstante, descuidaban aquello que era más notorio: la ropa. Total, escasamente se dominan esos códigos de la estética del vestuario en Chile y de derechas a izquierdas la moda es la misma. No hay identidad cultural alguna que no sea la del fast fashion. Y eso también es culpa de los que nos han gobernado.

Por eso, no es superficial saber quién firmaba su vestuario —y quién lo sigue haciendo— en esa memorable postal y en otras que nos ha prodigado al paso de los meses. ¿Max Mara, Fendi o Prada; o una imitación de joyería de éstas firmas? Disimulo en la infracción al estricto protocolo berlinés o poquísimo recato en el buen vestir era algo que escasamente importaba, al fin y al cabo. La razón: lo suyo era la irreductible fidelidad allo stile italiano. El look estaba antes en la jerarquía de prioridades que la legitimidad del derecho humano al medioambiente y la soberanía del ecosistema. Esa ha sido la más férrea premisa del ministerio de Medioambiente. Si no, cómo interpretar cada uno de los looks elegidos para las mañanas y las tardes en lo que duró la malograda COP 25 con sus preparativos en sede española. Accesorios y ropas que nunca se repitieron y que desafiaban las campañas del Banco Mundial y el Foro de Davos del 2020 que propugnan el reciclaje, la confección de ropa por pueblos originarios e identitarios, y el fin del lujo fashionista en un mundo cuya tercera parte, en menos de un lustro, serán desplazados y refugiados ambientales; o que viven en una persistente geopolítica de la hambruna; o peor, ya son víctimas de los mercenarios y la guerra por el agua.

Ecocidio, negacionismo ambiental y criminalidad de lesa humanidad

Lo que más llamaba la atención en la COP 25, era la inexistencia de aquellos temas en los que Chile podría tener liderazgo. Falta de ambición le llamaban algunos; otros, conservadurismo y mercantilismo ambiental de derechas. Rodrigo Mundaca, de Modatima (Premio Nuremberg de defensa de los derechos humanos) y Alberto Curamil (Premio Nobel Verde 2019) eran reconocidos, pero no validados por su propio Estado. Tampoco otros activistas de renombre y qué decir la escasa receptividad hacia el mensaje directo del Papa o la paradiplomacia de Greta Thumberg y Friday for Future. Lo único relevante era el mercado de carbono. Así, una a una las propuestas de un centenar de ONG y gobiernos para unificar criterios sobre los tipos penales con sanciones más elevadas a los delitos ambientales —que debieran calificarse de crímenes— fueron desestimadas.

Mucho más desdeñadas —casi proscritas— fueron las recomendaciones para crear las figuras de responsabilidad penal internacional medioambiental. De una parte, la completa desestimación del ecocidio, que es el grave daño, la destrucción o la pérdida de ecosistemas de un territorio concreto, ya sea por mediación humana o por otras causas, a un grado tal que el disfrute pacífico de ese territorio por sus habitantes se vea severamente disminuido, constituyendo un crimen a la par de los de lesa humanidad y de guerra. En este sentido, es el especial dolo del Estado y de los privados el que se conjuga para, valiéndose de un determinado contexto social o político, cometer delitos o crímenes ambientales y procurarse la impunidad ante una Justicia y sociedad atada de manos. De otra, el negacionismo climático ambiental, que es un crimen de odio, porque se basa en la ideología que apologiza, revisa y niega la responsabilidad humana en el cambio climático, cuya comisión puede ser por privados (personas naturales o jurídicas) o agentes del Estado.

En ese diseño chileno no había espacio para los débiles y legitimar los límites de la incipiente jurisdicción universal medioambiental era parte de esa debilidad a la que no cedería. Un escenario sombrío y autodestructivo, donde la voluntad del Presidente Piñera y los sectores más conservadores—que no únicamente la llamativa ministra del fashion y su séquito— se hizo de un triunfo: el statu quo, el inmovilismo, la petrificación de lo que ya estaba mal y sin un atisbo de culpa.

Con el paso de las semanas, la guerra del agua —que tanto inspira hoy a Donald Trump a rechazar en el Senado norteamericano cualquier restricción a los derechos de aguas que concentran los ricos en su país, algo idéntico a nuestra debacle y paradigma— comienza a narrarnos otro capítulo: «Chile se está secando». Ese es el título de la nueva campaña por el racionamiento hídrico, mientras más y más noticias vergonzantes nos muestran esa banalidad y venalidad del poder: el ministro de Agricultura concentra la propiedad de derechos de aguas en una zona donde la horticultura y fruticultura se conducen hacia la crisis; la ministra tiene en su casa una piscina llena de agua; y el Senado rechaza la propuesta de reforma constitucional para reconocer a las aguas como bien de uso público.

Mientras, la prensa nacional se divide en torno al derecho a piscina refrescante o no de ex y actuales ministros, la sra. Schmidt nos mantiene en la tensión glamorosa de ser la primera secretaria de Estado más fashion en ser interpelada en la historia de Chile. Este martes la veremos desfilar y explicarnos, como ha sugerido en Twitter, que ha sabido llevar a su cartera ministerial (que no su shopper bag) del modo en que lo exigen las leyes, la Contraloría y el liderazgo del Presidente. Sequía, COP25 y Quinteros serán la Trinidad que toda cabeza pensante en Dolce Gabbana y alto verano europeo debe tener.