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Opinión

Réquiem por la PSU

Por: Rodolfo Fortunatti / Publicado: 14.01.2020
/ Foto: Agencia Uno
Si el éxito de la calle consiste en mantener la protesta contra el «establishment» como garantía de que habrá cambios reales, en su reverso, el éxito del Ejecutivo consiste en hacer desaparecer la protesta como garantía de que puede mantener el control político sobre las expectativas sociales. Lo cual resulta ser una paradoja porque el gobierno no solo no ha podido encauzar la demanda social, sino que tampoco ha podido restablecer el orden público y la continuidad de los servicios que dependen de su gestión, a lo que se agrega como daño colateral del diseño implementado sin variaciones hasta el momento, una permanente vulneración de derechos civiles y políticos.

Cuanto más nos alejamos, mejor percibimos que la tercera semana de octubre de 2019 marcó un hito crucial en el acontecer social, cultural, político y económico de Chile. Durante esos días se sucedió una cadena de hechos que dio origen a lo que ordinariamente ha sido conocido como el «estallido social», creciente y multitudinario movimiento de protesta pública contra las instituciones, protagonizado por ciudadanos y ciudadanas de distintas categorías sociales y culturales.

La singularidad social y política de aquellos hechos radica en que inauguraron una prolongada etapa de transformaciones estructurales, que comienza por el cambio de la Constitución Política promulgada en 1980 y avanza hacia la mudanza del sistema de protecciones y garantías de derechos vigentes, así como de la estrategia de desarrollo instituida en Chile desde mediados de los años ´70.

Chile, una sociedad en tránsito

Desde entonces la chilena es una sociedad en transición, esto es, un país que abandona de prisa la estabilidad y gobernabilidad previas al estallido social de octubre, para ir al encuentro de un emergente equilibrio, de contornos aún imprecisos, cuyo centro de gravedad estará dado por los actores e ideas que dominen la escena al concluir el proceso constituyente y ser ratificada la nueva Constitución.
Mientras no ocurra este desenlace, teóricamente previsto para el año 2022, es probable que sigamos viviendo episodios propios de la tensión observada entre una protesta social sostenida y desafiante, por una parte, y, por la otra, una institucionalidad jurídico-política con actores renuentes al cambio y detractores de las incivilidades que acompañan a las manifestaciones públicas y, en el fondo, de las manifestaciones mismas.

Sin embargo, sabemos que es el cambio social que trae consigo la protesta el que produce la solución constitucional. Y sabemos que es la protesta el instrumento que presiona sobre el campo político para inclinar la correlación de fuerzas en los tres sentidos esperados por la mayoría: primero, a favor del remplazo de la actual Constitución, considerando que hay actores políticos de enorme poder que lo venían resistiendo al límite de negar la urgencia de una nueva carta; segundo, hacia una constituyente enteramente elegida por votación ciudadana, teniendo en cuenta que también hay grupos con intereses transversales que quisieran incorporar parlamentarios en ejercicio a la convención que se elegirá en octubre con el propósito de moderar la radicalidad de la demanda popular; y tercero, para conquistar la mayoría calificada de 103 de los 155 convencionales (⅔) que permitirían derribar las claves de bóveda que sostienen el modelo de desarrollo, como por ejemplo, la subsidiariedad del Estado y la propiedad privada de las aguas, un patrimonio común preexistente al estado nacional de Chile.

Que el cambio social haya generado y prometa trascender el cambio constitucional, explica por qué el conflicto no ha podido ser resuelto —y no parece que en el futuro cercano lo sea—por vías políticas e institucionales. Pues, si el éxito de la calle consiste en mantener la protesta contra el «establishment» como garantía de que habrá cambios reales, en su reverso, el éxito del Ejecutivo consiste en hacer desaparecer la protesta como garantía de que puede mantener el control político sobre las expectativas sociales. Lo cual resulta ser una paradoja porque el gobierno no solo no ha podido encauzar la demanda social, sino que tampoco ha podido restablecer el orden público y la continuidad de los servicios que dependen de su gestión, a lo que se agrega como daño colateral del diseño implementado sin variaciones hasta el momento, una permanente vulneración de derechos civiles y políticos.

De la evasión al boicot

86 días separan al movimiento de evasión del pago del pasaje en la red de metro ocurrido la tercera semana de octubre, y el boicot en contra de la realización de la prueba de selección universitaria de la semana pasada.

Los protagonistas de ambos episodios son estudiantes secundarios —niños, niñas y adolescentes amparados por convenciones internacionales y custodiados por organismos del sistema de Naciones Unidas— que ahora actúan en un escenario de mutabilidad e incertidumbre, y sobre recuerdos incorporados a la memoria colectiva del país: violencia social, abuso policial, deslegitimación de la autoridad, violación de derechos, caídas del empleo y la inversión, inseguridad, impopularidad del gobierno y del presidente, y un horizonte nuevo: plebiscito en abril y asamblea deliberante en octubre.

¿Qué fue Evade? Fue una acción masiva que exigió cierta coordinación y dirección en el sitio del suceso, pero que, como lo afirmaron sus vocerías, no tuvo una planificación global, sino que respondió a una adhesión espontánea. En la práctica, se trató de una masa crítica organizada —constituida primordialmente por mujeres centennials— que actuó eficientemente sobre una opinión pública altamente sensibilizada y proclive a la demanda social.

Apremiado por la presión que ejercían, el gobierno advirtió a los manifestantes que aplicaría la Ley de Seguridad del Estado, pero terminó invocando el estado de excepción constitucional, militarizando el control del orden público y despertando la más gigantesca movilización pública de las últimas décadas, con lo que abrió una brecha de confianza hasta ahora imposible de cerrar.

¿Qué fue el Boicot a la PSU? Fue una acción planificada, anunciada y ejecutada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, cuyo objetivo fue obstaculizar la realización de la prueba de selección universitaria que tendría lugar los días 6 y 7 de enero en los recintos habilitados por la autoridad. Aquí lo que define al boicot es el verbo obstaculizar, esto es, impedir o dificultar el regular funcionamiento de algo. Dicha acción se llevó a cabo mediante diversas metodologías orientadas a alterar el orden público, como tomas de colegios, cacerolazos, interrupciones del tránsito en lugares cercanos a la rendición del test, desórdenes, barricadas, porte y lanzamiento de bombas molotov y, eventualmente, destrucción y filtración de los impresos, de acuerdo a las imputaciones que se hacen a los dirigentes. Fue el réquiem de la PSU, un instrumento darwiniano de selección de las especies y de segregación del orden social.

La última encuesta Cadem alcanzó a medir el impacto del Boicot a la PSU. Evidenció que el 55 por ciento de los menores de 34 años estaba de acuerdo con las tomas como una forma de protesta en los colegios donde se iba a rendir la prueba. ¿Quiénes son estos chilenos? Son los millennials y centennials, las generaciones globales predominantemente de centroizquierda que, dentro de pocos años, tomarán la conducción del país. En contraste, el mismo sondeo revela que el gobierno de Chile Vamos y el presidente Piñera rozan el piso de su popularidad.

Una generación irreductible

El gobierno ha aplicado el artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado. Según este cometen delito contra el orden público «los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas…».Ha presentado 16 querellas contra 34 personas. Pero, al tomar este camino, ha hecho explícita su responsabilidad política y administrativa por la interrupción de los servicios y, al hacerlo, también ha puesto de manifiesto su deber de prevenir y controlarlas causas que la originaron.

«Lo que pretendemos—ha dicho el subsecretario del Interior—es que aquellas personas que afectaron gravemente el derecho a acceder a la educación superior de estudiantes… sean sancionadas duramente por la justicia». Pero esta afirmación tiene dos efectos que se vuelven contra la cartera encargada del orden y la seguridad públicos. Primero, es el Estado el responsable de cautelar la vigencia y respeto del derecho de los ciudadanos a la educación y de garantizar las condiciones para su ejercicio. Segundo, como ha declarado la Defensoría de los Derechos de la Niñez en relación a la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en adolescentes, «ésta resulta inaplicable a dicho grupo de la población, toda vez que respecto de las y los adolescentes, el mandato y obligación para Chile, en virtud de su ratificación, el año 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño, es la operación de una justicia especializada y específica para adolescentes, misma que en nuestro país se encuentra contenida en la Ley N° 20.084, cuyos principios rectores y objetivos, partiendo por el resguardo efectivo del interés superior de los adolescentes, no se condice con la aplicación de la citada Ley de Seguridad Interior del Estado».

Igual criterio vale para el Ministerio de Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, DEMRE, cuando hacen recaer las responsabilidades públicas en los estudiantes, otorgándose a sí mismos incluso la facultad de ejecutar sanciones como la exclusión del proceso de selección. Otra vez ha sido Patricia Muñoz. la Defensora de la Niñez, quien sin ambigüedades y sin acusar sesgos políticos en su institución, ha precisado que velará «por el resguardo y respeto efectivo del derecho al acceso a la educación de ellos y ellas como el de cualquier niño, niña o adolescente que viva en Chile, derecho contenido en la Constitución Política de la República y en tratados internacionales ratificados por Chile, que no puede ser infringido por decisiones administrativas ni reglamentarias y que, incluso, debe ser asegurado a quienes, habiendo sido condenados por la ley penal, se encuentran privados/as de libertad».

Pero el Ministerio de Educación entiende que debe gobernar para unos niños, niñas y adolescentes y postergar las garantías de derechos de otros niños, niñas y adolescentes menos iguales ante la ley. «Entre los jóvenes que promovieron la violencia e hicieron este boicot y los jóvenes que la sufrieron, nosotros estamos por defender a los jóvenes que sufrieron la violencia», ha sostenido la ministra Marcela Cubillos.

La responsabilidad por la marcha del Estado

Si las instituciones no funcionan es la legitimidad del Estado la que está en tela de juicio; no la honorabilidad de tal o cual ciudadano desviado de la norma, como parecen decirnos los que apelan a la normalidad y a las virtudes cívicas para juzgar la protesta social. Definitivamente el significado de tales cánones de verdad y bondad es lo que está en disputa. En una crisis de legitimación como la actual es al gobierno a quien corresponde asegurar la eficaz y eficiente marcha del Estado, de igual modo que ayer debió haber garantizado el transporte público y hoy el sistema de selección para acceder a la educación superior. Es de sentido común lo opinado por el senador Manuel José Ossandón, cuando aclara que «le pueden echar la culpa a los rectores, pero el orden público no corresponde a los rectores».

La marcha del Estado es un desafío que debe tomar en consideración las nuevas circunstancias generadas tras la crisis de octubre de 2019, una etapa que, como lo confirman las movilizaciones de los estudiantes secundarios, se prolonga más allá de lo imaginado por los planificadores, reproduciendo un estado levantisco, de redundante exaltación social y fertilización de demandas, que sugiere respuestas políticas más sofisticadas y ad hoc que el bárbaro recurso a la represión que se ha visto.

La acción emprendida desde el Estado, sea un plan de seguridad ciudadana o de educación, es una política pública que, nos guste o no, está limitada por el respeto a las garantías constitucionales y a los derechos fundamentales de las personas que, cuando se vulneran, hacen que toda la política pública se convierta en una política transgresora.

Rodolfo Fortunatti
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