PSU y la Convención sobre los Derechos del Niño

Un serio y condenable perjuicio han sufrido los cerca de 42 mil estudiantes impedidos por la fuerza de rendir la PSU, un proceso de por sí estresante para generaciones de adolescentes cada año. Pero las denuncias contra los organizadores del boicot invocando la Ley de Seguridad del Estado son una medida desproporcionada, que no contribuye ni a la reparación del daño ni a la solución del problema de fondo.

Si en algo podemos los adultos ayudar a las y los adolescentes en conflictos sociales que les afectan y en los cuales toman parte, es inculcándoles el valor del diálogo y tomando seriamente en consideración sus opiniones. Sólo desde allí podremos enfrentar exitosamente tanto el conflicto expresado en el rechazo a la PSU, como el desafío de incluirlos en la construcción de un nuevo pacto social.

Es preciso asumir entonces que la PSU no sólo refleja un sistema escolar segregado y la escasez de cupos en la educación superior de calidad. Concentra también la frustración de niñas, niños y adolescentes con un sistema que parece –sea cual sea su contexto social- tomarlos escasamente en cuenta como el centro del proceso educativo, no considerar la diversidad de intereses que les motivan a aprender y someterlos a altos niveles de agobio.

Mucho se beneficiaría la revisión anunciada de la PSU -como también la de otras pruebas estandarizadas como el Simce-, de considerar la educación como lo hace la Convención sobre los Derechos del Niño y su comité: como un proceso que, más allá de la escolarización formal, gira en torno al niño y propende al pleno desarrollo de su personalidad y potencialidades.