Avisos Legales
Opinión

Gobernar con un 6%

Por: Carolina Meza Prambs | Publicado: 20.01.2020
Cuando la ciudadanía se pregunta cómo va a afectar la Nueva Constitución la vida de las personas, esta es justamente una de las variables en la que se vislumbra: tener un gobierno con un 6% de aprobación que puede seguir con su agenda legislativa y aprobando sus proyectos, se debe a que no existen mecanismos constitucionales para atenuar el hiperpresidencialismo existente, aunque éste no cuente prácticamente con el apoyo de la ciudadanía en lo que está haciendo. Esto es un problema real para la democracia chilena, el cual se puede solucionar a través de un nuevo pacto social que permita equilibrar la estabilidad del gobierno con la representación y el apoyo ciudadano.

Los resultados de la última encuesta CEP dan cuenta de un 6% de aprobación al Presidente de la República, el nivel de más bajo desde la existencia de este instrumento de medición y la aprobación mínima histórica en Latinoamérica.

Ante esto, la pregunta que todos se hacen es ¿cómo es sostenible que un gobierno que cuenta con esos niveles de aprobación se mantenga y pueda seguir sin alterar su agenda?

La respuesta a esto viene dada por el régimen político hiperpresidencial, sumamente fuerte y centralizado, que establece la Constitución de 1980, el cual privilegia la estabilidad del gobierno por sobre la representación. Es decir, es un sistema que está articulado de tal forma que es más importante que el Presidente dure los 4 años de gobierno, a que tenga el apoyo de la ciudadanía o de los demás poderes del Estado, siendo la única vía de escape la acusación constitucional, la cual procede solo actos ilegales o inconstitucionales y por un acto político o por la mala gestión.

Lo más complejo de todo esto, es que si el Ejecutivo quisiera seguir con su agenda sin siquiera alterarla podría hacerlo sin problema, pese a la baja aprobación. Las excesivas atribuciones que le da la Constitución al Presidente se lo permiten. Así solo el ejecutivo puede poner urgencias a los proyectos de ley, es decir, solo él define qué proyectos discutirá el Congreso y cuáles no son prioritarios para aprobar, marcando la pauta de la agenda legislativa. Además solo él tiene iniciativa de ley en algunas materias, como por ejemplo seguridad social, por lo que si queremos cambiar el sistema de pensiones, únicamente el Presidente puede proponer un proyecto para que se reforme y él fijar los tiempos de tramitación.

Por el contrario a la baja aprobación presidencial – y la confianza en el resto de las instituciones políticas-, el apoyo a la Nueva Constitución alcanza un 67% y un 56% de los encuestados cree que puede ayudar a resolver los problemas del país. Entonces, si cambiamos el texto constitucional se deben contemplar nuevos mecanismos de salida y equilibrar el poder del Ejecutivo con el Legislativo de modo de que éste último pueda negociar la agenda legislativa. Además, se requiere otorgar a la ciudadanía más y mayores instancias de participación ciudadana, mejorando la ecuación estabilidad-representación/apoyo ciudadano.

A nivel comparado, las diversas constituciones contemplan múltiples válvulas de escape y mecanismos que permiten equilibrar el poder del Ejecutivo y el Legislativo. Así la disolución del Congreso, la censura al Presidente por parte del Congreso, convocando a elecciones anticipadas y el voto de confianza por parte del Legislativo al Ejecutivo, son mecanismos que se utilizan ante las crisis de autoridad del Presidente y/o Congreso y que deben ser evaluados a la hora de discutir una nueva Constitución.

Cuando la ciudadanía se pregunta cómo va a afectar la Nueva Constitución la vida de las personas, esta es justamente una de las variables en la que se vislumbra: tener un gobierno con un 6% de aprobación que puede seguir con su agenda legislativa y aprobando sus proyectos, se debe a que no existen mecanismos constitucionales para atenuar el hiperpresidencialismo existente, aunque éste no cuente prácticamente con el apoyo de la ciudadanía en lo que está haciendo. Esto es un problema real para la democracia chilena, el cual se puede solucionar a través de un nuevo pacto social que permita equilibrar la estabilidad del gobierno con la representación y el apoyo ciudadano.

Carolina Meza Prambs