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Nacional

Al margen del plebiscito: Los obstáculos que dejarán sin derecho a voto a las personas privadas de libertad

Por: Meritxell Freixas @MeritxellFr / Publicado: 26.01.2020
Al margen del plebiscito: Los obstáculos que dejarán sin derecho a voto a las personas privadas de libertad Cárcel, foto referencial / Agencia Uno /
Aunque sea un derecho establecido en la Constitución, una gran parte de personas en situación de cárcel no puede ejercer su derecho a sufragio. El Servel argumenta que la legislación chilena no permite establecer las condiciones necesarias para que eso ocurra e insta a hacer una reforma legal urgente. El Frente Amplio está trabajando en eso, pero los tiempos juegan en contra y una vez más miles de personas quedarán excluidas del plebiscito de abril pese a mantener sus derechos políticos intactos.

2020 es un año electoral y, si las proyecciones se cumplen, será también año constituyente. Se vienen meses de intensa participación ciudadana en la política para todos quienes quieran expresar su opinión. Todos, excepto los chilenos y chilenas privados de libertad, que una vez más quedarán excluidos de este proceso. Su derecho a sufragar será nuevamente vulnerado, aunque sea reconocido por el artículo 13 de la Constitución y lo establezcan varios tratados internacionales de obligado cumplimiento ratificados por Chile. 

En este país, hay aproximadamente 50.000 personas en la cárcel. Los últimos datos del Servel, de 2017, cifraron en un 91% los internos habilitados para sufragar e incluidos en el padrón de las elecciones. Se trata presos que pasan por una situación de prisión preventiva o con condenas inferiores a 3 años y un día, es decir, sin una pena aflictiva y que, por lo tanto, mantienen sus derechos políticos intactos. El órgano administrativo no dispone hoy de cifras actualizadas hasta la fecha, pero en el contexto actual hay que considerar las más de 3.300 personas que el estallido social ha dejado en prisión preventiva en las audiencias de control de detención, según datos del Ministerio de Justicia (hasta el 15 de enero).

La pelea para lograr el voto de los presos y presas no es nueva. En 2013, la Corte Suprema ya manifestó su preocupación por la falta de una normativa que se hiciera cargo de ello. El asunto tomó revuelo en 2017, cuando el INDH interpuso una veintena de recursos de protección en diferentes regiones del país para que la Justicia hiciera valer ese derecho. Sin embargo, las sentencias dictadas fueron discordantes y, las que ordenaron la adopción de medidas para hacerlo efectivo, o se dictaron con posterioridad al proceso electoral correspondiente o no se les dio cumplimiento porque exigían modificaciones a la normativa electoral vigente.

Obstáculos legales

Las opciones que se han considerado para habilitar el voto de las y los internos son distintas: desde permitir salir del recinto para ejercer su derecho, hasta instalar mesas de votación al interior del recinto, o bien buscar un mecanismo de voto a distancia, que podría ser por correo o electrónico. Si bien el Servel cumple con incluir en el padrón electoral y en los padrones de mesa a los electores encarcelados, existe un impedimento real de facto para sufragar desde la cárcel por varios obstáculos legales que dependen básicamente del Servel, como la falta de un registro electoral y padrón especiales; la definición del domicilio electoral (comuna del lugar de origen o comuna de la cárcel); la falta de circunscripciones especiales para los recintos penales; y la seguridad del proceso electoral, entre otros.

El presidente del Servel, Patricio Santamaría explica a El Desconcierto que el sistema electoral chileno “es extremadamente reglado en lo que dice relación con el domicilio electoral, la conformación de las mesas receptoras de sufragios, la determinación de los locales de votación, la campaña electoral, la propaganda, el sistema de votación, la publicidad de los escrutinios y otros aspectos que impiden la implementación del voto a personas privadas de libertad y, por ende, con su derecho a circulación restringido”. Se trata de aspectos prácticos y concretos, como por ejemplo que la seguridad de la elección está a cargo de los militares y eso choca con que los militares no pueden entrar en un recinto cuya seguridad está a cargo de Gendarmería. A juicio de Santamaría, la solución pasa por poner en marcha una reforma legal que permita “establecer mesas de votación en los centros penitenciarios, regule su funcionamiento y establezca el procedimiento para ejercer el derecho a sufragio”.

Desde la organización Leasur, que se ocupa de defender los derechos de las personas privadas de libertad, los abogados Sofía Heredia y Sergio Faúndez afirman, en cambio, que los obstáculos del Servel son “ciertos y razonables, pero claramente abordables y fácilmente solucionables con una forma de trabajo coordinada y organizada”.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Chile, Pablo Marshall, por su parte, opina que el Servel “está siendo muy legalista y entorpece el cumplimento de sus obligaciones con las personas privadas de libertad”. Para los tres hay fórmulas que permitirían resolver «estos problemas operativos» en un plazo razonable de tiempo, incluso a tiempo para ponerse en práctica en el plebiscito convocado para el 26 de abril.

Patricio Santamaría, presidente del Servel / Agencia Uno

Propuestas y tiempos

Leasur propone “crear una circunscripción especial, antes de que se cierren los padrones electorales, y fijar el domicilio de la cárcel como el domicilio electoral”. Además, incluir a la sociedad civil (apoderados) en el desarrollo de determinadas funciones del proceso electivo “dotaría de transparencia, participación e integración al proceso”, y evitaría que Gendarmería tuviera que destinar sus propios funcionarios para ello. Aún así, sería esa institución la que tendría que encargarse –según la ONG– del control interno de los recintos penitenciarios, mientras que el control externo debiera quedar en manos del Ejército, como en cualquier otro local de votación.

Marshall, por su parte, pone énfasis en aspectos como “garantizar que no se cree un mercado de votos en el recinto carcelario, que no haya represalias por no haber seguido las instrucciones de voto de las mafias carcelarias o definir quién será la autoridad que estará a cargo el proceso electoral –Gendarmería o el Servel–”, entre otros puntos. El experto recuerda que “el problema no es que estas personas no estén en los registros –todas ellas están–, sino que el problema es que no pueden salir a votar”, precisó.

Al contrario que Santamaría, los expertos coinciden en que a fecha de hoy “todavía” hay tiempo para implementar un mecanismo que habilite el voto de las personas privadas de libertad. “Lo crucial es saber qué tan dispuesto están el Servel, el Congreso, el Presidente y los legisladores para crear un mecanismo que sea excepcional para implementar el voto en el plebiscito”, sostiene el profesor de la Universidad Austral. Para él, “el Servel hace la vista gorda en este asunto porque es un organismo administrativo y hace lo que la ley le dice que debe hacer”.

Sin embargo, desde el organismo, Patricio Santamaría responde: «No se trata de un tema de voluntad, sino de la necesidad de una reforma legal que lo haga posible». El presidente del Servel comenta que al finalizar del último ciclo electoral evaluó las normas contenidas en las principales leyes electorales y propuso al Ejecutivo y al Congreso legislar para permitir el voto de las personas privadas de libertad: «No hacerlo es continuar violando el derecho humano a elegir y agravar la sanción que mantiene a la persona en esa condición», destaca. Sin embargo, añade que «aún cuando el Ministro de Justicia se mostró muy favorable, con posterioridad se nos comunicó que la materia no se incluiría en un paquete de reformas electorales trabajadas a mediados del año pasado con la Segpres».

A la vista de los hechos, hoy todas las miradas apuntan hacia el Congreso, convertido en la ficha clave para destrabar ese bloqueo: “Aunque creemos que es factible el desarrollo de elecciones al interior de las cárceles sin modificación legislativa, proyectamos que esto terminará siendo debatido en el Congreso», apuntan Heredia y Faúndez.

Una medida impopular

A pesar de jugar muy a contratiempo, desde el Frente Amplio se han producido acercamientos con varias organizaciones, Gendarmería y el Servel para promover un nuevo proyecto de ley que habilite el voto de las personas privadas de libertad. No es la primera vez que se ingresa una iniciativa con ese objetivo. En 2017, también año electoral, un grupo de diputados socialistas se movieron con ese mismo fin.

“Si hay un cambio para que voten los privados de libertad, Gendarmería hará todo lo que sea necesario para que ello se cumpla según la normativa vigente”, manifestó la institución carcelaria a este medio a través de un correo electrónico.

Pero la medida se presume polémica, impopular y, probablemente, con más detractores que defensores. El estigma de la cárcel es muy fuerte y pesa encima de quienes la viven como forma de castigo. “La cárcel se sigue usando como mecanismo de control político y social sobre la comunidad. Desde el caso del profesor detenido en la Cárcel de Máxima Seguridad por romper un torniquete, a los cientos de casos de saqueos que fueron pasados como robos en lugares no habitados, y la formulación de nuevas leyes como la anti barricada o la penalización de ‘el que baila pasa’, son demostraciones de cómo el ejercicio del poder punitivo le resulta útil y necesario al modelo político actual”, señalan los abogados de la ONG.

Pablo Marshall, por su parte, está convencido que a las instituciones y el poder “no les interesa” que la gente privada de libertad pueda sufragar: “Así se refleja el sentimiento popular respecto al ejercicio de los derechos de los presos, que está bien que estas personas pierdan su libertad y sus derechos para que vivan una situación vejatoria producto del mal que han cometido infringiendo la ley”, subraya.

Los derechos de los presos se convierten en un gran melón que al abrirse da pie a fuertes contradicciones: “Se intersectan la protección de los derechos, sensibilidades políticas distintas, juicios morales…”, dice Marshall. Y ejemplifica: “Hay personas que, en general, están de acuerdo con que privados de libertad ejerzan su derecho a sufragio, pero están en desacuerdo en que lo hagan quienes han cometido delitos sexuales contra menores, o quienes han cometido delitos de lesa humanidad durante la dictadura». En su opinión, falta concientizar sobre qué significa respetar los derechos humanos de una persona «aunque haya cometido el crimen más cruel que se pueda imaginar”.

En la misma línea concluye la reflexión de Leasur: «La cárcel es la cara de la sociedad que somos. La lucha social contra la desigualdad es la lucha contra un modelo que encarcela la pobreza, la marginalidad y a quienes sufren el abandono del Estado. Si perpetuamos las mismas dinámicas separadoras entre quienes estamos libres y quienes están en prisión, mantendremos la lógica segregadora del sistema que nos prefiere apartados que reunidos».

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