Informe de la U de Chile denuncia «graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de DD.HH.»

Este jueves la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile entregó un informe sobre el trabajo de asistencia, monitoreo y observación de Derechos Humanos que ha realizado durante la crisis social iniciada el 18 de octubre.

El documento se suma a otros que han elaborado organismos como Amnistía Internacional, la ONU y Human Rights Watch (HRW), y que de forma prácticamente unánime han denunciado las violaciones a los Derechos Humanos que han cometido agentes del Estado en los últimos meses.

Este nuevo informe se caracteriza por abordar una dimensión cualitativa y otra cuantitativa, en las que por un lado denuncia la «gravedad» de los hechos acaecidos, y por el otro da cuenta de la magnitud del fenómeno a nivel social.

En ese sentido, el documento de 218 páginas que analizó el periodo comprendido entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, sostiene que «el análisis cualitativo de la información recabada por la Defensoría Jurídica nos permite aseverar que en el período que se informa se han cometido graves, generalizadas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, imputables a agentes del Estado de Chile».

Asimismo, el estudio de la Universidad de Chile también señala que «se han vulnerado los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario, legal y proporcional de la fuerza, lo que ha derivado en una grave crisis de Derechos Humanos en el país«.

En cuanto a la dimensión cuantitativa, el informe detalla que entre las fechas mencionadas recibió 2.152 denuncias, entre las cuales se contabilizan 1.388 acusaciones por heridas de perdigón, 214 por herida de bombas lacrimógenas lanzadas al cuerpo, 176 por golpes de funcionarios de Carabineros y 50 por el uso de gas pimienta.

De estos casos, un porcentaje muy mayoritario (96%) corresponde a Carabineros. «Del  total de denuncias recibidas al 30 de noviembre de 2019, 1766 correspondieron a Carabineros de Chile, 48 casos al Ejército de Chile, 15 a la Policía de Investigaciones y 1 caso a la Marina de Chile. En 321 denuncias no consta el autor del hecho denunciado, en general, debido a las condiciones en las que se recabó la información», detalla el informe.

Otros de los casos que incluye el informe son 5 denuncias por impacto de bala, y otras 8 por impacto de proyectil no determinado.

Además, destacan 28 denuncias por el chorro del carro lanza aguas, 7 por atropello con vehículos policiales, 32 denuncias por «violencia política sexual», y 31 detenciones arbitrarias.

Finalmente, el documento concluye que «el Estado violó los derechos a la vida, integridad física y psíquica, indemnidad sexual, salud, libertad personal, reunión y libertad de expresión. Y que esta violación, como consignamos arriba, es grave, generalizada y sistemática«.