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Opinión

Flagelo

Por: Danilo Billiard B. / Publicado: 03.02.2020
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No deja de llamar la atención que las críticas contra el negocio que operaría al interior de las barras bravas (asociado a la delincuencia común y al narcotráfico) se realicen desde la tribuna del Canal del Fútbol y otros medios nacionales, que han sido puntales en la mercantilización del balompié, en esa absurda pretensión de que hay formas “lícitas” e “ilícitas” de enriquecerse, como si existiera una diferencia ética entre lucrar con la educación y el deporte, contaminar ríos y océanos o cobrar intereses, y venderle droga a la juventud o arrebatarle la billetera a algún transeúnte.

En memoria de Jorge Mora y Ariel Moreno

I

Chile está implosionando y su viejo núcleo articulador se desvanece. Al descontrol de Carabineros se suma la brutal honestidad del conjunto de la clase política (empresarial-eclesiástica-militar) que los respalda, desatada en su egoísmo y desdén. Ante la revuelta que acontece desde el pasado 18 de octubre de 2019, cedieron a la tentación mezquina de sus privilegios y terminaron por develarse, sin mediaciones simbólicas o subterfugios que les permitan disimular lo que hoy es evidente: el profundo desprecio que guardan contra las clases menesterosas.

Esa violencia se pone de manifiesto en las declaraciones de la magistrada del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Acevedo, durante la audiencia de formalización por la muerte del hincha de Colo Colo Jorge Mora, asesinado por la esquizofrenia policial; lógicamente la extrema derecha ya la propone como futura “ministra de justicia”, trasformada inmediatamente en heroína del fascismo por garantizar la impunidad de un carabinero. Se ha dicho que la jueza está contaminada de “prejuicios” y que carece de empatía hacia la familia del hincha asesinado, pero decir eso es una imprecisión benevolente (la  crítica posible que permite la prensa tradicional a sus agentes), pues más bien se trata de enraizadas convicciones las que estimulan su discurso.

Convicciones que son transversales a la elite, de las que se hacen partícipe incluso algunos periodistas deportivos como Juan Cristóbal Guarello, que aunque con profundos matices ideológicos, así como más cordura y capacidad reflexiva, igualmente no logran empatizar o conectarse con los motivos profundos de la que denominan “violencia delictual”, tal vez por no advertir que cuando no se tiene acceso al privilegio de la palabra pública y a una formación educativa que permita ejercerla de modo locuaz (oportunidades que también han sido monopolizadas por una minoría que establece las reglas del debate), no hay más chance que el vandalismo.

II

Cuando la jueza Acevedo hace mención a la Garra Blanca y su “actitud no muy acorde al Estado de derecho” para justificar el crimen del hincha de Colo Colo, ubicándolo en un contexto de agresión contra Carabineros para así determinar que hasta podría tratarse de un “dolo justificado”, está reconociendo que dada la condición fáctica del derecho, se necesita de referencias extrajurídicas para su aplicación, reivindicando entonces la figura de la excepción constitutiva que rige a todo ordenamiento jurídico. De esta manera, queda claro que el derecho no es más que una expresión de determinadas relaciones de fuerza (de ahí su consustancialidad con la violencia), actuando conforme a los contenidos de los que sea dotado.

Más cierto aún es que las vilipendiadas barras bravas, configuradas como espacios de agregación social que dotan de sentido de pertenencia a sus integrantes, emergen en plena transición y son el resultado del flagelo que el “proyecto social” de la dictadura (más tarde consolidado por los gobiernos democráticos) produjo en los sectores populares. Podría proponerse incluso como materia de investigación, el abordar las consecuencias socioculturales de nuestra “modernización futbolística” (cuyo hito es el Colo Colo campeón de la Copa Libertadores el año 1991).

Por eso no deja de llamar la atención que las críticas contra el negocio que operaría al interior de las barras bravas (asociado a la delincuencia común y al narcotráfico) se realicen desde la tribuna del Canal del Fútbol y otros medios nacionales, que han sido puntales en la mercantilización del balompié, en esa absurda pretensión de que hay formas “lícitas” e “ilícitas” de enriquecerse, como si existiera una diferencia ética entre lucrar con la educación y el deporte, contaminar ríos y océanos o cobrar intereses, y venderle droga a la juventud o arrebatarle la billetera a algún transeúnte.

En efecto, un joven saqueando, incendiando o enfrentándose a la policía, evidentemente no está intentando cambiar el mundo ni proponiendo un programa de gobierno (como irónicamente se refieren algunos líderes de opinión pública), sino haciendo uso del único modo que ha tenido a su alcance para poder expresarse, porque la racionalidad y/o civilidad de la que tanto se ufana la elite televisiva, ella misma se la ha confiscado ofreciéndole una malla programática diseñada para producir degradación intelectual (bien lo sabe Alex Hernández), donde la industria futbolística –estrechamente ligada a la farándula y al retail– ha tenido un rol decisivo.

En definitiva, a Jorge Mora sí lo mató el fútbol, pero ello no es traducible de un modo literal o inmediato. Lo que ocurre es que si el fútbol para funcionar exige “orden público” y este se impone a través de la violencia considerada “legítima”, ejercida por una institución descontrolada como Carabineros, entonces el balón y las balas son parte de la misma problemática, por lo que el fútbol en tanto deporte, no es una esfera ideológicamente neutral (la pelota sí se mancha).

III

En los tiempos que corren no hacen falta pruebas. Cuando ciertos opositores o transgresores del orden son considerados parias –cuyo perfil ha sido construido discursivamente por la prensa tradicional–, a quienes se les puede dar muerte sin que sea considerado un crimen (como observa el filósofo Giorgio Agamben en razón del homo sacer, antigua figura del derecho romano que expresa la simetría ambivalente entre la esfera soberana y la sagrada), basta invocar la condición de “delincuente” para revertir el ilícito y aplicar el derecho mediante su desaplicación, en la medida que esa excepción sería originaria en la configuración política del orden (incluyendo la “vida desnuda” en el ordenamiento jurídico mediante su exclusión).

A eso apela la jueza Acevedo cuando insiste en que “cualquier civil hubiese actuado de la misma forma en esa circunstancia”, porque más allá de los dudosos argumentos que expone ante la audiencia (“el funcionario no habría estado cumpliendo funciones de resguardo del orden público”), lo que busca es afirmar que no hay un delito penalizable –a lo más una negligencia– en atropellar a un hincha, por tratarse de aquellas vidas consideradas prescindibles para la hegemonía cultural que hoy es cuestionada.

Ese libreto es conocido en el poder judicial, cuya carga histórica vinculada a la dictadura lo debe hacer comparecer ante la crítica de nuestro presente. Antes de apuntar a las barras bravas y convertirlas en chivos expiatorios para clamar por la imposición del “Estado de derecho”, hay que interrogar a la judicatura (hasta el propio Guarello, en sus más ácidas críticas, es cuidadoso con el poder judicial). Habría que preguntarse en razón de eso si es que acaso los tribunales de justicia en Chile son un garante para condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas en democracia, si durante 16 años fueron cómplices del horror en dictadura. Hay que recordar que mientras los partidos políticos fueron proscritos y las cámaras legislativas cesaron su funcionamiento, esos tribunales y sus honorables magistrados permanecieron incólumes.

Si todo esto es así, exigir un repliegue de la protesta social en el marco del proceso constituyente es una declaración de guerra, porque no existen condiciones institucionales en Chile que le garanticen a su pueblo la legitimidad de las demandas que por varios meses impulsa. Porque lo “constituyente” del proceso, no se reduce a la redacción de una nueva constitución (que sería su dimensión burocrática), sino que fundamentalmente a la emergencia de una nueva forma de vida que rebasa el ámbito jurídico, y cuyo costo el pueblo chileno está pagando a través de la muerte.

Danilo Billiard B.
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