Ministro de Agricultura, Antonio Walker. | Fuente: Agencia Uno (Archivo).
El ministro de Agricultura utilizó un auto y se quedó en la casa de huéspedes de la empresa lechera Manuka S.A. solo días antes de un juicio penal en contra de algunos de sus trabajadores, por la matanza de mil terneros en un fundo de Puerto Octay. Además, tampoco registró el uso de esos recursos, exigido por la Ley del Lobby, sobre lo que alegó un «error involuntario».
El pasado 28 de enero, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictámen en el cual instruye al ministro de Agricultura, Antonio Walker, a no aceptar «facilidades» por parte de empresas privadas y a usar los recursos públicos que tiene a su disposición. Todo esto luego de que utilizara un auto de la empresa lechera Manuka S.A. y alojara en su casa de huéspedes durante una visita a Osorno, en 2018. La resolución se da luego de un año de investigación iniciada por la denuncia del diputado socialista Fidel Espinoza.
Dicha situación se dio solo días antes de la realización de un juicio penal en contra de empleados de la compañía por la matanza de mil terneros en un fundo de Puerto Octay, de la cual fueron absueltos. Además, quedó demostrado que tampoco cumplió con la obligación de registrar el uso de estos recursos privados, de acuerdo a la Ley del Lobby. Sobre esto último, el ministerio respondió a la entidad fiscalizadora que se habría tratado de un «error involuntario«.
De esta forma, en el dictamen, firmado por el contralor Jorge Bermúdez, se asegura que el lugar donde se alojó Walker se encontraba a «solo 14 minutos del hotel más cercano (…), el que cuenta con instalaciones de calidad suficiente». También agrega que el «Secretario de Estado y su comitiva cuentan con los medios públicos necesarios para realizar todos sus desplazamientos que comprendían su visita a Osorno».
Sin embargo, el mismo documento afirma que «no se acompaña antecedente alguno que permita inferir que la visita del Ministro señor Walker Prieto a las instalaciones de dicha empresa, haya podido incidir en la decisión final que adoptó el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno».
Así, la Contraloría aseguró que, en lo sucesivo, «el Ministro de Agricultura deberá abstenerse de aceptar aquellas facilidades (…) y utilizar los recursos públicos que tiene a su disposición para el cumplimiento de los fines institucionales».
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