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Hace 21 años, esta dirigenta argentina lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales en la región como secretaria ejecutiva de la RedTraSex. En su reciente visita a Chile, la activista de 66 años presenció la funa a la ministra Isabel Plá en la CEPAL y presentó el «Informe sobre los Aportes de las Trabajadoras Sexuales a las economías de América Latina y El Caribe». En entrevista con El Desconcierto habla de los alcances de este estudio, plantea cómo debería ser la legislación sobre esta labor, responde al abolicionismo y rechaza tajantemente la trata de personas con fines de explotación sexual.
Elena Reynaga tiene 66 años y hace 21 años es secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex), una agrupación que empodera y capacita a organizaciones del rubro en distintos países.
Hace unas semanas, la dirigenta estuvo en Chile con motivo de la Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, lugar donde se encontró con grandes lideresas y un impetuoso clima de protesta.
Allí, pudo ver desde cerca cómo la delegación chilena se rebelaba contra la ministra de la Mujer, Isabel Plá, dándole la espalda y retirándose del salón cuando la secretaria de Estado recibía la presidencia de la instancia. «Fue algo muy fuerte para un espacio como ese», indica la activista argentina.
En su visita a Chile, Reynaga además aprovechó de presentar el «Informe sobre los Aportes de las Trabajadoras Sexuales a las economías de América Latina y El Caribe». Un documento que aborda la situación de esta labor en seis países y que contó con los relatos de más de 300 mujeres.
—¿Cómo fue la experiencia de estar en Chile en este contexto de estallido social?
—Siendo muy honesta, estoy feliz y triste a la vez. Triste por todo lo que ha sufrido el pueblo chileno, pero muy feliz porque sé que mis compañeras trabajadoras sexuales no han faltado a ninguna de las marchas. Cuando yo vine hace muchos años a Chile y empezamos a trabajar con las compañeras, ellas sólo hablaban del condón. Eran excelentes promotoras, pero faltaba consciencia política. De entender que cuando el pueblo pobre y la clase media baja sale a la calle a protestar, nosotras tenemos la obligación de salir, porque somos parte de ese mismo pueblo. De la misma clase trabajadora. También me pone feliz ver la movilización de las mujeres.
—Su objetivo es regular el trabajo sexual, ¿tienen algún referente de legislación?, ¿qué debería incluir una ley que se haga cargo de este tema?
—En toda América Latina y algunos países del Caribe, el trabajo sexual no está ni penado, ni prohibido. Existe ese vacío. No hay ningún modelo de referente, sino que es el que nosotras hemos ido creando. Lo tenemos en la cabeza y en los proyectos que hemos redactado. Hemos sacado cosas del modelo de Nueva Zelanda, pero tenemos que entender que ellos son el primer mundo y en América Latina las cosas son distintas. Somos países en vías de desarrollo, con gobiernos conservadores.
Según Reynaga, la mayoría de las organizaciones a nivel regional apuestan por el trabajo sexual autónomo. «Esto quiere decir que las trabajadoras sexuales no queremos patrones, ni dueños de prostíbulos ni de cafés con piernas. Queremos que las compañeras se cooperativicen. Que un grupo de trabajadoras alquile un lugar para trabajar. Que entre todas pongan lo que el departamento requiere, pero que ninguna se lleve la ganancia de otra, porque ahí sí que hay un delito. Porque si yo alquilo el local y me llevo un 30% de cada pase que hace la compañera, entonces yo soy proxeneta», indica.
«Si el trabajo sexual es reconocido como trabajo, eso nos permitiría que tengamos cooperativas legalmente constituidas. Para eso necesitamos organizaciones grandes, nacionales, muy fuertes, porque toca educar a las trabajadoras sexuales sobre que si tengo derechos, también tengo obligaciones. Nosotras hemos trabajado informalmente desde siempre, entonces las compañeras no quieren pagar impuestos. Pero no se dan cuenta de que le están pagando a la policía constantemente o que el dueño del prostíbulo se queda con un 50%. Eso es como pagar impuestos, pero con la diferencia de que si realmente pagáramos impuestos, eso se traduciría en políticas públicas. La plata que le estamos dando a la policía de manera informal, queremos pagársela al fisco. Queremos aportar al PIB de nuestros países, pero queremos que eso favorezca al pueblo», añade.
Sobre la relación de las trabajadoras sexuales con las policías, la dirigenta profundiza en que muchas veces esta institución se aprovecha de ellas. «Te acosan mucho. A veces te molestan tanto que terminas comprando tu libertad y tu tranquilidad. Eso ocurre en todos los países de Latinoamérica. En algunos más, en algunos menos», comenta.
—¿A qué conclusiones llega este informe sobre trabajo sexual y economía?
—Principalmente, este estudio concluye que se necesita profundizar en la discusión sobre el trabajo sexual. La ilegalidad está vulnerando nuestros derechos económicos, porque las trabajadoras sexuales, hay algunas que ganan muy bien, pero tiene que alquilar, y cuando alquilas para esos fines, todo es mucho más caro. Si se enteran que somos trabajadoras sexuales, te cobran más. Nosotras aportamos a las economías de nuestros países, porque consumimos muchos servicios para trabajar. Pero hay un aporte que no se está contando, y es cuando el dueño del prostíbulo nos quita el 40% de nuestra ganancia y no nos da nada a cambio, porque no paga nuestro seguro social ni nuestra jubilación.
—¿Qué piensas de las posturas abolicionistas del trabajo sexual, que acusan que en esta práctica las mujeres son consideradas productos?
—Lo que el abolicionismo ve como un producto es la vagina, porque mercancía también es tu mente como periodista. Todo el cuerpo es una mercancía del capitalismo. El problema es el capitalismo. Yo no veo al abolicionismo preocupado de la explotación que sufren las trabajadoras domésticas, por ejemplo. Es una posición moralista y contradictoria, porque esas mismas feministas abolicionistas dicen que debemos decidir por nuestros cuerpos, y que el estado debe legalizar el aborto legal, y todo ese discurso. Pero con nosotras no corre eso. Nuestro cuerpo no es nuestro. Ellas quieren decidir lo que deberíamos hacer. El abolicionismo, cada vez que damos un paso, sale a descalificarnos. En la CEPAL hubo un grupo de chicas abolicionistas que nos confrontaron. Ellas nos acusaron de que nosotras estamos financiadas por el proxenetismo. Eso es terriblemente violento, porque no es verdad. A nosotras nos financia Naciones Unidas y Fundación Robert Carr.
—Si bien hoy la organización de las trabajadoras sexuales es más fuerte, la trata de personas con fines de explotación sexual es una realidad en todos los países de Latinoamérica, ¿le hacen frente a esa realidad?
—Primero que todo, la trata es un delito. Pero nosotras no nos organizamos para luchar contra la trata. Nuestro objetivo es el reconocimiento del trabajo sexual. Y es importante entender el trabajo sexual como cualquier persona mayor de edad que está en esto por consentimiento propio. Todo lo demás es delito y los gobiernos se tienen que hacer cargo de eso. Cuando se mezcla el tema de la trata con el trabajo sexual, ahí hay intencionalidad, porque la trata de personas tiene mucha impunidad.
«Te doy un ejemplo claro: en Argentina se reformó la ley y quedó terrible, porque todo se considera trata. A partir de eso, el gobierno argentino llegó a un arreglo con el gobierno dominicano para que las compañeras dominicanas tuvieran que entrar a Argentina con Visa, algo que es muy difícil que les den. Y eso fomentó el proxenetismo y la trata de personas, porque hay gente de Chile que va a República Dominicana y se traen a las chicas con falsas promesas. Ellas saben que vienen a ejercer el trabajo sexual, pero acá les retienen los documentos y las llevan a Argentina por tierra. No solucionaron nada con la Visa. La clandestinidad fomenta la trata de personas, porque si el trabajo sexual estuviera regulado de verdad, y las compañeras migrantes pudiesen tener un permiso laboral por este trabajo, no pasarían las cosas que pasan», añade Reynada.
