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El abuso sexual escolar es una asignatura pendiente para las escuelas de Chile. Desde enero de 2014 hasta septiembre de 2019, se denunciaron 2.192 casos de comportamiento de connotación sexual hacia menores ante el gobierno. Sin embargo, la legislación vigente, de acuerdo a expertos en el tema, no da el ancho para una problemática que ha sido evitada, hasta ahora, por el debate público.
“Quedó en shock”. Tania Sanhueza habla de la experiencia de su hija en los carnavales de La Tirana, en el norte de Chile, donde viajó con un grupo de compañeros del Liceo Experimental Artístico de Santiago. La chica, que entonces tenía 14 años, a la vuelta de su viaje contó a sus padres que había sido víctima de abuso sexual por parte de un compañero. Su caso, ocurrido en julio de 2018, es una de las más de 500 denuncias por comportamientos de connotación sexual que ese año recibió la Superintendencia de Educación (SIE).
“El apoderado informa que su hija fue víctima de ciberbullying, acoso, hostigamiento y abuso sexual, por un alumno de curso superior”, dice la denuncia interpuesta por la familia de la adolescente.
Según datos publicados en el portal de la SIE, desde enero de 2014 hasta septiembre de 2019, se denunciaron 2.192 casos de comportamiento de connotación sexual hacia menores en los colegios chilenos. De éstos, casi la mitad se registraron en los últimos tres años. De hecho, en 2018 las denuncias por abuso aumentaron 63%, con 587 casos. Hasta septiembre de 2019 se contabilizaron un total de 464.
“A partir de 2015 aumentaron exponencialmente las denuncias a nivel global, no sólo en Chile. La sensación de que la gente escucha hace que los casos, aunque sean menos, se denuncien más”, explica Andrés Murillo, director de la Fundación para a la Confianza y uno de los primeros denunciantes de los abusos del sacerdote Fernando Karadima, que gatilló la crisis de la Iglesia Católica en el país.
“El auge del movimiento feminista contemporáneo y sus formas de interpelar la política de las instituciones han vuelto intolerable la violencia sexual; ahora se visibiliza y se reconoce”, añade la abogada Daniela López, del gabinete jurídico AML Defensa Mujeres, especializado en la defensa de los derechos de las mujeres ante la Justicia.
Casi la mitad de las denuncias (1.112) corresponden a la categoría de “violación, abuso sexual, estupro y corrupción de menores”, mientras que la otra mitad (1.080) se refiere a “comportamientos de connotación sexual que no constituyen agresión”. La mayoría de ellas se concentran en la Región Metropolitana (RM) y en Valparaíso, por ser las zonas más pobladas del país y las que concentran un mayor número de matrículas, según el informe Estadísticas de la Educación, publicado anualmente por el Ministerio de Educación.
“No hay protocolos o no se aplican”
La familia de la joven denunció ante el colegio el presunto abuso varios meses después, luego de que la estudiante acusara una situación de bullying por parte de sus compañeros, derivada del episodio vivido en el norte. Según la madre de la niña, “la amedrantaron”, para que no contara lo sucedido y le achacaron toda la responsabilidad de los hechos.
“Mientras, él contaba una versión completamente tergiversada y los demás creían que mi hija se hacía la víctima; le pusieron el sobrenombre de una actriz porno”, relata Tania Sanhueza. “Ella me decía que los ataques a su reputación eran peor que el propio abuso”, añade la madre.
Ante este escenario, a finales de octubre, la dirección del liceo optó por intervenir en el caso y derivó a la joven a una entrevista con la psicóloga del centro. “Luego de eso, no nos volvieron a llamar”, critica la madre. Cuando inició el nuevo curso escolar, en marzo de 2019, el centro adoptó varios compromisos con la familia. Sin embargo, según los padres, éstos no se concretaron y, a pesar de su insistencia, la escuela no hizo nada para depurar responsabilidades.
La experiencia que vivió la hija de Tania en su instituto no es excepcional. Según explica Daniela López, “en muchos centros educativos no hay protocolos para abordar el abuso sexual y, si están, no se aplican”. Eso, porque –dice– “no hay profesionales capacitados para ello”. Para la abogada y experta en casos de abuso escolar, esa realidad incumple los tratados internacionales en materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes que Chile ha ratificado, favorece la impunidad y legitima –“por acción u omisión”– la idea de que la violencia sexual es parte de la convivencia de la comunidad escolar.
La Fundación para la Confianza que preside Andrés Murillo se dedica desde hace tres años a apoyar a colegios y guarderías infantiles en el proceso de elaboración de protocolos y políticas de prevención, detección e intervención de casos de abuso sexual infantil. Hasta ahora ha trabajado con una quincena de centros: “Es imprescindible que el protocolo tenga un enfoque de derechos, que incluya relaciones jerárquicas sanas, relaciones de cuidado, información afectiva, entre otros, desde una mirada absolutamente integral”, apunta Murillo.
La presidenta de la Coordinadora de Padres, Madres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade), Dafne Concha, por su parte, apuesta por capacitar a la comunidad educativa como mecanismo de prevención, en especial a los estudiantes: “La educación sexual debería estar presente en el currículum escolar desde la educación inicial, pues el autoconocimiento y autocuidado son esenciales para evitar los abusos y favorecer una sexualidad sana”.
Instituciones cuestionadas
Cansados de la “desatención” que el liceo prestó al caso de su hija, Tania Sanhueza y su marido decidieron elevar la denuncia por abuso sexual ante la SIE. El organismo resolvió archivar la causa porque los hechos estaban prescritos al haber transcurrido más de seis meses desde que se produjeron.
La presidenta de Corpade considera que la respuesta de la SIE ante las denuncias de las familias y estudiantes es “débil y absolutamente insuficiente”. Las cifras del propio organismo revelan que los principales denunciantes son los padres, madres o tutores de la víctima; y en mucha menor medida el personal del SIE y los propios estudiantes.
“Las instituciones implicadas en la infancia no se articulan ni para prevenir ni para intervenir, casi siempre se sobreexpone al denunciante y se le revictimiza porque el sistema tiende a creer más a los adultos que a los niños y, en el ámbito escolar, esto se acentúa aún más”, indica Dafne Concha.
Desde la SIE, en cambio, aseguraron a este medio que, ante una denuncia por comportamientos de connotación sexual, además de fiscalizar que el centro cumpla con la normativa, también persiguen su responsabilidad administrativa: “Los que no la cumplen pueden recibir sanciones que van desde la amonestación por escrito hasta multas económicas”, afirman a través de un cuestionario escrito.
Sin embargo, para las familias y denunciantes, las medidas sancionatorias son insuficientes porque luchan por otro tipo de reparación: “Los afectados no buscan que se le pase una multa al colegio, sino que se haga justicia para su hijo o hija y que no le suceda lo mismo a otro”, apunta la presidenta de Corpade.
La abogada Daniela López considera que el problema es que en Chile no existe una ley específica que obligue a los colegios a elaborar e implementar un protocolo para estos casos: “Lo que hay son meros instructivos del Ministerio de Educación, que son sólo sugerencias”, alega. Y añade: “Los colegios saben que hay un contexto nacional e institucional que no se hace cargo de la violencia sexual y que lo más probable que no tenga sanción”.
Quiebre de confianzas
“¡El colegio encubridor es un macho violador!”. Con esa versión de la letra de la performance “Un violador en tu camino”, popularizada mundialmente por Las Tesis para denunciar la violencia sexual en Chile, un grupo de 90 alumnas de una escuela de Ñuñoa puso en evidencia un quiebre de las confianzas entre los actores del sistema educativo. ¿El colegio ha dejado de ser un espacio seguro para los estudiantes y sus familias?
“Los niños y niñas recurren a los profesores y autoridades con las cuales han crecido, pero se encuentran con la desidia, la no respuesta, que subestiman sus relatos o cuestionan a sus padres”, afirma Daniela López. “Los papás terminan gestando una actitud de mucha desconfianza hacia las instituciones educativas y terminan con altos niveles de frustración y angustia porque, ¿quién les asegura que no se replica la misma situación en otro centro, si hablamos de un problema cultural?”, se pregunta la abogada.
Además de quebrantar el proceso educativo, los expertos aseguran que las consecuencias del abuso sexual en el ámbito escolar afectan al desarrollo cognitivo-físico y socio-emocional de los menores que los sufren. Por eso, los colegios tienen que asumir que el abuso “es una posibilidad cercana”, como subraya Murillo, que puede suceder al interior de sus aulas y que “no están libres de esto”. “Solo así –dice– podrán prevenirlos, detectarlos e intervenir como cogarantes que son de los derechos de los niños y niñas”.
