La agonía de Piñera

Desde el 18 de octubre el gobierno de Piñera está a punto de caer. Lo sepa o no, lo sienta o no, lo cierto es que en los últimos meses las señales de agotamiento de su gobierno son más que evidentes. Las más importantes, sin embargo, remiten a los cambios de los ministerios más decisivos para la administración: con acusación constitucional mediante, el ministerio del Interior experimentó la salida de Andrés Chadwick (por el joven Gonzalo Blumel), el ministerio de Hacienda otrora liderado por el amigo personal del Presidente, Felipe Larraín fue sustituido por Hernán Briones y en educación renunció Marcela Cubillos, la mujer fuerte de la derecha, para ir tras la campaña del Rechazo.

Chadwick es el primo del presidente y su más confiable colaborador. El fue quien sostenía al gobierno (y sostenía al propio presidente). Larraín es otro histórico del gabinete piñerista lideró al grupo Tantauco y es amigo personal del Presidente (estuvo en el primer gobierno el período completo). Cubillos viene a reemplazar al renunciado Gerardo Varela de la Fundación para el Progreso, pero sobre todo, a reforzar los nexos políticos del gobierno para con la coalición. Ella es la mujer fuerte de Renovación Nacional y la UDI, unos de los núcleos ideológicos de la derecha. Tres figuras políticamente poderosas quedaron políticamente muertas. Sus cambios debilitaron al gabinete. Una descomposición permanente y profunda ha tenido lugar si consideramos que quienes reemplazan a los fallidos ministros ninguno son figuras políticas de peso.

El gobierno está enteramente debilitado, agónico frente a la asonada popular que no descansa en su protesta. Ni siquiera en febrero la revuelta tuvo vacaciones. Ni siquiera el Festival de Viña olvidó la pesadilla en la que está naufragando el gobierno. En esas condiciones, las primeras semanas de marzo marcan un tempo oscuro para las fuerzas del orden: Piñera anuncia un acuerdo por la paz y contra la violencia. Una semana más tarde, los ex -Concertación proponen otro acuerdo para la paz.

Los “acuerdos” están vacíos, carecen de la potencia política necesaria para asentarse como tal. Las protestas siguen, las Plaza de la Dignidad se inunda de multitud y la policía vuelve a protagonizar crímenes abyectos que encuentran absoluta impunidad desde el punto de vista del gobierno. Tanto así que el propio gobierno se querelló contra el adulto mayor que fue masacrado por la policía por, supuestamente, incitar a los “desórdenes”. La extrema violencia policial y su devenir fuerza paramilitar sin control y enteramente autónoma respecto de los diversos poderes del Estado, exponen la debilidad no la fortaleza del gobierno, el agujero que les atraviesa, no la consistencia de su poder.

Los ministros renunciados, los acuerdos que flotan en el vacío y una policía criminal actuando por su cuenta crean una atmósfera propicia para que, recientemente, el Senado solicite formalmente a la “Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento” un informe que aborde el mecanismo para inhabilitar a un Presidente por supuesto “impedimento físico o mental”.

Todo parece una fiesta de despedidas. Una Constitución muerta, un gobierno vacío, una policía criminal y una revuelta viva parecen ser los ingredientes para una posible dimisión que adelante elecciones presidenciales y parlamentarias. Ni siquiera Javiera Parada, con sus  “paradas” podrá impedirlo.  La propia oligarquía está viendo vías de reemplazo, fórmulas que sacrifiquen al presidente de turno para mantener el orden general. Una oligarquía que no pretende caer con el presidente ni con la Constitución que impuso en dictadura. Una oligarquía que apunta a sobrevivir en medio de su propia debacle. Una intensificación de la protesta a nivel nacional puede terminar por rematar el escenario.