Piñera hizo anuncios: Estableció los pilares de su Agenda Antiabusos

Sebastián Piñera presentó el primer pilar de su Agenda Antiabusos, un proyecto destinado a combatir los delitos económicos y de corrupción. De acuerdo al anuncio efectuado en La Moneda por el mandatario, esta se sostiene en tres ejes fundamentales:

Combate la colusión, corrupción, a los delitos económicos y a los delitos electorales a través del que se busca «otorgar una mejor protección de los derechos de los consumidores, además de mejorar la protección de los derechos de los trabajadores».

Paralelamente, Piñera detalló los cuatro proyectos de ley que involucra el primero de estos pilares, dejando para un futuro el desglose del resto. Respecto del proyecto de ley anticolusión, los anuncios específicos fueron: Incremento de penas por colusión de bienes y servicios de primera necesidad. Actualmente la sanción para el delito de colusión va desde los 3 años y un día hasta los 10 años. La propuesta es que para los casos de bienes o servicios de primera necesidad la pena comience en 5 años y un día, manteniendo el máximo de 10 años ya establecido.

Adicionalmente, se anunciaron nuevas herramientas tendientes a fortalecer la investigación de carteles de parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE). La propuesta, en este caso, es dotar a esta entidad de la facultad de alzar el secreto y la reserva bancaria; generar nuevos medios de investigación técnicos como es el caso de fotografías, filmaciones o grabaciones, además de algunas medidas para resguardar la evidencia electrónica.

Otro de los proyectos, es el «Denunciante anónimo ante la FNE«. Recurso que establece esta figura en el contexto de libre competencia. Específicamente, suma una obligación a la Fiscalía Nacional Económica, que debe mantener en reserva la identidad de quien denuncia, si así se solicita, lo que permitiría dotar a este colaborador de las condiciones mínimas para hacer una denuncia. Se establecen, además, sanciones graves para quienes utilizan maliciosamente este instrumento.

El Proyecto de ley antiabusos en el mercado financiero fue otro de los anuncios del mandatario que establece aumento de penas y multas que sancionan el uso de información privilegiada, además de otros abusos cuya génesis se encuentre en el mercado de valores. En este sentido, se modificará la Ley de Valores para incrementar la pena actual de distintas conductas abusivas en el mercado.

En este sentido, ítems como el uso información privilegiada, ya mencionado anteriormente, además de los fraudes y la alteración de documentos, ven incrementada su pena desde presidio menor en cualquier de sus grados (61 días a 5 años y un día) a presidio menor en su grado medio, hasta presidio mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años y un día).

Adicionalmente, se propone subir el máximo de multas a imponer, por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), desde 15.000 UF a 100.000 UF, lo que significa multiplicar por 7 el máximo de la multa vigente.

El tercer gran eje es el «Establecimiento de periodos de bloqueo vinculados a la utilización de información privilegiada». La iniciativa explicita claramente que directores, gerentes, principales ejecutivos y sus parientes hasta segundo grado quedan imposibilitados de hacer transacciones de valores del emisor en los 30 días anteriores a la divulgación de los estados financieros.

En ese contexto se crea la figura del «Denunciante anónimo ante la Comisión para el Mercado Financiero». La propuesta es la incorporación de la figura del denunciante anónimo para las personas que, no habiendo participado como imputado o víctima en una conducta denunciada, tengan antecedentes desconocidos para la Comisión del Mercado Financiero y gravitantes para el sumario. Este proyecto otorga protección al denunciante y, paralelamente, establece sanciones para quienes divulguen el secreto de la investigación, además de recompensar a los denunciantes con entre un 10% y un 30% de la multa aplicada, fijando un monto máximo de 25.000 UF, equivalentes a 700 millones de pesos, aproximadamente.

Proyecto de ley de Denunciante Anónimo, anticorrupción en el Estado

En el caso de esta iniciativa, se crea un canal de denuncias frente a la Contraloría General de la República que permitirá denunciar a cualquier persona ante el ente fiscalizador, se trate o no de un funcionario público. Al momento de hacer la denuncia, se podrá pedir reserva de la identificación del denunciante y de cualquier antecedente que permita su identificación. Quienes presenten denuncias falsas, en tanto, serán sancionados.

El canal recepcionará denuncias alusivas a hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o administrativas, además de hechos vinculados  a la corrupción o que afecten a recursos públicos. En el caso de hechos constitutivos de delito, sus antecedentes se deberán remitir al Ministerio Público.

Respecto de la reserva, si el denunciante pide mantenerse en el anonimato, Contraloría deberá acoger esta solicitud, por lo que de remitirse los antecedentes a otra institución, la identidad del denunciante no debe ser revelada, mientras que, adicionalmente, se deberán tomar los resguardos para que no se pueda inferirse de la información entregada.

En cuanto a las medidas preventivas de protección, los funcionarios públicos que efectúen denuncias a través del nuevo sistema establecido, en caso de que la reserva de identidad no sea suficiente resguardo, pueden pedir a Contraloría que establezca los mecanismos necesarias para garantizar su seguridad.

FInalmente, el proyecto de ley también incrementa el plazo de prescripción en delitos electorales. Hoy los plazos de prescripción para los delitos electorales ascienden a dos años, mientras que la regla general es de cinco años. La propuesta del ejecutivo es eliminar la disposición especial para que los estos ilícitos sean regulados a través del mismo plazo de prescripción que el resto de los delitos de esta gravedad, que ascienden a cinco años.