La hora de lo Público

El Estado es la forma institucional por excelencia para organizar el régimen de lo público. Por contraparte, el mercado es la forma institucional (regulada o desregulada) por medio del cual el régimen privado se hace cargo de las demandas y necesidades de las personas. En este sentido, el mercado es el contexto en el cual las y los privados se proveen de bienes y servicios conforme a la capacidad de pago de cada uno, actuando exclusivamente en su propio interés. A contrario sensu, el régimen de lo público se caracteriza por la idea de que entre quienes componen una comunidad política hay intereses comunes que trascienden las individualidades, y que, a sus miembros, les corresponden bienes o servicios de manera igualitaria por el hecho de ser parte de esa comunidad. A ellos los llamamos derechos sociales.

Resulta innegable que uno de los éxitos del neoliberalismo chileno ha sido extender el régimen de lo privado a ámbitos de la vida en los cuales el régimen de lo público, tradicionalmente, es el proveedor de servicios -como el caso de la salud, la educación y las pensiones-. Innegable resulta también y en una medida no menor, que el 18 de octubre y lo que lo acompañó fue la marca del colapso del modelo neoliberal de mercantilización de los derechos sociales, impugnando justamente el amplio margen que este habilita para abusar con lo que deberían ser garantías ciudadanas.

Dicho lo anterior, no es casual que uno de los puntos más importantes que se han levantado en torno a la necesidad de una Nueva Constitución sea el Art. 19 número 9 que garantiza, en un mismo nivel, la protección a la salud como el acceso a prestadores públicos o privados de este servicio. En otras palabras, para la Constitución del 80 es perfectamente razonable -y debe ser garantizado- que existan dos sistemas de salud: uno para quienes tienen capacidad de pago y otro para los que no. Esa idea, desde un punto de vista sanitario, también parece vivir sus últimos días. La crisis desatada por el contagio de Covid-19 está deshaciendo la noción de salud de la Constitución del 80, marcada por la capacidad de pago y el bienestar individual

Si algo ha mostrado las estrategias exitosas de países con un Estado con mejores herramientas de organización de lo público (China, Corea del Sur, Francia) es que, quedarse en casa -particularmente para la población joven que actúan como vectores en la pandemia- es una medida que no solo va en el interés de cada individuo sino que en el de toda la comunidad. El COVID-19, enhorabuena, nos ha mostrado que la salud de cada uno y una depende de la de todos: me quedo en casa, no me contagio, libero una cama, y así. En otras palabras, no me quedo en casa solo por mi, sino que por todas y todos nosotros.

En los últimos días se ha visto una miríada de casos en que personas, con un notorio desconocimiento de los patrones de contagio, ha intentado acaparar productos de limpieza para sí misma cuando lo más efectivo y eficiente es que todos y todas cuenten con material de sanitización para evitar los contagios. Esta no es una crítica al egoísmo de uno o más individuos -característico del mercado-, sino que solo es una muestra de la manifiesta incapacidad de la mano invisible para hacerse cargo de la organización de una respuesta eficaz y efectiva a una crisis sanitaria -dígase lo mismo de cualquier problema de carácter público: las estrepitosas caídas de los 3 multifondos más riesgosos de las AFP de los últimos días-. Ello interpela y convoca a una reflexión profunda respecto de nuestras formas institucionales actualmente vigentes y cómo, la Nueva Constitución, podrá y deberá hacerse cargo de los aprendizajes de esta crisis.

Con todo, la crisis sanitaria chilena es una de larga data. A junio de 2019, y conforme a información del Ministerio de Salud, había 1.800.000 personas en lista de espera en la salud pública; 130.000 llevan entre dos y 3 años; 80.000 llevan más de 3 años. Mientras, las ganancias de clínicas privadas se ensanchan año a año a costa de la deuda del sistema público. Parece ser el momento idóneo, con una pandemia y un proceso constituyente por delante, para desprivatizar nuestra salud e institucionalizar, en un nuevo pacto social, que la salud de todas y todos depende de la salud da cada una y uno de los ciudadanos del país.