Medidas económicas del gobierno no protegerán mucho

En primer lugar, en el ámbito tributario, la postergación por 3 meses (o sea hasta junio) del pago de impuestos (pagos provisionales mensuales del impuesto a la renta de empresas, IVA y contribuciones), junto a la “reducción transitoria” del impuesto de timbres y estampillas, no son más que prorrogas de los pagos que deben realizar las empresas y personas al Gobierno. No son recursos frescos. La postergación de esos impuestos es de 5.590 millones de dólares, lo cual representa algo más de la mitad de los 11.750 millones de dólares, del paquete de medidas propuesto por el gobierno.

Esta parte sustantiva de las medidas deja contentas a las grandes empresas, pero es una espada de Damocles para las pymes y contribuyentes modestos (propietarios de viviendas con valor menor a 133 millones de pesos). En efecto, para devolverle al Fisco el “dinero prestado” (liquidez de corto plazo), en ese breve periodo, las pymes y contribuyentes estarán obligados a vender con urgencia -antes de 3 meses- los bienes y servicios que producen y los contribuyentes modestos recuperar sin demora sus empleos. Pero esto es muy difícil ya que la reactivación de la economía, según palabras del propio ministro de Hacienda, se ve oscura en el corto plazo.

El segundo componente relevante del paquete gubernamental, “la protección de los ingresos laborales” tampoco es convincente. Se propone por la emergencia trabajar desde la casa (teletrabajo) y que el trabajador apele al seguro de cesantía. Curiosa propuesta. No se entiende por qué, si es obligatorio trabajar en casa por causa del coronavirus (fuerza mayor), hay que obligar al trabajador a consumir sus dineros del seguro de cesantía, lo que además le significará ingresos sustancialmente menores a los del salario contratado ¿Por qué tendría el trabajador que gastar sus fondos del seguro de cesantía? y, además, ¿por qué tendría que ver reducido su salario por razones ajenas a su voluntad?

Adicionalmente, el gobierno propone colocar urgencia al proyecto de disminuir la jornada laboral, pero agrega “compensando la disminución de la remuneración con recursos del Fondo de Cesantía Solidario”. Esto resulta sorprendente. La reducción de la jornada laboral no tiene por qué ser cubierta con los propios fondos acumulados de los trabajadores, sino debiera ser pagada por los patrones. Así ha sido en otros países en que ha disminuido la jornada laboral.

Por otra parte, no hay que olvidar que el Fondo de Cesantía Solidario “…no pertenece a ningún trabajador en particular, sino a todos los trabajadores afiliados. Se utiliza para completar el beneficio cuando el saldo de mi cuenta individual de Cesantía es insuficiente”. En consecuencia, ese Fondo no puede usarse sino en casos de cesantía y, en ningún caso, para compensar una eventual “disminución de remuneración” por reducción de la jornada laboral.

En tercer lugar, se proponen dos iniciativas de escasa significación real. El denominado Bono Covid-19, el que se dice beneficiará a 2 millones de personas sin trabajo formal, con recursos por 130 millones de dólares. Eso significa que le entregará a cada informal 55 mil pesos, por una sola vez, lo cual resulta completamente irrisorio. Y, luego, un “fondo solidario” de 100 millones de dólares, para atender las emergencias de los micro comerciantes. Estos alcanzan una cifra cercana a los 500 mil y, por tanto, la suma ofrecida será completamente insuficiente para atender las caídas de sus ventas en los 346 municipios del país.

El ministro de Hacienda debe estar informado que el presidente Trump, reacio a las políticas de estímulo keynesiano y poco proclive a la solidaridad, ha optado por un paquete de medidas mucho muy radicales, y más prácticas, que las propuestas en Chile. En efecto, dos inyecciones de recursos frescos por 250.000 millones de dólares para entregar efectivo directo a todos los individuos estadounidenses: la primera, con entrega de cheques para el 6 de abril y la segunda para mediados de mayo. Las cantidades no son inferiores a mil dólares y se elevarán dependiendo del ingreso y el tamaño de cada familia. Paralelamente, Trump ha dispuesto una cifra de 500 mil millones de dólares para impulsar negocios y mantener a los empleados en nómina.

Hay que agregar algo más, que debería tener en cuenta el ministro de Hacienda: en el caso español el gobierno también postergo el pago de los impuestos a empresas y personas, pero, al menos, lo extendió a 6 meses, entendiendo que la recuperación será lenta. En Chile será más lenta aún.

Como la recuperación económica de Chile será lenta, las medidas debieran ser mucho más radicales. Y la lentitud no obedece sólo al coronavirus sino a varias otras razones:

En primer lugar, la disminución del PIB en Chile tiene orígenes estructurales. En los años 1990-1998 creció el PIB a una tasa media anual del 7,4 %; se redujo a 4,4% en 1999-2007 y a 2,2% en 2014-2018. Ello revela que el modelo económico neoliberal ha agotado sus fuentes de crecimiento. Vender cobre y otros recursos naturales, olvidarse de la industria, cerrar las puertas a la ciencia y tecnología, facilitar la especulación financiera y tener una política social que desintegra la sociedad, ha afectado el crecimiento y frenado el desarrollo del país.

En segundo lugar, la economía abierta radicalmente al mundo ya se encontraba afectada por la disminución de la actividad china, consecuencia de la guerra comercial que impuso Trump. En tercer lugar, a ello se agregó el impacto de la rebelión social del 18 de octubre, lo que amplificó el deterioro económico. Ahora, con la pandemia del coronavirus el modelo económico-social ingresará en una crisis de proporciones, poniendo de manifiesto todas sus fragilidades.

En consecuencia, las medidas económicas recientemente propuestas por el Gobierno frente a la pandemia del coronavirus no sólo son insuficientes para el corto plazo, sino tampoco ayudan a desafiar la debilidad del modelo económico, con evidente vulnerabilidad internacional, social y de su propia estructura productiva.