Daniel Urrutia | Fotografía de Agencia Uno
Ayer el Pleno de la Corte de Apelaciones determinó revocar el fallo del magistrado Daniel Urrutia, que modificaba la prisión preventiva de 13 imputados integrantes de la «primera línea, para enviarlos a reclusión domiciliaria y así proteger su salud durante la emergencia por el Covid-19. Además, decidieron iniciar un sumario en contra de Urrutia y suspenderlo de sus funciones mientras dure la investigación. «Todo lo anterior es especialmente grave en un Estado de Derecho», establece la carta abierta que han firmado más de 270 abogados y abogadas, en donde respaldan el fallo del magistrado para cambiar las medidas cautelares y rechazan las acciones en su contra tomadas por el tribunal.
«Los abogados y abogadas que suscriben este comunicado venimos a manifestar la preocupación que nos surge a raíz de la conducta del Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago que, excediendo sus facultades legales, suspendió de oficio los efectos de una resolución que se encontraba con recurso pendiente, y ejerció sus facultades disciplinarias a raíz de ello bajo una causal de dudosa ocurrencia y sin debido proceso», comienza la carta abierta de más de 270 abogados y abogadas que cuestionan seriamente la determinación que los integrantes del tribunal tomaron ayer.
Además, entregan su respaldó al magistrado Daniel Urrutia – investigado y suspendido de sus funciones por la Corte – y a su fallo, que modificaba la prisión preventiva de 13 imputados de la denominada «primera línea» por arresto domiciliario, con el objetivo de resguardarlos durante la crisis sanitaria.
«Lo anterior lo hizo (Urrutia) considerando la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, el alto riesgo de contagio en recintos penitenciarios y que otras medidas cautelares como el arresto domiciliario aseguran los fines del procedimiento, considerando además la ausencia de antecedentes penales y la baja prognosis de la pena», explican en la misiva.
Esta decisión también fue revocada por el Pleno que se reunió ayer en la mañana a través de una videoconferencia, lo que, según las y los abogados firmantes, constituiría un «abuso grave» por parte del tribunal de segunda instancia.
«Lo anterior da cuenta de un abuso en el ejercicio de las facultades disciplinarias del Pleno, que no puede en virtud de ellas suspender los efectos de una resolución con recurso pendiente, existiendo otros mecanismos legales que permiten al Tribunal Superior modificar una u otra resolución», afirman las y los legistas.
Así también, rechazan la medida de investigar y suspender al magistrado Urrutia, aludiendo a que los castigos serían mucho mayores a los que corresponderían en esta situación. «Por su parte, la causal que se imputa corresponde a la negligencia del Magistrado, similar a ausentarse de sus funciones, situación que claramente no se observa en los hechos. Por lo demás, se decidió suspender de sus funciones sin resguardo del debido proceso pues ni si quiera se pidió informe al Juez afectado», sostienen.
«Todo lo anterior es especialmente grave en un Estado de Derecho, pues se vulnera los derechos de un Juez de la República y su independencia aún dentro del Poder Judicial; vulnera los derechos a la libertad, vida, integridad y salud de los imputados, exponiéndolos a un riesgo innecesario; y vulnera los límites de competencia de los poderes públicos», culminan las y los firmantes, que esperan que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema protejan la independencia de los jueces y que «cautelen la salud y vida de los privados de libertad por razones políticas (…) tal como hizo el juez Urrutia«.
Dentro de las y los profesionales que adhieren a la misiva se encuentran la ex secretaria del Tribunal Constitucional Marta de la Fuente Olguín; Liliana Galdamez Zelada, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile que recientemente postuló a ministra del TC también; Luis Correa Bluas, ex director jurídico del ex subsecretario de Interior Mahmud Aleuy; Félix Avilés Fredes, padre de Rodrigo Avilés; Paulina Vodanovic, ex subsecretaria para las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Bachelet; y Jeannette Jara, ex subsecretaria de Previsión Social, entre muchas otras y otros.
