Aprendizajes desde el gobierno local ante la pandemia

Democracia de la vida

La instalación del régimen neoliberal supuso el desmontaje de prácticamente toda forma de protección social en beneficio de una maximización absoluta de la rentabilidad del capital. Eso es del todo evidente a estas alturas. La consecuencia de lo anterior, para una situación como la presente, debería ser igualmente evidente: en su forma neoliberal, el Estado es absolutamente incapaz de salvar a la ciudadanía en una catástrofe sanitaria epidémica.

En el actual contexto, el primer problema que debe enfrentar una política democrática de transformación social es ese, que en términos prácticos se expresa por un lado, en la incapacidad de gobiernos que convencen cada vez menos, y que precisamente cuando hay que mover a la población en una dirección específica, resulta evidente que no lideran, que no convocan. Por otro, en el peso brutal de una estructura social y económica que hace prácticamente imposible que el Estado pueda resolver nada por sí mismo. No controla la producción, no controla las cadenas logísticas ni los sistemas de distribución de bienes esenciales, no controla la moneda ni la mayor parte de la economía misma, ni siquiera tiene capacidad para impedir que los sectores medio altos y altos de la capital salgan un fin de semana a esparcir el virus por el país.

Por otra parte, en el ámbito de las relaciones sociales, el neoliberalismo ha significado la absoluta predominancia de prácticas privadas orientadas a la acumulación de capital, que significan altos estándares de vida para una minoría de la población, mientras vastas porciones quedan libradas a su mera subsistencia. Este esquema de poder se afirma en una estructura política que deja de lado y subordina las prácticas de cuidado, colaboración, solidaridad y/o ayuda mutua.

En tercer lugar, una pandemia es principalmente un hecho social. Es decir, su comportamiento remite a poblaciones humanas, conductas, capacidades e incapacidades socialmente creadas. La naturaleza biomédica de la enfermedad es un aspecto fundamental, pero es apenas una parte del problema. Dada su naturaleza epidémica, lo que el virus pone a prueba es, principalmente, las capacidades de protección, de cuidado, de organización colectiva y movilización de las sociedades, su sentido de justicia, sus potencias solidarias, sus niveles de igualdad.

Las tres cuestiones mencionadas más arriba deben ser enfrentadas por cualquier comunidad que busque combatir con éxito la crisis sanitaria actual. Ningún dispositivo médico será exitoso si no se apoya en una capacidad efectiva de movilización de recursos y capacidades sociales. El problema está en que, dados niveles y las múltiples formas de la desigualdad que caracterizan nuestra sociedad, la tendencia esperable es que sea precisamente ese orden de injusticias el que termine decidiendo la suerte de miles y miles de personas, tanto entre la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, como en la profundización de las injusticias de género y el esperable empobrecimiento de amplios segmentos sociales, acentuando lo que ocurre ya con otras enfermedades que no han gozado de la publicidad de esta.

El panorama en que hizo su aparición el Covid-19 se puede describir, al menos parcialmente, de esta forma:

Un informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutrición en el mundo, emitido en 2018, estableció un incremento del hambre en el mundo, con cifras muy superiores a las que hemos estado viendo en torno a la pandemia actual. 821 millones de personas estaban subalimentadas en el mundo en 2017. Casi 151 millones de niños menores de cinco años, más del 22% a nivel mundial, estaban afectados por retraso del crecimiento. El adelgazamiento patológico (emaciación) continúa afectando a más de 51 millones de niñas y niños menores de cinco años y en el mismo rango etario, 38 millones sufren sobrepeso. Las probabilidad de verse afectadas por la inseguridad alimentaria, por otro lado, es mucho más pronunciada en las mujeres que los hombres en Asia, África y América Latina.

He aquí un titular alarmante que no se verá en la prensa: “Ayer murieron 15 mil niñas o niños menores de cinco años en el mundo, ninguno por Coronavirus”. Efectivamente, según datos de 2017, la enorme mortalidad de quienes no alcanzarán a celebrar su quinto año de vida solo es comparable con los segmentos de 75 años en adelante. La mayoría muere de muertes evitables: el 45% por enfermedades infecciosas abordables con vacunas o antibióticos, como el sarampión, la tuberculosis, la meningitis, la hepatitis y la tos ferina; otro 10% a causa de alguna enfermedad diarreica, como el rotavirus o el cólera, en circunstancias que la OMS ha definido las enfermedades diarreicas como «tratables y prevenibles».

Súmese a ello los más de 24 mil niñas y niños que fueron asesinados, heridos, mutilados, reclutados a la fuerza y secuestrados, o sufrieron abusos sexuales y otras violaciones de sus derechos humanos durante el año 2018. Una cifra que estableció un nuevo récord. El reclutamiento forzoso convirtió en soldados a 7 mil niños.

En un mundo que ha alcanzado un enorme desarrollo tecnológico y refinamiento cultural, 670 millones de personas aún defecan al aire libre, no por razones precisamente culturales. Se trata de una práctica cargada de consecuencias negativas. Contamina las fuentes de agua potable, propaga enfermedades y expone a mujeres y niñas a la violencia sexual. Según estimaciones de la OMS, el saneamiento inadecuado provoca 432 mil muertes por diarrea al año.

El problema se llama desigualdad. El Banco Mundial estableció que en 2015 el 10 % de la población mundial, 746 millones de personas, vivía con menos de 1,9 dólares diarios. Por otra parte, un informe publicado en 2019 por la ONG Oxfam muestra que más de diez años después del comienzo de una crisis económica que no ha cesado en el mundo, la riqueza de las personas más ricas se ha incrementado considerablemente. El número de milmillonarios prácticamente se ha duplicado y su riqueza se ha incrementado en 900 mil millones de dólares tan solo en 2019, lo que equivale a un incremento de 2.500 millones de dólares diarios. Frente a ello, la riqueza de la mitad más pobre de la población mundial, compuesta por 3.800 millones de personas, se redujo en un 11%. Hoy los ricos son más ricos que nunca y el mundo es económicamente más desigual: 26 personas poseen la misma riqueza que 3.800 millones. El 1% de la fortuna del hombre más rico del mundo equivale a la totalidad del presupuesto sanitario de Etiopía, donde viven 105 millones de personas. Se estima que el trabajo de cuidados que llevan a cabo las mujeres de todo el mundo puede avaluarse anualmente en 10 billones de dólares, pero se trata de un trabajo que no se paga.

¿Qué hacer desde el gobierno local?

El gobierno local de Valparaíso decidió enfrentar esta crisis a partir de aprendizajes claves desarrollados en procesos como la modificación parcial del Plan Regulador Comunal (PRC), la construcción del Plan de Desarrollo Comunal (Pladeco) y la construcción de la Red de Servicios Populares de Salud. La clave primera de todos esos procesos ha sido la participación. La modificación del PRC se hizo cargo de resolver un dilema presente en prácticamente toda ciudad del mundo, que pone a un tiempo a gobiernos locales y comunidades urbanas de rodillas frente al empuje del capital inmobiliario. En los hechos planifica el dinero, las empresas con poder económico (eso que en el habla dominante se llama “el mercado”), construyen verdaderos mapas de valor sobre el territorio y relegan a grandes masas de población a la marginalidad, al incremento en las distancias y los tiempos de viaje, etcétera. El Pladeco, por otro lado, fue construido en un enorme proceso participativo comunal, donde el habla fue esparcida y ejercida por mujeres, por migrantes, por jóvenes, por los sectores más pauperizados, que hablaron junto a los más acomodados, juntando sus aportes de sentido en el diseño de una comuna que se propone habitar el siglo XXI con un progreso en justicia. En poco más tres años ha tomado forma una Red de Salud compuesta ya por cuatro farmacias populares, dos ópticas populares, un centro ortopédico y próximamente un laboratorio de análisis clínico, que permite a sus más de 50 mil inscritos un ahorro de más de mil millones de pesos en gasto de bolsillo en salud al año. En todos esos casos, el sello fue la acción de una comunidad activa y organizada, que puede ir asumiendo labores de cogestión y planificación. La participación conlleva descentralización, pero aún más, una redistribución de poder para la construcción de servicios públicos que no se piensan ni funcionan de forma vertical. Todos ello ha sido complejo, ha implicado procesos de construcción de conocimientos y el desarrollo de la innovación política. El uso de modelos multiescalares, por ejemplo, fue parte de esos aprendizajes. La capacidad teórica y analítica de los equipos ha encontrado canalización hacia una práctica transformadora concreta.

Frente a la emergencia del Covid-19 la clave es la participación. No en su versión deslavada que se limita a la consulta. Participación entendida primero como la movilización decidida de la comunidad para construir colectivamente la solución a sus problemas más relevantes, y como la colocación del gobierno local al servicio de ello. Es en esa concepción que la Alcaldía Ciudadana ha construido el Modelo de Confinamiento Comunitario, cuyo rasgo principal es la articulación de la comunidad activada con el municipio. (Más detalles en las redes sociales y sitio web de la municipalidad de Valparaíso).

El modelo busca combinar acciones dirigidas a atender dos desafíos. La detección y aislamiento de los casos efectivamente diagnosticados con Coronavirus, puesto como han subrayado los especialistas, aún en un escenario donde la trazabilidad se debilita, es necesario seguir buscando los casos específicos y ponerlos en cuarentena. En segundo lugar, restringir la circulación de las personas sanas, de modo de aminorar posibilidades de contagio y con ello, la presión futura sobre recursos hospitalarios que se saben insuficientes, mejorando de esta forma sus posibilidades de acceso a tratamiento y recuperación.

Pero dicha restricción se realiza sobre una realidad social compleja. En una comuna donde, según datos del Registro Social de Hogares, más del 50% de la población está en los tramos 40 y 50 de menores ingresos o mayor vulnerabilidad, es un hecho que una amplia cantidad de población no tiene condiciones reales para realizar una cuarentena efectiva. Es un hecho también que serán las mujeres quienes recibirán, una vez más de forma unilateral, la carga de los cuidados. El modelo porteño busca desarrollar colectiva y democráticamente una política de cuidados que no deje a nadie atrás, comprendiendo que la mayoría de la ciudadanía de Valparaíso no está en condiciones materiales de realizar una cuarentena domiciliaria absoluta ni se puede pensar que un Estado que les ha dado la espalda resolverá de pronto sus carencias.

Entonces, para que los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, así como quienes sean diagnosticadas/os con el Coronavirus puedan guardar una cuarentena efectiva, se requiere de un sistema de protección comunitaria capaz de llegar a cada uno de sus domicilios. Junto a ello, para esa considerable porción de la población que no cuenta con sueldos mensuales suficientes, que trabaja de forma precaria, donde se cuentan muchas mujeres que realizan labores de cuidado de otras personas casi sin respaldo, pueda resguardarse y no quedar simplemente a merced del contagio, debemos asegurar condiciones para su subsistencia y protección.

A través de un modelo de archipiélagos que divide a la ciudad en 15 áreas basadas en la distribución de los Centros de Salud Familiar, y dentro de ellas otras menores, se propone reducir las zonas de desplazamiento de la comunidad en espacios autónomos y crecientemente autosuficientes, donde las familias puedan encontrar los bienes y servicios fundamentales para su subsistencia teniendo que realizar desplazamientos de proximidad. Valparaíso es una ciudad donde la mayor parte de la población usualmente debe bajar de los cerros al plan para hacer compras y obtener servicios. Es fundamental modificar ese patrón de desplazamientos a través de una descentralización de los servicios municipales, como la vacunación domiciliaria o la entrega de subsidios y apoyos sociales, y también de actividades privadas fundamentales, como el funcionamiento del comercio de los barrios, la promoción del envío a domicilio, el apoyo de propietarios de hostales y hoteles o el trueque entre vecinos. Junto a ello, la acción de los funcionarios públicos en conjunto con un voluntariado responsable en ayuda de quienes más lo necesitan.

Se trata de combinar la cuarentena rigurosa de segmentos específicos con un amplio confinamiento comunitario. Colectivamente es posible. Nunca la participación social tuvo un sentido más elevado. Se trata de cuidar y salvar vidas concretas. El confinamiento no debe entenderse como aislamiento y desactivación de la comunidad, por el contrario, debe ser un estado de movilización. Nuevamente necesitamos la democracia, una democracia de la vida.