Hermanos Vergara, Paulina Aguirre y los presos/as de la revuelta

Dicen los testimonios que los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo de 18 y 20 años, fueron asesinados por Carabineros la tarde del 29 de marzo de 1985 en la Villa Francia. Los primeros disparos alcanzaron a Eduardo, su hermano se detuvo para ayudarlo, no quiso seguir corriendo, se quedó auxiliándolo. La patrulla llegó al minuto, Rafael fue golpeado con bestialidad y lo asesinaron con un disparo en la cabeza.

Dicen los testimonios que la noche del 29 de marzo de 1985, agentes de la Central Nacional de Informaciones, CNI, se agazaparon a la entrada de una cabaña en El Arrayán, apareció Paulina Aguirre Tobar de 20 años: la asesinaron con ocho balas, dos de las cuales atravesaron su cabeza.

Dijo la prensa afín a la Dictadura, que habían sido enfrentamientos con personal de Carabineros y agentes de la CNI, que habían policías y agentes heridos, que podíamos estar tranquilos: “eran extremistas”.

Dice la justicia que están identificados casi todos los asesinos, se ha probado su participación alevosa, su obstrucción a la justicia; se han cerrado los casos y en su mayoría, los asesinos nunca estuvieron presos, no pisaron una cárcel. ¿Dígame Ud. si este simulacro de justicia no se llama impunidad?

La rebelión social iniciada en Octubre pasado ha tenido como protagonistas a jóvenes, quienes no han cesado de movilizarse y poner en evidencia una crisis institucional de proporciones, un sistema neoliberal que ha consagrado a Chile como un país desigual, gobernado por una minoría que se reproduce endogámicamente, sin disposición a cambiar ni corregir el modelo y para superar la crisis social promueve la represión.

Desde Octubre en Chile, se violan sistemáticamente los Derechos Humanos, se ha asesinado a mujeres y a hombres, hay personas calcinadas cuya muerte no se ha investigado, hay jóvenes mutilados/as de uno o de sus dos ojos,  hay torturados y hay más de 2.300 presos y presas políticas que el gobierno tiene como rehenes, igual como fue en Dictadura.

La cantidad de jóvenes cautivas y cautivos no ha sido una prioridad para la mayoría de quienes se dedican a la política y han manifestado compartir esta movilización social, tiene el poder fiscalizador y no lo han usado; pareciera que la presión de los medios de comunicación oficiales y el majadero discurso sobre el orden público del gobierno, surte efecto y las y los inhibe de sumarse a acciones orientadas a que el sistema judicial haga su trabajo de manera desprejuiciada e independiente y los deje en libertad.

Quienes acreditan la detención e indican al fiscal los hechos para que los califique como una falta o un delito, son los Carabineros u otras policías. Sí, los mismos uniformados que hemos visto faltar a la verdad en televisión, en las redes sociales, ante los fiscales, los jueces, frente a la opinión pública. Paradojalmente, son ellos quienes ponen la rúbrica sobre el supuesto comportamiento de un joven detenido por desorden público o por un supuesto “maltrato de obra a Carabineros”. En la mayoría de las detenciones de las y los jóvenes de la revuelta, no hay más pruebas que las palabras o el certificado de esta Institución.

La versión oficial de la Dictadura sobre el asesinato de Eduardo, Rafael y Paulina, fue que eran terroristas, a ella se sumaron los medios de comunicación y una parte importante de políticos y ciudadanos que usaron esta mentira como una cómoda argucia para dejar sus conciencias tranquilas.

En tiempos de incertidumbre y dolor, que no nos gane la abulia, no triunfe el temor, que la ingratitud no vuelva a poblar nuestras almas: ¡¡¡ Libertad inmediata a todos y todas los presos de la revuelta!!!