64 entidades públicas ordenaron compra de miles de test rápidos no autorizados por el ISP

Desde principios de marzo, distintos organismos de salud en el país compraron los denominados test rápidos para detectar el COVID-19, los cuales han sido utilizados para verificar la presencia de coronavirus en pacientes chilenos.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación realizada por la plataforma digital Salud con Lupa, la eficacia de estos exámenes para determinar la presencia del virus no está verificada por el Instituto de Salud Pública, el cual ha aconsejado en contra de su uso.

Así, el ministro de Salud, Jaime Mañalich ha desaconsejado el uso de los test rápidos en una etapa diagnóstica, ya que presentan un alto riesgo de no ser exactos, pudiendo arrojar falsos positivos o falsos negativos. De esta forma, se aconseja su uso sólo en etapas posteriores, como al levantar aislamientos.

A pesar de lo anterior, 48 municipalidades, 7 hospitales, 4 servicios de salud, Gendarmería, Sename, Carabineros, el Ejército y la Dirección General de Aeronáutica Civil, iniciaron procesos de compra de 49.360 test rápidos para hacer diagnósticos de COVID-19 en marzo por un total de 508 millones de pesos de acuerdo con Mercado Público, sin tener una lista de proveedores certificados, ni un protocolo claro de cómo se incorporarían al proceso de detección y diagnóstico de las personas contagiadas de coronavirus.

De acuerdo con la investigación, hasta el 3 de abril no existía ninguna resolución, circular, oficio o documento referido a los diferentes test rápidos que se están comercializando en el país en el sitio web del Instituto de Salud Pública, lo cual no se ha podido consultar el día de hoy, dado que el sitio gubernamental no responde.

El fin de semana pasado, tras la polémica generada por el caso de una mujer de 64 años que falleció en Maipú, cuya muerte fue asociada al coronavirus por la alcaldesa de la comuna, Cathy Barriga, para luego ser desmentida por el ministro Mañalich, el secretario de Estado advirtió sobre el uso de los test rápidos de COVID-19. Esto, ya que la alcaldesa se precipitó a anunciar la muerte por coronavirus sin esperar la verificación del gobierno, quienes realizaron un segundo peritaje y determinaron que el test rápido habría arrojado un falso positivo.

Así, el 30 de marzo, unos días después de la polémica, el Consejo Asesor COVID-19 de Chile se refirió al uso de estos test en un reporte. Detallaron que los test rápidos «tienen rendimientos pobres en etapas tempranas de infecciones respiratorias agudas, ya que como regla no hay producción relevante de anticuerpos antes de 5-7 días desde el inicio de los síntomas«, y rectificaron que trabajarán por incorporar en las entidades públicas pruebas validadas en Chile.

A pesar de lo comunicado por el Consejo, de las 76 órdenes de compra de los organismos públicos, la investigación recoge que solo tres de las compras han sido canceladas.