Un pero para cada medida

Indignación y desesperanza. Esa fue mi impresión respecto a la determinación de la Dirección del Trabajo -anunciada hace una semana- de eximir a los empleadores del pago de sueldos a sus trabajadores. Y desde ese anuncio hasta ahora, nada ha cambiado. Porque mientras nos llaman a la calma, el gobierno nos conduce a un precipicio de incertidumbre y desconfianza. Por cada noticia buena, ocho malas.

Se fija un precio para el test de COVID-19, pero al menos 7 ISAPRE informaron un alza de sus planes en el marco de adecuación anual.

Se anuncia un bono COVID—19 de 50 mil pesos, pero que no asegura su entrega durante todo el tiempo que dure esta crisis.

La lista es larga y las decepciones son muchas. No existe respuesta clara sobre cómo se protegerá al trabajador. Volviendo al dictamen de la Dirección del Trabajo, el no recibir ingresos se traduce en no poder pagar el arriendo o crédito hipotecario, en no poder abastecerse de alimentos e insumos básicos, en la incapacidad de pagar la luz, el agua, y así sucesivamente. Porque una economía también se sustenta en el consumo, en que el empleador tenga algún cliente que consuma su producto, y para que pase eso la gente debe tener ingresos, por ende sin ingresos no hay quien consuma el producto del empleador. Sin esta parte de la ecuación funcionando correctamente igual se va a terminar detonando nuestra economía.

Pero este libre albedrío no es azaroso. Es parte del discurso oficial, que insta a los empresarios a tener “buena voluntad”, dejando el destino de los trabajadores a la buena fe de sus mayores, a una relación “de cariño”, o así lo señaló la vocera de gobierno, Karla Rubilar. De este modo, la seguridad social del trabajador se condiciona a la relación individual que mantiene con su empleador, dejando a este último con una responsabilidad que no le corresponde y al trabajador con cero certeza de recibir su sueldo a fin de mes.

Si continuamos esperando a que el ángel de la empatía ilumine al poder económico, lo que vendrá será entonces un escenario caótico y quizás aún mas apocalíptico que esta pandemia por si sola (cosa de ver los saqueos y protestas que están comenzando en el sur de Italia). Y la única forma de detener esto es a través de un gobierno que proponga legislar para la toda la gente y no solo para proteger a unos pocos. Porque desde el 18 de octubre que, ante un Estado ausente, nos hemos cuidado entre nosotros, aunque si bien nosotros los ciudadanos podemos autogestionar muchas cosas, no podemos sostener económicamente a la comunidad, por más acuerdos y coordinaciones que se tengan.

Nos aprontamos a cumplir un mes desde que se detectó el primer caso. A estas alturas, ya deberíamos contar con un plan concreto y transparente: sin titubeos, sin información contrariada y con líderes que susciten confianza y tranquilidad a sus conciudadanos. No es posible que hasta el día de hoy el gobierno continúe excusándose en la nula experiencia frente a esta crisis. Para las autoridades, este es el ahora o nunca. El gobierno dice que estamos todos juntos contra este virus, pero su “todos juntos” es una mentira. De ser real no estarían millones de personas preocupadas de perder su sueldo, de no llegar a fin de mes. Espero genuinamente que este escenario cambie, que el gobierno se dé una vuelta de carnero nivel olimpiadas y cambie de opinión a propósito de lo que está pasando. No me parece descabellado que esta sea una oportunidad para que la derecha abandone por fin su política económica prehistórica que insiste en generar empleos precarios y que hace rato ya tiene estancada nuestra productividad. No aspiro, por cierto, a que escuchar las noticias sobre las medidas del gobierno me generen una dicha incontrolable, pero al menos me gustaría tener la tranquilidad de que no están en contra de nosotros.  Es lo mínimo: un poco de tranquilidad y confianza en que, aunque estemos pasando por tiempos extraordinariamente difíciles, vamos a estar bien y que hay un Estado que nos cuida.