Corte Interamericana declara culpable a Perú por caso de tortura a mujer trans
Por: El Desconcierto
| Publicado: 07.04.2020
Azul Rojas Marín |
Los hechos ocurrieron en 2008, cuando agentes del Estado peruano secuestraron, torturaron, y violaron a una mujer trans de nombre Azul Rojas Marín, que tras los hechos denunció lo ocurrido ante la justicia peruana, siendo dicha investigación desestimada. Hoy, a doce años de lo ocurrido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorga la razón a la víctima, y le ordena al gobierno peruano hacerse cargo de realizar una investigación seria, además de poner en marcha planes de capacitación y sensibilización sobre la violencia contra la población LGTBIQ.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a la República de Perú por ser «responsable internacionalmente por la violación de los derechos: a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial«, de una mujer trans.
La víctima, identificada como Azul Rojas Marín, fue detenida el 25 de febrero de 2008 -sin motivo alguno según establece el fallo- por policías que la agredieron e insultaron «en función de ser una persona LGTBI», indicó la Corte en un comunicado.
Los hechos ocurrieron en la localidad de Casa Grande, en la costa norte de Perú, lugar de nacimiento de la afectada. En la comisaría de dicha localidad, Rojas Marín «fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada«.
Tras los hechos, Rojas Marín denunció a los policías ante las instancias judiciales peruanas, pero el caso fue desestimado y archivado.
Perú es responsable
Por estos hechos, que tardaron más de diez años en ser investigados, la Corte Interamericana declaró que el Estado peruano no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual, con lo cual violó los derechos de la víctima a las garantías y a la protección judicial.
Por ello, se determinó que el Estado peruano violó el derecho a la libertad personal de Rojas Marín, «pues su detención se basó en motivos discriminatorios, de modo tal que fue ilegal y arbitraria«.
En se sentido, la CIDH ordenó al Estado peruano continuar las investigaciones del caso para sancionar a los responsables en lo referente a la justicia del propio país, y a desarrollar un plan de capacitación y sensibilización sobre la violencia contra la población sexualmente diversa.
En su sentencia, el tribunal apuntó además que «las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales», y que en la sociedad peruana existían, al momento de los hechos y aún hoy en día, «fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia», los que a su vez, «en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales».
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