Fiscalía abre investigación por utilización de helicópteros en medio de cuarentena por COVID-19

La Fiscalía Oriente informó este lunes que se dispuso «la apertura de una investigación de oficio de manera de determinar la existencia de los hechos» que el fin de semana último derivaron en el traslado de personas a su segunda vivienda utilizando helicópteros para llegar a sus domicilios fuera de Santiago y, de esta manera, «infringir la cuarentena ordenada por la autoridad».

La Fiscal Regional (S), Lorena Parra, aseguró al respecto que “toda persona que infringe el artículo 318 arriesga penas que van desde los 61 días a 540 días y multas» en dinero calculadas en UTM.

Específicamente, «el artículo 318 del Código Penal», se lee en el comunicado oficial emanado de esta entidad, «indica que el que pusiera en peligro la seguridad pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte unidades tributarias mensuales», lo que equivale a $2.511.000 calculados a abril del mes en curso.

«A raíz de diversas publicaciones en medios de prensa acerca de que diversos individuos habrían infringido la cuarentena total decretada por la autoridad, trasladándose en helicópteros a diversos lugares del país, es que la Fiscalía Nacional Oriente decidió abrir una investigación de oficio por posibles infracciones al artículo 318 del Código Penal», confirmó luego el fiscal Francisco Lanas sobre los hechos en los que se vieron involucrados empresarios como José Manuel Urenda y Cristóbal Kaufmann.

Para este propósito, informó el profesional, «se ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, con el objeto de que informe cuáles son las aeronaves que han efectuado vuelos desde el Aeródromo de Vitacura correspondientes a la comuna que se encontraba en cuarentena total, para que informe (acerca de los) pasajeros, pilotos y los planes de vuelo registrados para dichas aeronaves».

Con la información recabada, asegura el fiscal, «se procederá a verificar si los pasajeros y pilotos contaban con los salvoconductos y autorizaciones de la autoridad correspondiente para efectuar dichos traslados. En el caso de que pasajeros y pilotos no contaran con las autorizaciones respectivas, podrían configurarse una infracción al Artículo 318 del Código Penal», lo que se traduce en una «vulneración a la salubridad pública en el contexto de Estado de Emergencia en el que nos encontramos actualmente».