Imagen referencial | Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
El reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y los insistentes intentos del oficialismo por liberar a los criminales que han sido condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura (ya sea promoviendo leyes, u bloqueando otras), tienen en estado de alerta una vez más a las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, que tras décadas de lucha para conseguir justicia, deben ahora mantenerse firmes para que lo poco ganado no les sea arrebatado aprovechándose del contexto de pandemia.
Este martes 14 de abril, las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Familiares de Ejecutados Políticos a nivel Nacional, emitieron un comunicado en el que condenaron el panorama adverso que se ha venido viviendo en las últimas semanas en materia de justicia y memoria para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
«Denunciamos en forma categórica y ante la opinión pública nacional e internacional, las nuevas intentonas del gobierno de Sebastián Piñera, quien busca dejar libres a criminales de lesa humanidad, y en un acto vil busca sus argumentos en la pandemia que vive el país«, afirmaron en su declaración las agrupaciones.
En ese sentido, criticaron las declaraciones que del mandatario, que «develan en forma clara sus intenciones, y quien junto a su sector de la derecha, vuelven una vez más sobre sus promesas de entregar libertad a los violadores de Derechos Humanos de la dictadura».
En esa línea, y en alusión al polémico fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que redujo penas y absolvió de crímenes a 17 ex agentes de la DINA condenados por diversos delitos de lesa humanidad, denunciaron «la concomitancia de sectores negacionistas enquistados en el poder«.
Asimismo, rechazaron las iniciativas que han llevado a cabo los parlamentarios oficialistas que han acudido al TC para incluir a los violadores de DD.HH. en la denominada ley de «indulto conmutativo», que pretende descongestionar las cárceles ante los riesgos del COVID-19 en esos recintos, y que ha sido utilizada por la derecha como vehículo para la liberación de estos criminales.
«A esto se suma que parlamentarios de la derecha, que aprovechándose de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, presentaron este lunes nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional, los que buscan ahora la libertad total de los violadores de Derechos Humanos, contraviniendo todos los tratados y convenios internacionales», afirman las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos.
Finalmente, «ante este afán de impunidad», las agrupaciones exigen «la renuncia del ministro de Justicia Hernán Larraín, quién fue cómplice de los crímenes de Colonia Dignidad y protector de Paul Schäfer, además de cómplice de los crímenes que se cometieron en ese lugar, y la renuncia de Lorena Recabarren, subsecretaria de DDHH, quien nunca se ha reunido con las agrupaciones de familiares de regiones, ni entregado la información de las causas judiciales de nuestros familiares».
