| Juan Carlos Jobet – Agencia Uno
Según anunció titular de Energía, Juan Carlos Jobet, presentará una «reserva de constitucionalidad» -que en la práctica implica que la ley deberá pasar directo al TC antes de ser aprobada- porque la nueva legislación «afecta la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad; segundo, porque resulta inadmisible, a nuestro juicio, en atención a que genera gasto para el Estado; y tercero, porque afecta el derecho a desarrollar actividades económicas».
«Inadmisible«. Así tildó el proyecto de ley que pretende prohibir el corte de los servicios básicos el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet (ex presidente del directorio de la AFP Capital y ex ministro del Trabajo).
Esto luego de que durante este miércoles el proyecto fuera aprobado por una amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se acordó que la legislación prohibirá el corte de los servicios básicos, correspondientes a luz, agua, telefonía, internet y gas, durante el periodo del Estado de Catástrofe por el COVID-19.
La iniciativa tuvo 97 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, por lo que ahora pasó a discutirse en el Senado.
Sin embargo, la postura del Ministerio de Energía pretende echar por tierra lo aprobado, ya que según anunció el ministro de la cartera, presentarán una «reserva de constitucionalidad» de este proyecto.
Esto, significará que tras ser aprobado en el Senado, el proyecto deberá ir directamente al TC, donde el tribunal deberá resolver si es constitucional o no.
La justificación del ministro es que las ideas del proyecto ya están contenidas en el acuerdo alcanzado por el Presidente Sebastián Piñera con las empresas que entregan estos servicios básicos, y que este proyecto vendría a afectar el derecho «para desarrollar actividades económicas».
«Vamos a hacer reserva de constitucionalidad de este proyecto, primero, porque afecta la igual repartición de las cargas públicas y el derecho de propiedad; segundo, porque resulta inadmisible, a nuestro juicio, en atención a que genera gasto para el Estado; y tercero, porque afecta el derecho a desarrollar actividades económicas«, argumentó Jobet.
