Cuerpas que no importan

El mantenerse en el hogar no es un beneficio. Tampoco vacaciones. Para muchas mujeres es una medida que atenta contra su vida cuando su cotidianeidad es la violencia intrafamiliar, porque el lugar más riesgoso para estas mujeres es su hogar. El aumento del 70% en denuncias por violencia intrafamiliar no es un porcentaje sorprendente, más bien es una consecuencia de las nulas medidas para combatirla fuera del periodo de cuarentena.

Según cifras de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en lo que va del año se han registrado 13 femicidios en nuestro país. Si antes no existieron medidas para evitar esta violencia -aún con todas las movilizaciones feministas latentes-, es de esperar que durante el encierro obligatorio en el hogar esta aumente.

Se ha mostrado mayor interés en sacar a la mujer violentada de su propio hogar, que en buscar condenar y remediar la violencia contra ella. Los movimientos feministas convocados y autoconvocados han mostrado a todas luces la necesidad de cambiar el pensar a la mujer como objeto de posesión, hablando sobre educación no sexista, sobre el derecho de la mujer a decidir, que son medidas que protegen a la mujer más a largo plazo, que a corto plazo.

Tenemos que apostar al cambio profundo de la violencia. Encontrar el mecanismo de eliminarla desde su origen, para no seguir buscando medidas una vez que a las mujeres las asesinan. Hoy más que nunca existe la necesidad de dar una respuesta política a la demanda transversal de terminar con la violencia de género, cumpliendo con el deber de legislar a nuestro favor, y no hacernos gestos de desinterés, al dejar descansando iniciativas que van en nuestro beneficio.

Una forma de comprometerse con los cambios sociales desde una perspectiva de género es dar celeridad a ciertos proyectos de ley, a los que algunos parlamentarios del oficialismo se oponen debido a “ciertos sesgos ideológicos”. Una de las iniciativas presentadas que va en esta línea es el “Proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, que reconoce la violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral e indirecta.

Pese a su importancia, este proyecto, ingresado en enero de 2017, se mantiene en segundo trámite constitucional en el Senado. Una iniciativa así es urgente, porque mandataría al Estado y a sus ministerios de la Mujer, Justicia y Salud a mejorar la respuesta institucional a mujeres que sufren violencia intrafamiliar, y de paso, haría frente al aumento de estas vulneraciones en periodo de cuarentena.

Si no apostamos a los cambios de origen, no encontraremos medidas para evitar la violencia contra la mujer. Si no creemos en los cambios legislativos en favor de los derechos sexuales y reproductivos, no se eliminarán los crímenes de odio, la misoginia y el machismo.

Mientras no haya acciones claras de parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sobre esta violencia, más allá de entregar un número para denunciar (cuando es el paso más difícil), seguirán siendo las organizaciones feministas quienes asuman el acompañamiento de las mujeres violentadas.