«Se trata de una irresponsabilidad criminal»: ANEF responde a orden del gobierno de retomar funciones gradualmente

El día de ayer, a través de una circular emitida por los ministerios de Hacienda e Interior, el oficialismo estableció que, durante abril, los distintos servicios deberán reincorporar a sus funciones usuales a los trabajadores que se encontraban realizando sus funciones desde sus hogares a través de internet.

Así, desde el directorio de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), emitieron una respuesta ante esta orden gubernamental, sosteniendo que éste «se trata de una irresponsabilidad criminal».

«Las medidas implementadas por el gobierno siguen evidenciando que su única prioridad es el resguardo de los intereses económicos por sobre la protección de la salud y la vida de las y los chilenas y chilenos», comienza el comunicado, agregando que las medidas de carácter fiscal adoptadas privilegian al empresariado, descargando sus costos sobre las y los trabajadores.

De esta forma, explican que se extiende el llamado de «normalizar» la actividad del país, «asumiendo los costos en vidas que tendría el levantamiento de las limitadas medidas de distanciamiento social y cuarentena en vigencia, como una nueva columna en sus balances corporativos. Agregan que la realidad muestra una «improvisación y una falta de planificación» por parte de las autoridades del gobierno para enfrentar la pandemia.

«Se trata de una irresponsabilidad criminal», continúan desde la ANEF en el comunicado, argumentando que dado que estamos ad portas de iniciar el periodo invernal, y que Chile ya había superado los 8.807 casos el día antes de la orden del gobierno, sería irresponsable suspender la cuarentena, observando el ejemplo internacional.

En la respuesta al gobierno, agregan que «son miles las y los trabajadores del Estado que están hoy cumpliendo funciones presenciales a lo largo del país», especialmente las y los trabajadores de la salud centralizada, municipal, estatal y privada, junto con las y los trabajadores en las fronteras, aeropuertos, centros penales y protección de la infancia, quienes siguen cumpliendo sus funciones pese a la precariedad de las medidas de protección personal y seguridad laboral.

Así, recalcan que «normalizar» las funciones no se condice con la situación actual del país, y se subordina a los intereses y a la voluntad de un sector del gran empresariado.

Finalmente, hacen el llamado a sus asociados a continuar cumpliendo el rol que le «debemos al pueblo de Chile», y a resistir a las presiones y rechazar «la pretensión de usar a los servicios públicos como excusa para avanzar en una falsa «normalización» que sólo puede implicar profundizar el riesgo de extensión del contagio, y «transformarse en un sombrío trueque entre vidas y economía».