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No sólo las situaciones de violencia han evidenciado la crisis por covid-19, también nos encontramos con la sobrecarga en las labores domésticas a la que muchas mujeres se están viendo enfrentadas actualmente. En tiempos de pandemia las mujeres son quienes ejercen un rol protagónico con base a la maximización del trabajo productivo y reproductivo al interior de los hogares. Estamos frente a una clara crisis de los cuidados, pues mujeres que antes realizaban labores domésticas no remunerada, ahora se están viendo mayormente explotadas, así también aquellas que compatibilizan trabajos remunerados con las labores domésticas, con menos tiempo personal y para el descanso.
Salta a la vista la escasa incorporación de una perspectiva de género y feminista al momento de proponer y diseñar estrategias de salud mental frente a la crisis sanitaria. Querámoslo o no, la pandemia tiene cuerpo de mujer: mediante el trabajo remunerado o no, las mujeres se hacen cargo de los cuidados en el trabajo, el hogar y la crianza. Por lo tanto, es fundamental nombrar la situación en la que mujeres y niñas se encuentran, y el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad chilena.
Sabemos que la opresión hacia las mujeres en el ámbito cotidiano responde a una dominación estructural y constitutiva del sistema patriarcal-neoliberal, donde las condiciones y determinantes sociales aumentan la vulnerabilidad para que se desarrolle malestar psíquico en la población femenina, malestar que se agudiza frente a la división sexual del trabajo; la doble carga laboral, la violencia machista en el hogar y vulnerabilidad laboral.
Uno de los efectos de la crisis sanitaria ha sido el aumento de la violencia de género en el entorno inmediato de las mujeres y niñas, y la mayoría de las mujeres se han visto forzadas a quedarse en sus hogares junto a sus agresores puesto que el sistema de atención de víctimas ya se encontraba desbordado, hoy no se vislumbran nuevas señales que se hagan cargo de aumentar el presupuesto en políticas públicas en esta materia, ya que el encierro es un factor de riesgo en cuanto a los niveles de violencia. Desde el primer fin de semana de cuarentena, las denuncias por Violencia Intrafamiliar han aumentado en un 70%, esas graves cifras dan cuenta por un lado, de cómo el confinamiento agudiza las situaciones de violencia de género y por otro, como también ha evidenciado lo desprotegidas que se encuentran las mujeres en Chile.
Dentro de los argumentos del gobierno para levantar la cuarentena, uno tiene relación con problema del aumento de la violencia intrafamiliar, lo cual nos parece una postura preocupante el responsabilizar a la mujeres sobrevivientes de violencia de género por la imposición de esta medida, puesto que además se entiende que ellas son quienes deben volver a trabajar en forma presencial, exponer su salud y así disminuir el tiempo de relacionamiento con el agresor. No es de extrañar que hubo un rechazo colectivo, político y ciudadano frente a la posibilidad de que los y las funcionarias públicas y otras trabajadoras, volviesen este lunes 20 de abril a ejercer sus funciones en forma presencial. Ante lo implausible de esta medida, recordamos además las escasas recomendaciones entregadas por el MINSAL, en términos de salud mental, para ir tomando el pulso a nuestras capacidades de afrontamiento durante la pandemia y cuarentena.
Bajo este escenario se vuelve pertinente pensar la salud mental con una perspectiva feminista y en particular en tiempos de cuarentena y aislamiento es aún más crucial. Es fundamental hacer un análisis del contexto y de la situación de las mujeres actualmente, al momento de pensar las políticas que nos cuiden.
No sólo las situaciones de violencia han evidenciado la crisis por covid-19, también nos encontramos con la sobrecarga en las labores domésticas a la que muchas mujeres se están viendo enfrentadas actualmente. En tiempos de pandemia las mujeres son quienes ejercen un rol protagónico con base a la maximización del trabajo productivo y reproductivo al interior de los hogares. Estamos frente a una clara crisis de los cuidados, pues mujeres que antes realizaban labores domésticas no remunerada, ahora se están viendo mayormente explotadas, así también aquellas que compatibilizan trabajos remunerados con las labores domésticas, con menos tiempo personal y para el descanso. Y más preocupante se vuelve la situación cuando se realiza el cruce entre género y clase, entendiendo que hay profundas diferencias en la forma en que se percibe esta crisis según la posición social en la que nos encontramos. Esta crisis sanitaria está dejando en evidencia la clara división sexual del trabajo que impera en nuestra sociedad.
Estas condiciones específicas a las que referimos de las mujeres – entre otras- sin duda son factores de riesgo para su salud mental, pero es fundamental tener en consideración que los problemas de salud mental ponen en evidencia condiciones de precariedad y dejan al descubierto desigualdades estructurales, de clase o género. El riesgo a la estigmatización está latente, bien sabemos que existe una tendencia histórica de la sociedad patriarcal a sobrediagnosticar y patologizar a las mujeres por sobre los hombres. En ese sentido, es que el problema no debe patologizarse, sino más bien conducirse a generar condiciones dignas durante la cuarentena y posterior superación de la crisis sanitaria.
Tomando en consideración todo lo anterior, las feministas debemos tener lugar político y colectivo, al momento de pensar la políticas en salud mental para así proponer estrategias que consideren las especificidades de género que conlleva la actual crisis sanitaria en la comunidad. Frente a lo anterior, nos parece incomprensible el cierre del Programa 4 a 7 del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Programa Habilidades para la Vida, del Ministerio de Educación. No sólo se resta de red de apoyo no presencial o bajo la modalidad de teleasistencia en vista del distanciamiento social, sino que además cierra la fuente laboral de miles de trabajadoras y trabajadores a honorarios, y priva del apoyo psicosocial directo a más de 700.000 niños y niñas a lo largo de todo el territorio nacional.
Podemos darnos cuenta del problema, pero debemos hacernos cargo impulsando políticas públicas en salud mental con una perspectiva feminista, convocando una mayor presencia de profesionales feministas, trabajando desde la cooperación y la complementariedad de los saberes, con una mirada territorial, comunitaria y preventiva, para así avanzar hacia una Ley de Salud Mental Integral en Chile.
