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Opinión

Arauco: No es violencia rural, es violencia racial

Por: Alejandro Navarro / Publicado: 23.04.2020
/ Imagen referencial
La pregunta política, en este contexto, no es quién puso la bomba, sino qué más espera el Estado que suceda, para responder con justicia a una problemática que solo ha sabido enfrentar con balas; porque seamos claros, el que comenzó quemando instalaciones productivas en La Araucanía fue José Joaquín Pérez, que no era mapuche, era chileno, y el resultado de su operación es que, actualmente en la provincia de Arauco, en cuya capital, Lebu, han sucedido los últimos enfrentamientos, el 80% de las tierras están en manos de las forestales.

Un coche bomba; enfrentamientos armados entre Carabineros y un grupo de desconocidos, con armas de alto calibre; una fotografía a contra luz, al más puro estilo del Ejército Islámico; amenazas a dirigentes indígenas tildados de “yanaconas”; y una carta al Director en El Mercurio del General (r) Aldunate, en el que acusa el despliegue de un comando de boinas negras para apoyar labores de seguridad en la Macrozona Sur, cuestión que ni Defensa, ni Interior, han desmentido. La violencia en Arauco crece. La política calla.

Algunos acusan montajes, hay antecedentes para pensarlo. Otros, la radicalización de los métodos de protesta de los grupos de resistencia territorial indígena. Pero lo cierto, es que poco importa la lógica penal de “encontrar a los culpables”, cuando el Estado de Chile ha sostenido desde 1860, una guerra de intensidades variables en contra del Pueblo Mapuche, reduciendo las tierras libres que se ubicaban entre el Biobío y el Toltén, a unas cuantas comunidades disgregadas, cuyas tierras, que son el 6% de su territorio original, apenas alcanzan para su subsistencia.

La pregunta política, en este contexto, no es quién puso la bomba, sino qué más espera el Estado que suceda, para responder con justicia a una problemática que solo ha sabido enfrentar con balas; porque seamos claros, el que comenzó quemando instalaciones productivas en La Araucanía fue José Joaquín Pérez, que no era mapuche, era chileno, y el resultado de su operación es que, actualmente en la provincia de Arauco, en cuya capital, Lebu, han sucedido los últimos enfrentamientos, el 80% de las tierras están en manos de las forestales.

Es por ello que la actual escalada de violencia merece nuestra atención. No por su novedad, porque después de 15 mapuche asesinados en democracia y más de 50 mil asesinados durante la guerra de ocupación, es difícil sorprenderse. Sino, porque una vez más la violencia -que por cierto nadie aplaude- nos brinda la posibilidad de reflexionar para tomar acción sobre una realidad dolorosa, como lo es el genocidio de un pueblo y de su cultura, y atender a sus causas y no solo reaccionar a sus consecuencias: el caldo de cultivo perfecto para la radicalización de los enfrentamientos.

Chile debe partir por asumir, que en la Macrozona Sur no tiene un problema social, sino un conflicto internacional, basado en la invasión de un territorio y la aniquilación sistemática de su gente, su espiritualidad y sus formas de organización. Si el Estado no asume las causas del conflicto, Chile seguirá pensando que crear un Consejo de Pueblos para reemplazar a las autoridades tradicionales es una buena idea, o que rescatar prácticas culturales sin devolver la tierra, fundamento de la cultura, tiene algún sentido.

En Arauco no hay violencia rural, hay violencia racial, no entenderlo es una miopía.

Alejandro Navarro
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