Derecho de los pacientes con COVID-19: La pelea entre autoridades que cuestiona la confidencialidad de los diagnósticos

Uno de los efectos que el coronavirus ha tenido a nivel de comportamiento ha sido la persecución en contra de quienes han sido expuestos públicamente como casos positivos. Detrás de este conflicto hay un tema constitucional: los derechos (y deberes) de los pacientes, y más en particular, en lo que respecta a la protección de datos.

La discusión entre autoridades del gobierno central (el ministro de Salud) y los representantes locales (alcaldes) ha ido en la línea de que estos últimos puedan manejar esa información, a fin de ejecutar un control más eficaz de la misma pandemia. Sin ir muy lejos, la Contraloría se pronunció hace algunos días al respecto.

En el dictamen 8.113, fechado el 20 de abril pasado, el órgano fiscalizador repasó el artículo 19 de la Constitución, que resguarda el derecho a la honra de la persona y su familia, además de la protección de datos. También mencionó la ley 20.584, relativa a los derechos y deberes de quienes se atienden en los distintos sistemas de salud, donde se menciona que “dicho precepto que toda la información que surja, tanto de la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada como dato sensible”.

En la misma línea,  aclararon que “la información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con COVID-19, forma parte de la ficha clínica de cada uno de ellos y, en consecuencia, constituye un dato sensible que solo puede ser objeto de tratamiento -esto es, puede ser extraído, disociado, comunicado, cedido, transferido, transmitido o utilizado en cualquier otra forma-, en lo que interesa, cuando la ley lo autoriza expresamente”.

¿Qué dijeron sobre la solicitud de los alcaldes de tener esta información? “No resulta procedente la entrega a tales entidades o autoridades de información de salud relativa a los pacientes que hayan sido diagnosticados con el denominado COVID-19, sin su consentimiento”.

Con todo, fuentes aseguran a El Desconcierto que ya en algunas municipalidades los mismos ediles han promovido e invitado a revelar información de los portadores.

El siguiente nivel de la discusión llegó a la Cámara Alta: los senadores Jaime Quintana (PPD), Carolina Goic (DC), Manuel José Ossandón (RN), Guido Girardi (PPD) y David Sandoval (UDI), presentaron un proyecto de ley para facilitar a los alcaldes el acceso a la información de estos datos reconocidos como “sensibles”.

“Controversias diarias entre el Minsal y alcaldes debe terminar por el bien de la salud de los chilenos (…) Presentamos una iniciativa para permitir acceso a datos de pacientes de manera restringida”, escribió en su cuenta en Twitter el senador Quintana.

Controversias diarias entre Minsal y alcaldes deben terminar por el bien de salud de los chilenos. Con @carolinagoic @mjossandon @guidogirardi y @sandovalplaza presentamos iniciativa para permitir acceso a datos de pacientes de manera restringida. Pedimos al gob q ponga urgencia.

— Jaime Quintana (@senadorquintana) April 22, 2020

El proyecto de ley considera que la información de los pacientes “podrá ser entregada total o parcialmente, a los alcaldes conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la misma, única y exclusivamente durante esta emergencia sanitaria, cuando estos tengan conocimiento, debidamente comprobado, que una persona de su comuna padece la mencionada enfermedad”. El objetivo es gestionar “atenciones específicas de carácter asistencial”. La condición es que el alcalde o alcaldesa debe contar “con el consentimiento explícito de quien padece la referida enfermedad”.

Por cierto, los mismos senadores le pidieron al gobierno modificar la urgencia del proyecto para su rápida tramitación.

Pero uno de los grupos con mayor data en cuanto a la defensa de la confidencialidad de los estados médicos, las personas viviendo con VIH, ve opciones de discriminación y estigmatización en la idea parlamentaria. Víctor Hugo Robles, reconocido activista en el movimiento, advierte: «Nuestro temor es que esta modificación legal implique abrir la puerta para que sean conocidos los estados clínicos de estas personas. Es necesario que se mantenga esta ley. Las personas enfermas tienen derechos y es necesario resguardarlos».

Dadas las condiciones actuales, va más allá: «Habría que hablar de una defensoría de los derechos de los pacientes».

Desde la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el presidente Carlos Margotta precisó que el acceso a los datos personales de los ciudadanos en situaciones excepcionales “debe ser prontamente abordado por los órganos competentes de las naciones unidas”, pues su preocupación va en la permanencia de la vigilancia.

“Existe el fundado temor a que la tecnología de vigilancia, invocada como legítima herramienta para enfrentar situaciones excepcionales como una guerra o una pandemia, se transforme en un instrumento de uso permanente para obtener otros fines, como el debido control por parte del Estado de sus ciudadanos”, señaló.

En la misma línea de la pérdida o modificación de ciertos derechos en desmedro de los ciudadanos, Robles advierte la opción de integrar este mismo proyecto a los ya aplicados en movilidad (toques de queda, por ejemplo). «Lo complejo es que estos mismos derechos llagaran a desaparecer, incluso la esa sola opción», teme.