Casino Municipal de Viña del Mar | Fotografía de Agencia Uno
En marzo del año pasado, la concejala Marcela Varas presentó un oficio a la Contraloría Regional de Valparaíso en el que denunció a la concesionaria del Casino Municipal de Viña del Mar y a la Municipalidad por el cobro irregular de las entradas a las salas de juego, lo que iría en desmedro directo de los fondos del Municipio, de los trabajadores del Casino y del presupuesto cultural de la ciudad jardín. Se constató, además, que en caso de excedentes, por ley estas utilidades deberían invertirse en una de las necesidades más urgentes de la comunidad viñamarina: viviendas dignas para su gente.
Atrás quedaron los días en que la alcaldesa Virginia Reginato utilizaba el Casino Municipal de Viña del Mar como uno de sus puntos de campaña. Cuando invitaba a las vecinas de las juntas y organizaciones de los cerros de la ciudad jardín, que acudían con sus mejores vestimentas a tomar el té junto a la máxima autoridad municipal, en los restaurantes y servicios de comida del lujoso establecimiento de la avenida San Martín.
En octubre de este año, el Casino de Viña del Mar debería dejar de ser propiedad del municipio y pasar a ser 100% de Enjoy S.A., que tiene como presidente del directorio a Francisco Javier Martínez Segui, quien también dirige Antonio Martínez y Cía, actual dueña de la concesión del inmueble. El uso de la palabra “debería” radica en que este traspaso debió haberse concretado en 2015 cuando expiraba el contrato de concesión. Esto se aplazó por dos años. Luego por dos años más. Ahora estamos en 2020 y aún no se concreta.
Además de la inminente separación de estas entidades, existe otro problema que divide las aguas entre ambas partes: una investigación de la Contraloría General de la República a la Municipalidad de Viña del Mar – gatillada por un oficio de la concejala de la ciudad Marcela Varas -, con el objetivo de determinar irregularidades en el cobro de las entradas a las salas de juego del Casino (dinero que corresponde al Municipio) y también una presunta delegación de la administración del establecimiento a Enjoy Gestión S.A., compañía diferente a la que ganó la concesión.
La denuncia de la concejala al Contralor Regional de Valparaíso, Víctor Hugo Merino Rojas, el 12 de febrero de 2019, establecía que existen antecedentes que permitirían afirmar que no se cobraron entradas de manera regular al recinto de juegos entre los años 2012 y 2018, por lo menos. El Desconcierto conversó con ex trabajadores del Casino que prefirieron resguardar su identidad y con empleados actuales asociados al sindicato, testigos que, además de confirmar las acusaciones de la edil, hablaron de otro problema que sería consecuencia del no cobro de entradas al Casino: el desconocimiento de la indemnización denominada “de puerta”.
Un derecho social determinado por ley, que se habría estado incumpliendo sistemáticamente y que, además, podría no solo beneficiar a estos trabajadores, sino que también podría ayudar a la ciudad completa en uno de los ámbitos que más urgen en Viña del Mar: la vivienda.
En el artículo 14 de la Ley 17.312 (1970), se ordena un «aumento» en el cobro de las entradas al Casino Municipal de Viña, y que los ingresos por este concepto deben ser destinados a fines específicos, que apuntan a dos beneficios sociales: una indemnización a los socios del sindicato de trabajadores del recinto, denominada “de puerta” (66,66%) y financiamiento a Orquesta Sinfónica Regional de la provincia de Valparaíso, lo que actualmente correspondería a la Corporación Cultural de Viña del Mar (33,33%).
Consultada por este medio, y para saber la correspondencia de sus balances con estos supuestos aportes que debería recibir por concepto de las entradas al Casino Municipal, la Corporación Cultural de Viña del Mar respondió que “por disposición de la Dirección no podemos dar información financiera a los medios de comunicación”. Sin embargo, la otra parte afectada por esta ley, las y los trabajadores del establecimiento de azar, sí declararon, confirmando el cobro irregular de entradas por años.
“Cuando yo llegué me dijeron así medio ‘por debajo de la mesa’ que no debía cobrar las entradas”, cuenta a este medio una persona que trabajó en la puerta del Casino algunos años del período 2012-2018.
“Aunque me contrataron para control de puerta, me decían que mi función no era cobrar, cortar o revisar la entrada, sino que era decir ‘hola, buenos días, ¿cómo está?’ y dejar pasar a la gente”, comenta esta persona que prefirió resguardar su identidad. “No había ningún control de quién ingresaba al Casino, siempre había problemas adentro con los clientes”, explica.
“Había días en que se vendían cero, pero cero pesos en entradas, y el casino lleno. Los cajeros de la municipalidad estaban todo el día ahí, todo su turno, haciendo nada”, asegura.
Por su parte, la Municipalidad de Viña del Mar envió en mayo del 2019 una misiva a la Contraloría, en la que declara que «la venta de estas entradas, ha estado a cargo de la Tesorería Municipal, la que siempre ha tenido habilitada dos cajas en el frontis del Casino», y que existe un convenio preferencial para clientes Enjoy Club, que pueden ingresar por medio de «vouchers» o «tickets» que emite el concesionario. Este último, a su vez, debe ingresar en las arcas municipales «el valor íntegro de las entradas dentro del plazo necesario».
Según Carlos Martínez, presidente de la Federación de Sindicatos del Casino Municipal, todo comenzó cuando entró en rigor la Ley del Tabaco, en el año 2012, instancia en la que el concesionario habría llegado a un arreglo con el Municipio para aumentar la afluencia de público – que habría dejado de ir porque no se podía fumar – al dejar entrar a la gente de manera gratuita.
“Ahí hubo un acuerdo con la Municipalidad efectivamente, para dar esa facilidad de que la gente entrara al Casino sin este cobro. También por una campaña de la empresa de fidelización de clientes con la tarjeta Enjoy Club (…) Ellos tienen que haber compensado de alguna forma a la Municipalidad por la cantidad de gente que entraba, pero nosotros no tenemos conocimiento de cómo lo hicieron”, afirma Martínez.
Con los cajeros municipales en sus puestos sin trabajar – cosa que confirmaron también miembros de los sindicatos – y la gente de control de puerta siendo meros anfitriones, ninguna de las fuentes consultadas se explica cómo se llevaba la cuenta del valor total que adeudaba el Casino a la Municipalidad por concepto de las entradas que liberaba.
La Municipalidad – en la misma respuesta a Contraloría de mayo de 2019 – asegura que sí recibía pagos compensatorios, pero solo por el ingreso de clientes de Enjoy Club, costos que el concesionario habría contabilizado y asumido. Sin embargo, es la misma gestión de Reginato la que informó a Contraloría de un atraso en estos pagos, ya que la recaudación que debía ser ingresada a la Tesorería Municipal por el dinero de entradas correspondiente al mes de agosto de 2018, fuera recibida en abril de 2019.
Así también, los pagos entre los meses de septiembre de 2018 y abril de 2019 tampoco habían sido ingresados al Municipio hasta ese entonces (mayo 2019).
Esto constituiría una falta grave del concesionario, según las bases de licitación y el respectivo contrato de concesión del Casino Municipal, documentos a los que El Desconcierto pudo acceder.
«En el caso de incumplimiento de las obligaciones de pagar dentro de plazo a la Municipalidad cualquier suma a la que esté obligado por estas bases o los contratos de concesión, o de mantener las garantías vigentes y actualizadas en los montos (…) se podrá cobrar una multa de 50 UF por cada día de atraso”, se señala en las bases de la licitación pública del Casino Municipal de Viña del Mar (1999).
Aparte de eso y más grave aún, las mismas bases establecen que cuando el concesionario se atrase, al menos, 30 días en pagar cualquier suma de dinero a la Municipalidad, esto se constituye como un “incumplimiento grave”, lo que obligaría a “extinguir la concesión”.
Al respecto, la Municipalidad solo respondió al ente fiscalizador que, debido a los incumplimientos en los pagos detectados, el jefe de inspección del Casino ordenó eliminar en marzo de 2019 – un mes después de la denuncia de la concejala Varas – el sistema de tickets, obligando a todos los clientes a pagar su entrada, y también estableció que se debían aplicar las sanciones al concesionario, reguladas en las bases de la licitación.
Sanciones que, como indican los documentos legales, debieron significar el término de la concesión del Casino. Cosa que no ocurrió.
Nicolás Veloso es abogado. Trabaja entre Viña del Mar y Villa Alemana, y es uno de los profesionales que más casos ha tomado de los trabajadores del Casino Municipal en la última década. La mayoría de estas causas son por despidos injustificados, llegando a un promedio de 50 a 60 demandas de este tipo – contra la concesionaria y contra la Municipalidad – por año, y 30 en las que los trabajadores solicitan el pago de la renombrada indemnización “de puerta”, de acuerdo con el legista.
En casi la totalidad de los casos que ha visto Veloso, no ha existido juicio, ya que las partes generalmente llegan a un acuerdo. «Esto es debido a que para los trabajadores es mejor recibir una cantidad de inmediato que pasar dos años en cortes sin ninguna garantía de ganar», dice el profesional.
De acuerdo con Carlos Martínez y otros trabajadores asociados a la Federación de Sindicatos del Casino, la Municipalidad tampoco ha mostrado nunca intención alguna de hacer valer el derecho de las y los trabajadores a recibir ese dinero que, aún cuando debe ser administrado por el concesionario, corresponde a un ingreso que es propiedad municipal, y que debe ser utilizado con fines sociales regulados por las leyes ya mencionadas. Y por un decreto más. Uno muy importante.
Si miramos con atención el Decreto Alcaldicio N°1.746 (1977) – que establece las condiciones bajo las cuales existe y se distribuye el fondo de indemnización para los trabajadores denominado “de puerta” -, se puede apreciar lo que Veloso establece como un «incumpliento» del concesionario con más de un punto de esta norma.
Por ejemplo, según los artículos N°s. 2 y 4 de este polémico decreto de la Alcaldía de Viña del Mar, se establece que la Directiva de Sindicatos debe “asesorar” al concesionario en esta materia – que será “administrador y organizador” exclusivo de este fondo del que la Municipalidad es propietaria – y que, además, la empresa deberá emitir informes periódicos sobre la contabilidad de estos ingresos, para poner en conocimiento a los socios sindicales de los movimientos de estas recaudaciones.
Esto, según Martínez y los demás miembros de la Federación que conversaron con este medio, no ocurre. Dicen saber de la existencia del fondo, pero no poseen información alguna sobre montos, cargos, abonos o números de cuentas.
Por último, para el abogado hay un artículo de este decreto cuya omisión o nulo cumplimiento es el que puede haber causado un mayor daño social, por el no cobro de entradas y no pago de estos fondos de bienestar social.
El artículo N°8 del D.A. N° 1.746 establece que “si los fondos provenientes de la Ley 17.312 (venta de entradas al Casino) y sus posibles modificaciones superaran las sumas que deben pagarse por concepto de los beneficios establecidos en el presente Reglamento, el excedente podrá destinarse a labores de extensión social, dando preferencia, dentro de estas, a la construcción de viviendas, al otorgamiento de préstamos hipotecarios o a planes habitacionales, de acuerdo a lo que señalen los reglamentos o convenios vigentes sobre la materia”.
Es decir, el dinero que se cobró de manera irregular en el período – al menos – desde 2012 a 2018, y que en buena parte correspondía a los trabajadores, podría haber otorgado también fondos a la Municipalidad para políticas habitacionales, en la ciudad con más gente viviendo en campamentos del país, según la última actualización del Catastro de Campamentos, realizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 2019.
Tanto la Municipalidad de Viña del Mar como Enjoy S.A., a pesar de ser consultadas en reiteradas ocasiones por nuestro equipo, no quisieron referirse al asunto.
