Red de organizaciones ciudadanas piden que Chile cierre fronteras a la importación de basura plástica

El 17 de abril pasado, la Alianza Basura Cero Chile entregó al Ministerio de Medio Ambiente una carta pidiendo un pronunciamiento claro del país frente a la OCDE respecto a la adopción de modificaciones al Convenio de Basilea que fortalecen el control transfronterizo de residuos, obligando a exportadores de plásticos a informar y pedir consentimiento a los países de destino antes del envío de dichos residuos.

La solicitud se realizó a propósito de las reuniones que se desarrollan estos días en Francia con el fin de definir si los países de la OCDE acatan, o no, las modificaciones al Convenio de Basilia. Los cambios a este convenio, originalmente solo referido a movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, ahora obligan a los exportadores de plásticos no reciclables a informar y pedir consentimiento a los países de destino antes del envío de los residuos que finalmente se constituyen en un peligro para las comunidades y los ecosistemas. Estados Unidos que no es suscriptor del Convenio, está presionando a la OCDE para que no se adopten los cambios en los países miembros de esta organización.

La medida se adoptó luego de observar cómo basura plástica de Alemania, Italia, Canadá y otros países desarrollados, inundara países del sudeste asiático después de que China cerrara su frontera a los plásticos el año 2018. Los materiales debían ser separados en sus países de origen para ser reciclados, pero por tratarse de productos de difícil selección o sin segregación en origen, las empresas encargadas de su gestión prefieren pagar a empresarios de países pobres, para que reciban los residuos plásticos, a veces en instalaciones ilegales donde terminan siendo quemados, enterrados o simplemente apilados en playas, bosques o sectores rurales. El costo para los países ricos de exportar basura plástica a países empobrecidos, es menor que el costo de dar disposición final a esa basura en sus propios territorios.

En general los países suscritos al Convenio acataron esta imprescindible conducta de hacerse cargo de su basura, pues pagar por contaminar otro suelo ya no puede seguir siendo la dinámica.

¿Y qué dice Chile?
Chile no ha expresado aún su postura oficial, y es de esperar que en las reuniones que se sostendrán esta semana haga eco de la resistencia permanente de la ciudadanía a la gestión irresponsable de residuos, que hasta hoy pone énfasis y recursos en enterrar los residuos o intentar construir incineradoras para quemarlos.

En el país, especialmente de la mano de recicladores de base e iniciativas ciudadanas, se han comenzado a dar pasos significativos en torno a compostaje, reuso y reciclaje.

La Ley REP por su parte da cuenta de una búsqueda de hacer responsables no solo a los consumidores, sino también a los productores de los residuos que generan sus productos, todo lo anterior bajo el prisma de una economía circular. Sin embrago, una óptima implementación de la Ley REP se dificulta enormemente si los residuos provienen de otros países.