CARTA| Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH: «la defensa por un organismo autónomo»

Como Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (AFFINDH) rechazamos tajantemente las declaraciones del director del INDH, Sergio Micco, “no hay derechos sin deberes”, emitida en un medio de circulación nacional el sábado 2 de mayo de 2020.

Dicha afirmación, además de reflejar un profundo desconocimiento de los principios fundamentales de la doctrina de derechos humanos universalmente aceptada, que los sitúa como garantías inherentes a toda persona por el hecho de serlo, desconoce, subordina y/o supedita su goce y ejercicio al cumplimiento de “deberes”. La mencionada doctrina es clara al señalar que el Estado está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos. Lo anterior, sin desconocer la tarea que a toda persona y a la sociedad en su conjunto le cabe en torno a respetar los derechos humanos y que se consagra en el artículo 29 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Los derechos humanos son universales, inalienables e irrenunciables. En ningún caso  su goce se condiciona a que las y los titulares de dichos derechos den cumplimiento a lo que personas, sectores e incluso el propio Estado puedan considerar “deberes”.

Las declaraciones del director del INDH abre un espacio de interpretación que dificulta aún más la tarea de construir en Chile una institucionalidad de derechos humanos seria, consistente, creíble y respetada. Estas no solo relativizan la columna vertebral de la protección de los derechos humanos, sino que, además, constituyen una nueva falta de respeto al trabajo que, a lo largo de casi una década, ha desarrollado el INDH en materias de su competencia, a través de sus funcionarios y funcionarias quienes, de manera profesional, comprometida y con estricto apego al marco internacional que rige el actuar de las instituciones nacionales de derechos humanos, hemos llevado a cabo.

Además, lamentamos que las declaraciones del director Micco puedan interpretarse como una criminalización de la protesta social, derecho ampliamente protegido por los tratados internacionales de derechos humanos, cuando caracteriza a los manifestantes como una «minoría estruendosa que ejerce violencia y que no le importa la vida propia ni la de los otros».

En momento en que Chile atraviesa una compleja crisis socio sanitaria, y a solo meses de ocurridas graves violaciones a los derechos humanos en el marco del actual proceso de movilización social, condenamos de igual modo los dichos de Sergio Micco, en relación a que “el derecho a la salud no significa nada si no hay personal de salud que literalmente está dispuesto a morir cumpliendo su deber”. Esta concepción particular de lo que constituiría una ejecución adecuada de la función pública, abarcando dimensiones escatológicas, altera el rol que legalmente corresponde a quien dirija el INDH: exigir al Estado garantías para que los profesionales de la salud puedan cumplir con su trabajo sin riesgos, reales ni potenciales, de perder su vida o ver afectada su salud en el contexto de la actual emergencia sanitaria.

Expresamos nuestra preocupación en lo que respecta a la participación del director Micco en un curso organizado por la Secretaría General de Gobierno. La autonomía del INDH es una de sus mayores fortalezas orgánicas, a la vez que uno de los atributos más frágiles de mantener indemne ante la opinión pública; por esta razón, resulta necesario que se aclaren los alcances de la participación del director Micco en esta iniciativa del Gobierno, aun cuando se ejecute a través del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y que en el futuro se tomen todas las providencias necesarias para salvaguardar la autonomía del INDH.

Las declaraciones y antecedentes se suman a un listado de comentarios, como que en Chile no existen violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, que dentro del INDH hay un sesgo político y, ahora, que no hay derechos sin deberes; comentarios que llegan en un contexto social complejo configurado por los hechos acaecidos en octubre de 2019, que han develado intolerables injusticias a las cuales está sometido cotidianamente el pueblo chileno y que han adquirido dimensiones más complejas a propósito de la emergencia sanitaria que estamos enfrentando.

De este modo, una vez más se erosiona la relación que las funcionarias y los funcionarios del INDH han establecido, mediante su trabajo, con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas de violaciones a los derechos humanos y, en general, con todas las personas que requieren de nuestro apoyo institucional.

Asociación de Funcionarias y Funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos